La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este miércoles a la exmilitante socialista y presunta fontanera del PSOE Leire Díez, según informan fuentes de la investigación a ABC. Junto a ella ha sido detenido también Vicente Fernández, quien fuera … presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre junio de 2018 y octubre de 2019, y que está considerado como uno de los hombres de confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La causa, que permanece secreta, está liderada por el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y las pesquisas indagan en presuntas irregularidades en contratos públicos. Los delitos que se les imputan a los dos detenidos, en un principio y según ha podido conocer este periódico, son los de falsedad documental, fraude, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación. De momento, y dado que la operación sigue abierta, ha trascendido que se han realizado diversos registros por parte de los agentes de la UCO

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico indican que, en principio, está previsto que ambos sean puestos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 el próximo viernes, momento en el que deberá resolver si les envía a prisión o si acuerda medidas cautelares menos lesivas, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de territorio nacional o las comparecencias periódicas ante el juzgado.

Hasta entonces, y siempre según las fuentes consultadas, tanto Leire Díez como Vicente Fernández se encuentran en estos momentos en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid), donde fueron trasladados tras ser detenidos. Previsiblemente pasarán allí dos noches hasta que sean trasladado el viernes ante Piña.

Las diligencias de investigación encomendadas a la UCO, y en concreto a la unidad que dirige el jefe de Delitos Económicos, Antonio Balas, han sido desarrolladas con gran hermetismo, y tras explotar la operación no se descartan nuevas detenciones.

Una empresa tecnológica

Fuentes de la investigación explican a ABC que las pesquisas podrían girar en torno a la etapa de Leire Díez en una empresa tecnológica y los contratos públicos que pudo haber obtenido. Se da la circunstancia de que la exmilitante socialista fue consejera de la sociedad Cistec Technology de octubre de 2021 a mayo del 2023.

También ha trascendido que Leire Díez preparó presuntamente un argumentario contra la empresa minera Emerita Resources, que fue la que impulsó el caso Aznalcóllar en el que fue investigado Fernández. De hecho, el expresidente de la SEPI tuvo que dimitir de ese cargo tras su imputación en esa causa, de la que hace tan solo cinco días se conoció la sentencia por la que se absolvía a todos los encausados.

Fernández está considerado como uno de los hombres de confianza de la actual vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero. Es más, el puesto de presidente de la SEPI estuvo vacante, con un líder provisional, durante más de dos años esperando el archivo de la causa en la que estaba investigado el ahora detenido por la UCO.

Se da la circunstancia de que este ex alto cargo pidió permiso al Estado para trabajar en Servinabar, la empresa que la UCO vincula a Santos Cerdán y que está en el epicentro de la investigación abierta en el Tribunal Supremo contra el que fuera número tres del PSOE y contra el exministro José Luis Ábalos por presuntos amaños de contratos de obra pública a cambio de comisiones ilegales. En la empresa navarra, Fernández tenía el puesto ed asesor externo y accedió en mayo de 2021.

Cabe recordar que la presunta fontanera del PSOE también está siendo investigada por delitos de tráfico de influencias y cohecho junto al empresario Javier Pérez Dolset en el marco de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para indagar en las reuniones que mantuvo Díez para tratar de recopilar información sensible que pudiera ser utilizadas contra mandos de la Guardia Civil y determinados fiscales, entre ellos el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Una de esas reuniones fue con el fiscal Ignacio Stampa, quien grabó subrepticiamente el encuentro. Ahí, la exmilitante socialista reveló que ella iba en nombre de Santos Cerdán.