La UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional se ha personado a las 8 de la mañana de este jueves la sede de Plus Ultra en Madrid, según han asegurado fuentes policiales a ABC. Esta actuación estaría relacionada con … un caso de blanqueo, según fuentes de la investigación, sobre el que pesa el secreto de sumario.
Hay que recordar que Plus Ultra es una compañía española que fue rescatada por el Gobierno y que ha sido señalada por sus vínculos con el régimen venezolano. ABC ya informó a principios de este año que Anticorrupción creía que el rescate público se utilizó para una trama de blanqueo, que operaba desde Mauricio.
No se trata de un registro sino que los agentes han accedido directamente a la área financiera de donde han obtenido datos fiscales de la compañía.
Se trata de una instrucción del juzgado número 15 de Plaza de Castilla en la que, según fuentes de la investigación, se están volcando los servidores. La aerolínea asegura que está colaborando con la Policía y que las operaciones de la compañía siguen realizándose con normalidad.
La aerolínea investigada recibió en 2021 un rescate de 53 millones de euros por parte de la SEPI, en una operación que estuvo envuelta en la polémica. Algunas informaciones señalaron entonces que fue la intervención directa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero la que al final permitió que se hiciese ese rescate.
Próximidad con el régimen de Maduro
La compañía, aunque española, está controlada por empresarios venezolanos próximos al régimen de Maduro. Fuentes de Plus Ultra explican que la aerolínea funciona con normalidad y que en todo momento se está colaborando con los agentes de la UDEF en facilitarles toda la información que demandan.
Es relevante que el juzgado que instruye estas diligencias es el mismo que en enero de 2023 archivó provisionalmente la causa que investigaba el rescate de 53 millones otorgado a la aerolínea Plus Ultra. «No aparece debidamente justificada la comisión de un delito», afirmó entonces la titular del juzgado, ya que según consideró entonces se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo. En este sentido, rechazó que el consejo gestor de la SEPI cometiera los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían los demandantes, que fueron Manos Limpias, Vox y el PP.