La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que el empresario Víctor de Aldama logró que el exministro José Luis Ábalos «influyera a favor de los intereses del empresario del sector de los hidrocarburos Claudio Rivas», y que esa influencia … fue canalizada a través del exasesor ministerial Koldo García, quien «tuvo contactos directos con distintos responsables ministeriales, entre ellos con el jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) Juan Ignacio Díaz Bidart y con el jefe de gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Marc Isaac Pons».
Así consta en un informe presentado por el Instituto Armado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga un fraude millonario del IVA en el sector de los hidrocarburos en el que ya constaban como imputados tanto el comisionista Víctor de Aldama como el empresario Claudio Rivas. La UCO sostiene en sus conclusiones que De Aldama también intermedió con el director general de la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) Manuel García Hernández.
Los investigadores recogen mensajes de wasap en los que se apunta a que «la organización criminal habría dispuesto de más de un millón de euros» para comprar la voluntad de los políticos, «tal y como le recalcó, el 10 de julio de 2021, Leonor María González Pano -investigada- a Natán González tras conocer que Ábalos había sido cesado»: «Se les ha dado mucho dinero (…) no se van a arriesgar (…) se les ha dado más de 1 kilo».
La UCO explica así que se ha podido constatar que Rivas a través de la instrumentalzación de la suministradora Have got Time «generó un presunto fraude millonario cuantificado en 49,2 millones de euros durante los años 2021 y 2022 a la Hacienda Pública que le permitió destinarlo, en parte, al pago de aproximadamente un millón de euros a comprar la voluntad del cargo público». De esta forma permeó «estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas».
Los agentes sostienen que entre septiembre de 2020 y diciembre de 2024, se realizaron por la trama acciones relativas a la obtención de la autorización administrativa que facultó a la mercantil Villafuel, controlada por la organizador criminal investigada, operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos.
«Se ha constatado que, para ello, Claudio Rivas, máximo dirigente de la organización criminal, interesó la intermediación de Víctor de Aldama con el propósito de obtener la influencia del ministro José Luis Ábalos y que incidiera en os órganos ministeriales correspondientes con el fin de agilizar la concesión de la autorización y soslayar el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ello, a cambio de una contraprestación económica», indica.
En definitiva, recuerdan los investigadores, la obtención de esa licencia constituyó “el elemento nuclear que posibilitó la operatividad de una estructura empresarial instrumental ideada para operar con efectividad en el mercado de los hidrocarburos mediante la ejecución de operativas defraudatorias”. De esa forma, la trama pudo engañar a Hacienda generando un fraude multimillonario en un corto espacio de tiempo” gracias a esas acciones que fueron “todas ellas coordinadas y dirigidas por Claudio Rivas”.