La fragilidad parlamentaria del Gobierno continúa agudizándose. Este jueves, horas después de que la Unidad Centra Operativa (UCO) llevara a cabo la detención de Antxón Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el Congreso de los Diputados ha vuelto ha rechazar la senda de estabilidad … propuesta por María Jesús Montero, ministra de Hacienda. La Cámara Baja ahonda, aún más, la crisis del Ejecutivo tras tumbar el paso previo a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.
En una ‘semana horribilis’ para el Gobierno en la que se ha conocido la sentencia a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado; se han revelado varias denuncias por acoso sexual en el PSOE, el Supremo ha confirmado que José Luis Ábalos y Koldo García irán a juicio y se ha detenido a la fontanera del PSOE Leire Díez, la ministra ha aprovechado la defensa de su proyecto para atacar, directamente, al Partido Popular y su rechazo a la senda de déficit. Las probabilidades de sacar adelante los objetivos de déficit eran mínimas o directamente inexistentes.
Montero ha provocado un ‘déjà vu’ generalizado en el hemiciclo. La ministra ha defendido las mismas propuestas que hace dos semanas, sin ninguna innovación: establecer una trayectoria de reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas que partiría del 2,1% en 2026, descendería al 1,8% en 2027 y se situaría en el 1,6% en 2028, y la fijación de un margen de déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas. Sin cambios o cesiones para los socios habituales o Junts, que anunció la ruptura total e «irreversible» con el Ejecutivo, la senda de déficit parecía muerta antes incluso de ser votada. Tanto era así que la primera fila de asientos del hemiciclo, reservada para los miembros del Gobierno, parecía desierta; María Jesús Montero estaba acompañada, simplemente, de Félix Bolaños, Pablo Bustunduy y Ángel Víctor Torres.
La ministra, en la defensa de su proyecto, ha afirmado que el Gobierno «está trabajando para presentar el proyecto de Presupuestos» para el país. Montero, conocedora de la dificultad de que se aprobara el proyecto, ha querido recordar, al igual que hace dos semanas, que estos objetivos se enmarcan en «un marco realista, prudente y capaz de sostener el empleo». Tras especificar las propuestas que ya compartió el 27 de noviembre, la titular de Hacienda ha comenzado un ataque directo a los populares por rechazar la senda de déficit. «Cuando el PP llegó al Gobierno en 2011 la deuda era un 70% del PIB, cuando se fue era el 100% del PIB, casi la ha duplicado. Del PP no podemos aprovechar ninguna lección sobre las cuentas públicas», ha criticado, añadiendo posteriormente que los Gobiernos populares «dejaron en niveles mínimo» el crecimiento de las pensiones o la inversión en vivienda pública. Una de las tesis más utilizadas por parte de Montero para justificar el crecimiento de la recaudación ha sido el aumento del salario mínimo. Según ha confirmado, con el PP las subidas en 7 años fueron del 3,7% y con Sánchez del 17%. Esto, sumado al «récord de cotizantes a la Seguridad Social» y el «empleo de calidad con salario más alto» ha provocado la recaudación.
Montero ha evitado atacar a Junts por su negativa a apoyar el proyecto, aunque ha atacado al PP y Vox por ello
Además de confrontar a los gobiernos populares, la ministra ha aprovechado la ocasión para incluir las alianzas entre los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. «¿En qué se gastan el dinero?», se ha preguntado Montero, respondiéndose a sí misma y catalogando de «chiringuitos» varios proyectos creados entre ambas formaciones en Baleares, Valencia, Huelva o Sevilla como oficinas antiokupación. La titular de Hacienda ha evitado la confrontación con Junts en todo momento.
Juan Bravo, diputado del PP, ha acusado a la ministra de centralizar su defensa en la crítica a su formación. Algo «lógico» para él ya que «no puede hablar de su trabajo porque es incapaz de aprobar presupuestos y porque todas las personas de su confianza están investigadas e imputadas». Bravo ha afeado que el Gobierno presente la misma senda de estabilidad, algo que en principio se salta «el procedimiento» y podría ser considerado un «fraude». Finalmente, ha afeado al Ejecutivo por centrarse en los «gestos» y no en la «gestión» y ha recordado a Montero que, cuando comience el periodo electoral en Andalucía, podrá contar a los ciudadanos que fue ella quien «despidió a 7700 profesionales sanitarios, cerró hospitales, escondió pacientes de las listas de espera, que estuvo en el Gobierno de los EREs, de Sánchez, y en el PSOE de Salazar».
Se aprueba el decreto ley para la inversión de superávit en ayuntamientos exigido por Junts
El Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del decreto ley por el que se aplaza la entrada en vigor del sistema Verifactu, por lo que se ha comprometido a revisar el uso que los ayuntamientos podrán hacer del superávit que generen. El decreto se ha salvado gracias a un acuerdo ‘in extremis’ con ERC.
El diputado de Junts, Josep Pagès i Massó, considera que este decreto respondía a necesidades de sectores muy perjudicados por «la dejadez» del Gobierno español: «Autónomos, pequeñas empresas, ayuntamientos son los principales afectados». Además, ha celebrado que en el decreto solo haya «temas de Junts per Cataluña».
Desde el Grupo Parlamentario Vox, Pablo Sáenz ha enumerado los datos que reflejan la debilidad económica del Ejecutivo: la pérdida del poder adquisitivo, la gran tasa de pobreza o el creciente paro juvenil. Todo ello provocado por un «Gobierno irresponsable que no ha aprovechado los incrementos en la recaudación tributaria para lograr un superávit». Sáenz ha repetido en más de cinco ocasiones que iban a votar «no» porque saben que el «único objetivo de este Gobierno es mantenerse en el poder». La derecha independentista catalana, representada por Josep Maria Cruset de Junts, ha reivindicado, de nuevo, su ‘no’ al proyecto. Un rechazo doloroso, pero esperado en el Gobierno. «No vamos a entrar en las mentiras y en las medias verdades con las que usted apoya sus intervenciones», ha achacado el neoconvergente en una corta comparecencia.
Podemos, exsocio de Gobierno, ha vuelto a abstenerse en la votación. Ione Belarra, en su comparecencia, ha lamentado que se utilicen los Presupuesto prorrogados para el «mayor rearme de la historia del país» y ha tildado de «multirreincidentes» a los líderes históricos del PP, como José María Aznar o Mariano Rajoy; al PSOE por «elegir a Ábalos, Cerdán y Salazar», a Vox y sus «cachorritos» de Revuelta y al «clan Pujol» de Junts. Àgueda Micó, en el Grupo mixto representando a Compromís, ha anunciado su abstención de nuevo tras no conseguir un «trato justo para los valencianos y valencianas».
Varios socios habituales del Gobierno han mostrado sus dudas a la senda de déficit
Críticas entre los apoyos
Los grupos parlamentarios que han apoyado la senda de déficit del Ministerio de Hacienda también han criticado varias de las medidas presentadas. Desde ERC, Teresa Jordà ha exigido, de nuevo, más poder para Cataluña con el objetivo de alcanzar «una vida digna y prosperidad económica» y «reglas fiscales». «Si tuviéramos los recursos que generamos no estaríamos debatiendo de déficits, estaríamos construyendo el país que merecen nuestros ciudadanos», ha sentenciado. Oskar Matute, de EH Bildu, ha vaticinado en su turno de palabra que no «iba a haber sorpresas» en la votación. Aunque ha anunciado su apoyo a la senda de estabilidad, ha solicitado más carga impositiva porque la «redistribución de la riqueza no se cumple» y la «brecha es cada vez mayor». Finalmente, Nestor Rego, el único diputado de BNG, ha reconocido que seguirán apoyando al Ejecutivo de Pedro Sánchez porque aún se deben cumplir los acuerdos de investidura pactados.
A pesar del nuevo varapalo al Gobierno, Montero ha anunciado que su intención de presentar unos Presupuestos Generales del Estado para el año 2025 continúa intacta. Estos deberán elaborarse con la senda de déficit remitida a la Comisión Europea en 2023, una «mucho más restrictiva» según el Gobierno y sus socios.