El rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra concedido por el Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2021 estuvo rodeado, desde el primer momento, por la sombra de la sospecha. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid tuvo … que archivar en enero de 2023, por cuestiones formales, la investigación que había abierto sobre ese asunto a raíz de una denuncia de Manos Limpias, Partido Popular y Vox. Pero ahora, casi tres años después, ha retomado el asunto y ayer ordenó la detención del presidente y del consejero delegado de la compañía, Julio Martínez y Roberto Roselli, respectivamente; clonar los servidores de su sede y practicar varios registros, entre ellos de los domicilios de los dos arrestados. Todo ello tras meses de pesquisas, que incluyeron vigilancias a los sospechosos. La magistrada sospecha que parte de esos fondos sirvieron para lavar dinero de la corrupción venezolana, según las fuentes consultadas por ABC.
El 21 de octubre de 2024 la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia, en ese momento en la Audiencia Nacional, derivada de sendas solicitudes de cooperación internacional procedentes de la Parquet National Financier francesa y de la Fiscalía de Ginebra. Las autoridades galas pedían la entrada y registro en domicilios de Madrid, Pozuelo (en la misma comunidad) y Tenerife, mientras que los suizos añadían un domicilio más, en este caso en Mallorca, dentro de las investigaciones que realizaban sobre una red de blanqueo de dinero que tenía como origen delitos de corrupción en Venezuela. Todas esas direcciones estaban vinculadas a personas que dirigían o colaboraban en la trama y los registros fueron autorizados por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
En su denuncia, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, Anticorrupción se centraba en una «organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, constituida presuntamente por personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español». La trama estaría dedicada a «la realización de actos de blanqueo en los tres países citados y siendo los fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios en Venezuela de muy alta cuantía«. En concreto, esos fondos blanqueados procederían de programas de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), y ventas de oro del Banco de Venezuela.
La compañía aérea Plus Ultra, según sospecha Anticorrupción, habría hecho un uso indebido de las ayudas públicas españolas, en concreto de parte de los 53 millones de euros del rescate, al figurar esa sociedad como «firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal«.
Varios de los implicados, en ocasiones a través de sociedades mercantiles, recibieron cantidades de dinero procedentes del extranjero para adquirir inmuebles, así como la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra que fueron íntegramente reembolsados.
En la denuncia de Anticorrupción, además, se hacía referencia a la «venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los citados préstamos; a la remisión por parte de la misma sociedad a otra empresa en una cuenta en Panamá; que algunos de los clientes de esta red supuestamente dedicada al blanqueo de capitales tiene antecedentes policiales y/o judiciales en nuestro país, y que para la actividad de blanqueo se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo«.
Un antes y un después
El rescate a la aerolínea Plus Ultra supuso un antes y un después para el Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (Fasee), un mecanismo de 10.000 millones de euros a cargo de la SEPI que el Gobierno activó en pandemia para salvar de la quiebra a las grandes compañías cuyo negocio se había visto derrumbado por la irrupción de la crisis sanitaria. Salvar a Plus Ultra, una aerolínea con dos aviones y sin ningún peso para la aviación comercial española, costó al Estado esos 53 millones de euros, lo que junto a unos supuestos lazos con empresarios cercanos al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, y la presunta mediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, levantó tal polvareda política que frenó durante meses la concesión de nuevos rescates.
El año anterior a ser rescatada, Plus Ultra solo tenía una cuota de mercado del 0,1% en la aviación comercial española y unas pérdidas multimillonarias. Pidió auxilio al fondo de la SEPI porque ningún banco quiso prestarle dinero durante la pandemia, ni siquiera contando con el aval público del Instituto de Crédito Oficial (ICO). El rescate se justificó por la «condición estratégica» del transporte aéreo en España como contribuidor del turismo, «uno de los motores económicos de España». El Gobierno apuntó también que Plus Ultra era «una aerolínea de nicho» que opera vuelos de larga distancia a países de Latinoamérica, y en especial a Ecuador, Perú y Venezuela.