Isabel Díaz Ayuso ha plantado cara a Televisión Española y ha presentado una demanda contra el programa ‘Mañaneros’, tras negarse a rectificar una información relacionada con el Colegio de Abogados de Madrid, que la Comunidad consideró «tendenciosa y no ajusta a … la verdad». En el programa se vinculaba una subvención del Gobierno autonómico al Colegio de Abogados con su papel como acusación en el juicio contra el anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
«Exigimos la inmediata rectificación de la información publicada por su medio de comunicación por tendenciosa y por no ajustarse a la verdad, reservándonos el derecho a emprender las acciones que pudieran correspondernos en defensa de la institución de la Comunidad de Madrid», advirtió el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, en una carta que envió al director de ‘Mañaneros’ a primeros de este mes. Al no producirse la rectificación, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha cumplido su advertencia y ha presentado una demanda.
«En relación con la información emitida hoy en su programa relativa al abono de una subvención al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en el contexto de la denuncia, juicio y condena al fiscal general del Estado, paso a realizarles las siguientes consideraciones», señaló el consejero en su carta. «La Comunidad de Madrid cumple la obligación legal reflejada en el artículo 119 de la Constitución Español del derecho a la asistencia jurídica gratuita. La propia Ley que regula este mandato constitucional recoge que son las comunidades autónomas quienes asumen en el ejercicio de sus competencias la financiación de este servicio y corresponde a los colegios profesionales de la Abogacía y Procura su organización y prestación».
El consejero recuerda que el servicio de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio «se viene prestando y abonando a los colegios profesionales, entre ellos el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, desde que la Comunidad de Madrid asumió en 2003 las competencias en materia de Justicia».
Con anterioridad, añade el consejero, el abono lo realizaba el propio Ministerio de Justicia, que mantiene una asignación de más de 48 millones con el Consejo General de la Abogacía Española para sufragar los gastos de la prestación de dichos servicios en territorio Ministerio (Castilla y León, Castilla–La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla).
El número dos de Ayuso en el Gobierno regional madrileño advierte de que «cualquier intento de vincular el abono de los servicios de asistencia jurídica gratuita a los profesionales de la abogacía y la procura con otro tipo de circunstancia responde sólo a un deseo de desinformar y confundir a los ciudadanos, intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid y al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y tratar de justificar la actuación del fiscal general del Estado, condenado por saltarse la ley».
En relación con el centro universitario del ICAM adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, el consejero explica que su tramitación se inició en el año 2023 y ha cumplido «escrupulosamente la normativa vigente».
«La propuesta cuenta con todos los informes favorables y el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades le ha concedido ya el código de centro necesario para que pueda ser incorporado a las memorias de los títulos como centro de impartición de enseñanzas superiores adscrito a la UCM».