Los cuatro activistas que saltaron al recorrido de la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, celebrada el pasado 11 de septiembre en Valladolid, aseguraron hoy ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 que en “ningún momento” pusieron en riesgo la integridad física y, “mucho menos”, la salud de los corredores.
Diario de Valladolid | El Mundo
Con motivo de la citación ante los juzgados de las cuatro personas para declarar por los desórdenes públicas, dos ellas que fueron detenidas ese día y otras dos identificadas por la Policía Nacional, uno de los portavoces, Jorge Lebrero, aseguró que el objetivo de su protesta no eran los deportistas sino denunciar la participación de un equipo israelí en la prueba ciclista, en el marco del genocidio que se perpetraba en Gaza por el Ejército y el Gobierno sionista. “Hemos explicado a la jueza que salimos al recorrido una vez que había pasado un ciclista, por lo que hubo tiempo suficiente para que los agentes no desalojaran de la carretera e, incluso, para que pudiera frenar el siguiente participante”, apuntó a la Agencia Ical. “Hicimos algo necesario para frenar algo bárbaro que tenía lugar en Gaza”, añadió.
Tras recordar que los cuatro citados tienen una larga trayectoria activista en la ciudad, Lebrero aseguró que el acto de desobediencia civil en el que participaron tuvo unas consecuencias “claras” como fue la cancelación de la última etapa por las protestas propalestinas que bloquearon el recorrido en el centro de Madrid, lo que frustró el tradicional circuito final y la ceremonia de la entrega de premios, y, sobre todo, la posterior disolución del equipo ciclista. Por último, insistieron que no se cometió ningún supuesto delito de resistencia, por que fueron desalojados por los policías sin mostrar oposición.
Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, dejó claro que las detenciones y las identificaciones de las personas que interrumpieron la Vuelta Ciclista en la capital corrieron a cargo de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que es la encargada, a su vez, de remitirlo al Juzgado. “Parece que este grupo de activistas tiene un ánimo de confrontar con la Subdelegación. Nada más lejos de la realidad por que se sabe muy bien cuál es la postura del Gobierno de España con el tema de Palestina”, aseveró.
Canales añadió que no tienen “nada” contra estas personas pero aseguró que es necesario mantener el orden público, que corresponde a la Policía. En este sentido, recordó a Ical que el derecho de la manifestación debía ser conjugado con la realización de la prueba ciclista en “condiciones óptimas”.