La citación a declarar de los cuatro activistas acusados de un delito de desobediencia por saltar al recorrido de la Vuelta en Valladolid del pasado … 11 de septiembre ha convertido esta mañana los juzgados de la calle Angustias en escenario de una nueva protesta por Palestina, con el añadido de que las personas que estaban allí congregadas, con kufiyas, banderas y una gran pancarta en la que podía leerse «Basta ya de represión al movimiento popular», lo hacían también en apoyo a los compañeros que «pusieron el cuerpo» el día de una acción que, tal y como han reconocido ante la jueza, según han declarado posteriormente ante los medios, fue «planificada y organizada» pero también «pacífica», pues han defendido que se llevó a cabo en «una recta de máxima visibilidad para los corredores» y que no pusieron en riesgo «la integridad ni la seguridad de nadie».
«Hemos declarado que somos las personas que entramos al recorrido para intentar dificultar la presencia del equipo ciclista Israel Premier Tech en este evento en el que nunca deberían haber participado. Es lo que debíamos hacer desde un punto de vista moral y ético. Estamos orgullosos y con la cabeza bien alta», ha explicado Jorge Lebrero, uno de los investigados, que se ha erigido como principal portavoz de los cuatro acusados por el Ministerio Fiscal, inicialmente, por un delito de desobediencia, aunque no descartan que sean más, por lo que podrían enfrentarse, estiman, a una petición de «años de cárcel y sanciones económicas importantes». Pese a las posibles consecuencias penales, han celebrado que se les acuse de algo «de lo que están satisfechos» a la vista del resultado, con la interrupción de la final en Madrid y la desaparición de este equipo tras su venta a un fondo, según han explicado.
En la vista de este jueves, que ha sido «rápida» -las cuatro testificales han durado media hora- y «correcta» con respecto al trato de la jueza, la titular de Instrucción 3 les ha preguntado por su relación con Valladolid y si se conocían entre sí. «Somos vallisoletanos, trabajamos en Valladolid, vivimos en Valladolid. No hemos tenido que venir de fuera. Tenemos una larga trayectoria vital y también como activistas en la ciudad y, efectivamente, nos conocemos del activismo», ha detallado, en alusión también a las declaraciones de Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid, que han recordado como días antes del evento advertía de importantes sanciones económicas a quien entrara en el recorrido, con arreglo a la ley de seguridad en el deporte y apuntaba a la posibilidad de que vinieran grupos radicales de fuera de la provincia.
Unas palabras que fueron interpretadas por el movimiento como un intento de «amedrentar» para desalentar las protestas. «En esta ciudad y en Castilla somos lo suficientemente coherentes como para llevar esa línea de acción, de, si queremos protestar, no hacerlo por nuestros propios medios. No tiene que venir nadie de otras latitudes a hacerlo», ha criticado, recordando que, además de la causa penal a la que se enfrentan por la querella del Ministerio Fiscal, que han recalcado, «también depende del Gobierno», desde la Policía se propuso para sanción a decenas de manifestantes. Por lo tanto, no descartan la llegada de «posibles sanciones económicas» administrativas desde Subdelegación, con independencia de la vía judicial que ha abierto contra ellos el Ministerio Fiscal.
22 posibles sanciones
Algo que además también ha confirmado el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, que ha detallado que durante el evento ciclista la Policía, que «tiene una entidad e identidad propia» al igual cada uno de sus agentes «potestad» para proponer sanciones «sin seguir instrucciones de ningún superior», levantó 28 actas. De estas 22 han llegado a la subdelegación del Gobierno para ser tramitadas, tras pasar el filtro de la oficina nacional de denuncias y de la comisión antiviolencia en el deporte, sin que por el momento sea ninguna firme.
Entre estos expedientes administrativos, que se están tramitando, está el de los cuatro acusados, que está paralizado a la espera de que resuelva la vía judicial de la que se desmarcan. «La subdelegación del Gobierno no les ha denunciado ante la vía penal, es la Policía. Ni identifica, ni denuncia ni podría oponerse a ello», ha aclarado Canales, que sobre la polémica por sus advertencias en los días previos a la Vuelta, ha rechazado que existiera ninguna intención de amedrentar, sino de «informar» a aquella gente que no está familiarizada con el activismo y podría desconocer «la magnitud que tienen las infracciones de la ley del deporte». Además, Canales ha confirmado que la información sobre posibles grupos violentos venidos de fuera de Valladolid que manejaba la Policía, se confirmó con posterioridad pues «una parte importante» de los identificados para multa «tienen su domicilio fuera de Valladolid y de Castilla y León».
También ha «insistido» la magistrada, aseguran, en preguntarles si ofrecieron resistencia a la autoridad cuando los sacaron del recorrido, lo que los lleva a pensar que este podría ser un segundo delito a imputar cuando se conozca la calificación de los hechos para elevar la causa a un juicio que dan por hecho. «No hubo posibilidad. En comisaría dijeron los agentes que ellos no veían que hubiera resistencia por ninguna parte, pero parece que han cambiado de parecer», han defendido, tildando la actuación policial para sacarlos del recorrido de desproporcionada. «Salimos al recorrido con unas banderas palestinas, recibimos empujones y nos lanzaron contra las vallas», ha relatado. Por estos hechos, pusieron una denuncia que a las pocas semanas fue archivada.
De izquierda a derecha, José Javier Lázaro, Juan Carlos Gómez, Eva Valentín Minayo y Jorge Lebrero.
Carlos Espeso
Quiénes son los cuatro activistas investigados por desobediencia
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Jorge Lebrero: Doctor en Historia por la UVA. Tiene una amplia trayectoria como activista, vinculado al movimiento estudiantil y al movimiento contra la guerra. Participó en el Centro Social La Molinera.
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José Javier Lázaro: Agricultor de profesión, ha formado parte de las luchas contra la instalación de macroproyectos energéticos en el medio rural castellano. Participó en la defensa del proyecto del Centro Social La Molinera
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Eva Valentín Minayo: Hija de Conchi Minayo, referente del movimiento feminista en Valladolid y la primera mujer que interpuso una denuncia pública y judicial por malos tratos en la ciudad, ambas han estado vinculadas a la lucha por los derechos de las mujeres. En el 1999 fue víctima de una agresión por parte de un Policía mientras colocaba junto a la sede del PP carteles contra los Bombardeos de la Otan en Belgrado. Como consecuencia de ese ataque sufrió lesiones graves en la retina y el agente que le propinió los golpes, condenado en primera instancia, fue absuelto en la Audiencia Provincial:
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Juan Carlos Gómez: Miembro de una familia represaliada por el franquismo y con un dilatado recorrido como militante. A finales de los 90 participó activamente en campañas para la retirada de nomenclatura franquista en el callejero de ciudades y pueblos. Causa por la que fue juzgado y posteriormente absuelto por la Audiencia de Palencia. En 1984 asumió la portavocía de la asamblea que trató de impedir el paso de los tanques por el Paseo de Zorrilla Durante la celebración de las Fuerzas Armadas, dañando las medianas. Participó también en el Movimiento de Objeción de Conciencia que finalmente consiguió que se derogara la mili obligatoria.