La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), brazo inversor del Estado dependiente del Ministerio de Hacienda, ha pedido tiempo al resto de accionistas de Indra y a sus representantes en el consejo antes de dar el sí definitivo a la operación de compra de la … empresa familiar del presidente, Ángel Escribano. Según ha podido saber ABC de fuentes próximas al máximo órgano de gobierno de la firma, el organismo público –máximo accionista de Indra con el 28% del capital– quiere tomar la decisión adecuada tanto sobre el precio de compra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como del momento preciso y para ello les ha trasladado la necesidad de conocer las cuentas de 2025 de ambas compañías. Según las mismas fuentes tras la petición de la SEPI, a priori, la operación quedaría aplazada hasta mínimo finales del primer trimestre de 2026, tal y como había avanzado ya este periódico.
En cualquier caso, lo que tiene ya el organismo público es el compromiso del presidente de Indra y de su hermano, Javier Escribano -presidente del grupo familiar- que, de llevarse a cabo la fusión, nunca tendrían entre ambos más participación en Indra de la que tiene ahora el Estado. Y si la valoración superase los 1.500 millones de euros, que les reportase una participación superior a ese 28%, estarían por la labor de vender un paquete de acciones tal que les situara como máximo en el entorno del 25%, lo que les permitiría financiar la pequeña deuda de su empresa familiar.
La SEPI está representada en el consejo de Indra con tres dominicales: el exministro socialista Miguel Sebastián, Antonio Cuevas, exdiputado del PSOE por Sevilla de 1986 a 2011 y Juan Moscoso del Prado, exdiputado socialista por Navarra entre 2004 y 2016.
No obstante, el evidente conflicto de interés que entraña la integración de la empresa del presidente de Indra con un 14% en la multinacional española -por lo que ambos hermanos Escribano se inhibieron de estar presentes en las negociaciones para la potencial fusión que sí lidera el consejero delegado, José Vicente de los Mozos-, llevó a la propia cúpula directiva de la compañía de Defensa y Seguridad a crear una comisión ‘ad hoc’ que analizara una operación valorada entre 1.000 y 2.000 millones de euros.
El informe de la comisión ‘ad hoc’ relativo al encaje estratégico ha sido elaborado a la vista del análisis realizado por el equipo directivo de Indra y tras considerar las aportaciones y conclusiones de los asesores externos de la compañía, Renaissance Strategic Advisors y Oliver Wyman.
Precisamente, ayer mismo, los consejeros de Indra -reunidos para analizar el avance de la potencial adquisición de EM&E-, comunicaron a la CNMV que «sin la asistencia de los señores consejeros afectados por conflicto de interés, a la luz de los informes del equipo directivo, de la comisión ‘ad hoc’ y de los asesores independientes contratados al respecto relativos al encaje estratégico de una potencial operación entre Indra y EM&E se ha acordado por unanimidad que dicha potencial operación es coherente con la estrategia de Indra».
No obstante, en dicho comunicado al organismo supervisor, la compañía aclaraba que «este acuerdo no supone ni anticipa la aprobación de ninguna operación. Tampoco condiciona ninguna clase de fórmula que se pudiese llegar a adoptar ni ninguno de sus términos económicos, que aún no han sido valorados por el consejo de administración» y que «tras este acuerdo, la compañía y sus respectivos equipos y órganos sociales continuarán con el análisis del resto de aspectos relevantes de la potencial operación».
Sinergias lógicas
Dicha operación, según los expertos del sector consultados, busca dotar a la cotizada de músculo industria, que ya fabrica y desarrolla soluciones innovadoras en defensa y seguridad en radares y sistemas electrónicos, si bien sus capacidades en vehículos terrestre son limitadas. Escribano, por su parte, está especializada en torretas de armamento para vehículos de combate y sería el compañero de viaje perfecto.
Los Escribano confían en que la operación va a salir aunque se posponga más allá del último consejo del año, cuando en principio estaba previsto dar el visto bueno. De hecho, De los Mozos aseguró recientemente que se hará «en los tiempos necesarios para que nadie dude que es buena para los accionistas«. Mientras, en la misma línea, Joseph Oughourlian -con el 7,24% de Indra a través de su fondo Amber Capital- afirmó que debía haberse hecho «hace mucho tiempo».