La Audiencia Nacional ha dejado este sábado en libertad a la exmilitante socialista Leire Díez, con la aplicación de medidas cautelares (retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias cada 15 días), según detallan fuentes jurídicas, que precisan que se ha tomado la misma decisión sobre Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales); y para el empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Díez, Fernández y Alonso han comparecido esta mañana ante el magistrado Antonio Piña, responsable del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, después de que fueran detenidos el miércoles por su presunta implicación en una nueva trama de corrupción. Las pesquisas, que se mantienen bajo secreto de sumario, se centran en delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Al no pedir la Fiscalía Anticorrupción la entrada en prisión y al no haber más partes personadas, ya que la causa está secreta, el magistrado no podía decretar su encarcelamiento, según fuentes jurídicas. El juez Piña ha decretado las medidas cautelares que le había pedido el ministerio público. Sobre las 13.40, Leire Díez ha abandonado la Audiencia Nacional por su propio pie, cubriéndose el rostro con una capucha, y se ha marchado en taxi del lugar.

Piña ha asumido la dirección de esta investigación relacionada con contrataciones públicas, sobre la que ya llevaba tiempo trabajando la Fiscalía. El magistrado previó que los tres detenidos fueran puestos a su disposición a partir de las 10.00 de este sábado. La Guardia Civil, que los mantenía bajo custodia desde el miércoles, los ha trasladado a primera hora de esta mañana a la Audiencia Nacional, adonde han llegado a las 08.30. Según fuentes jurídicas, Díez y Alonso se han acogido a su derecho a no declarar. Fernández Guerrero sí ha respondido preguntas y ha negado irregularidades, según estas fuentes.

Al encontrarse bajo secreto, los detalles de este nuevo sumario se conocen a cuentagotas. Según detallan fuentes cercanas a la investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado cree que los sospechosos forman parte de una presunta trama de corrupción que comenzó a operar al poco de llegar el PSOE a La Moncloa tras la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy (PP), a mediados de 2018. Entonces, Fernández asumió el mando de la SEPI y Díez fue nombrada responsable de Comunicación de Enusa, la empresa pública de uranio, que estaba presidida por un dirigente del entorno de José Luis Ábalos, José Vicente Berlanga, al que también se mantiene bajo sospecha.

Según fuentes jurídicas, el instituto armado tiene bajo la lupa cantidades facturadas que, según los agentes, correspondería con presuntas comisiones. Este sábado, a Fernández, Guerrero le han preguntado por contratos y por Servinabar, para la que también trabajó como asesor externo.

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Fuentes jurídicas detallaron el jueves que se habían practicado ya 19 registros en varias provincias de España. Entre otros puntos, la UCO acudió a un piso de la madrileña calle Diego de León, donde Díez mantenía reuniones con empresarios; a un despacho de abogados de Sevilla; y a la sede de Servinabar. Los agentes también se personaron en las oficinas de Forestalia, una compañía de renovables. Y la Guardia Civil se trasladó para recopilar información a dependencias de, entre otras instituciones, la propia SEPI; Enusa; Correos (donde Díez fue directora de Filatelia y Relaciones Institucionales tras su paso por Enusa); la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides); y la Dirección General de Política Energética y Minas, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica.