Las autoridades francesas y suizas desvelan que algunos de los implicados en el caso Plus Ultra, que instruye en secreto por los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, están siendo investigados por el supuesto blanqueo «a gran escala» de importantes sumas de dinero «de personas sujetas a sanciones internacionales», según especifican documentos del Ministerio Público de Suiza, que centran su atención en el supuesto lavado de dinero de «fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela».
En la denuncia que interpuso la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional, que acabó en el juzgado de Collazos se indicaba que los 53 millones que recibieron los directivos de Plus Ultra con el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se usaron para devolver unos préstamos a una empresa radicada Suiza. Y con esta operativa se habrían llevado a cabo operaciones de blanqueo de «fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)», especifica un auto de la Audiencia Nacional.
Archivo – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro / Europa Press/Contacto/Marcos Salgado – Archivo
El Ministerio Fiscal español también hace referencia en su denuncia a que la empresa que concedió los préstamos a Plus Ultra también vendió oro, por un importe de unos 30 millones de euros, a una mercantil de Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, transfirió importantes cantidades de dinero a Panamá.
«Sanciones internacionales»
La actuación de la justicia española se produjo después de que la Fiscalía francesa solicitara la ayuda de las autoridades españolas por una investigación penal por tráfico de información privilegiada y blanqueo de capitales. El Ministerio Público francés inició las pesquisas tras recibir un informe, el 18 de diciembre de 2023, de la Autoridad de Mercados Financieros (AMF), el organismo equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española. Este documento desvelaba que el empresario peruano Luis Felipe Baca Arbulu, en colaboración con otras personas, organizaron «flujos financieros sustanciales, sin ninguna justificación económica, entre empresas ubicadas en el extranjero y gestionadas por testaferros, algunos de los cuales beneficiaron a personas sujetas a sanciones internacionales«, indica una resolución de la Justicia suiza a la que ha tenido acceso este periódico.
Efectivos de la Policía Nacional durante un registro en la sede de la aerolínea Plus Ultra / Alberto Ortega – Europa Press
Precisamente, Luis Felipe Baca Arbulu es uno de los querellados por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Plus Ultra, en el que también están el hermano del anterior, Enrique Martín Baca Arbulu, Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Danilo Alfonso Diazgranados (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Países Bajos), Kristhian Alegre Walter (Perú) y un abogado español.
En el caso de Francia, los denunciados también estarían implicados en transacciones de acciones de compañías francesas «en torno a anuncios importantes, lo que les permitió obtener ganancias significativas, lo que sugiere que podrían haber tenido acceso regular a información privilegiada«. Baca Arbulu se habría valido de «un intermediario financiero con sede en Isla Mauricio para ocultar sus actividades. En 2020 constituyeron una empresa en Mauricio que ofrecía amplios servicios de gestión patrimonial, transferencias y pagos», según adelantó ABC.
Sospechas confirmadas
Las pruebas obtenidas durante el registro de las instalaciones de las empresas de Baca Arbulu confirmaron las sospechas relacionadas con el presunto tráfico de información privilegiada y blanqueo de capitales, concluyen los documentos aludidos.
Por su parte, la investigación desarrollada en Suiza ha determinado que la trama se encargó de transferir importantes cantidades de dinero, «incluso a través de empresas ubicadas en varios países, gestionadas, en particular, por testaferros. Algunas de estas transferencias beneficiaron a personas de diversas nacionalidades (en particular, sudamericanas) y tenían como objetivo invertir grandes sumas en diversas clases de activos, con mucho cuidado por mantener el secreto, en condiciones que sugerían que estos fondos podrían tener un origen ilícito», completa la Fiscalía helvética.
Los denunciados también habrían tratado de «obstaculizar el origen, el descubrimiento y la confiscación de activos resultantes de operaciones bursátiles particularmente lucrativas que podrían constituir tráfico de información privilegiada cometido en el extranjero«.
Julio Martínez, dueño de la línea aérea española Plus Ultra. / EFE
El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, en funciones de guardia, decretó el pasado sábado la libertad de los detenidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en el caso Plus Ultra: el presidente, cofundador y actual dueño de la compañía, Julio Martínez Sola, su ‘número dos’, el consejero delegado-director general, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez.
Comparecencia de Zapatero
Por otra parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció este jueves que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del ‘caso Koldo’ citará al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su encuentro con el empresario Julio Martínez Martínez, uno de los cuatro detenidos por la UDEF.
Fuentes del caso explican a esta redacción que la jueza Collazos no solo estaría analizando el presunto blanqueo denunciado por Anticorrupción, sino que existen otras líneas de investigación. Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, en prisión provisional desde el 27 de noviembre, ha denunciado las supuestas presiones ejercidas por el expresidente Zapatero para que se llevara a cabo el rescate de la aerolínea. En declaraciones a este periódico, aseguró incluso que su padre no conoció hasta que llegó al Consejo de Ministros un asunto que dependía de su ministerio: otorgar a Plus Ultra la condición de empresa estratégica, que era un requisito sin el que no podía recibir la ayuda de la SEPI.
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