Estados Unidos ha dado un paso poco habitual y de graves consecuencias en su relación con España al situar formalmente bajo escrutinio la política portuaria del Gobierno de Pedro Sánchez. La Comisión Federal Marítima (FMC), el regulador federal del transporte marítimo internacional en Washington, … concluye en una actualización oficial de su investigación que España ha aplicado y mantiene una política de denegación de acceso a sus puertos que ha afectado directamente a buques estadounidenses, creando lo que describe como «condiciones generales o especiales desfavorables» para el comercio exterior de EE.UU. El lenguaje empleado no es retórico ni político, sino el umbral jurídico previo a sanciones.
El origen del expediente se sitúa en una serie de decisiones adoptadas por las autoridades españolas a partir de 2024, cuando varios buques fueron rechazados en puertos españoles por transportar carga con origen o destino Israel. La Comisión da por confirmado que en noviembre de ese año al menos tres barcos de bandera estadounidense fueron directamente excluidos del puerto de Algeciras y subraya que «la política detrás de esas denegaciones permanece en vigor». Ese punto es clave, ya que para Washington no se trata de incidentes puntuales, sino de una línea de actuación sostenida y amparada por el Gobierno.
La FMC no entra a valorar la posición política de España sobre el conflicto en Oriente Próximo ni discute la legitimidad de las decisiones diplomáticas del Gobierno español. El enfoque es estrictamente comercial y regulatorio. El problema, según el documento, es que «las leyes, regulaciones o prácticas adoptadas, seguidas o aplicadas por España» estarían interfiriendo con el normal funcionamiento del comercio marítimo internacional en el que participan empresas y buques estadounidenses. El efecto, advierte, es la creación de un entorno de inseguridad y discriminación incompatible con las normas que rigen el transporte marítimo global. En el plazo de alegaciones, el gobierno español dijo por medio de su embajada en Washington que esta investigación alteraba su derecho a establecer sus relaciones diplomáticas.
El texto insiste en que el foco del expediente «no es Israel como tal», sino el impacto de esas restricciones en «las condiciones del transporte marítimo en el comercio exterior de Estados Unidos». Es una distinción deliberada. La Comisión evita cualquier lectura ideológica y sitúa el caso en el terreno de la competencia, la neutralidad portuaria y la fiabilidad del sistema logístico entre dos aliados trasatlánticos. En términos prácticos, lo que cuestiona la FMC es que un gobierno extranjero utilice el acceso a sus puertos como instrumento político de forma que perjudique de manera selectiva a determinados operadores y banderas.
Una investigación de posibles consecuencias judiciales
A partir de esos hallazgos preliminares, la Comisión abre formalmente una nueva fase del procedimiento, como mandan sus normas. Lo hace mediante un llamamiento público a navieras, cargadores, operadores portuarios y otros actores del sector para que aporten información adicional. Quiere saber cómo se está aplicando en la práctica «la política actual de España de negar o rechazar el acceso portuario a determinados buques», qué mecanismos se utilizan para hacerla cumplir, si existen excepciones o vías alternativas y cuál ha sido el impacto real en rutas, escalas, desvíos, costes y planificación logística.
Este proceso se canaliza a través del boletín federal y abre un plazo de 60 días, a partir del 22 de diciembre de 2025, para presentar comentarios y alegaciones. No es un trámite menor. En el sistema estadounidense, este tipo de consultas públicas forman parte del expediente probatorio y sirven para justificar, llegado el caso, la adopción de medidas coercitivas. La Comisión deja claro que no se trata de una mera recopilación de opiniones, sino de la construcción de un registro factual que permita evaluar «qué acciones correctivas pueden ser apropiadas».
Aquí entra en juego el núcleo más delicado del documento. La FMC recuerda que, una vez constatadas prácticas de un gobierno extranjero que generan condiciones desfavorables para el comercio marítimo de EE.UU., la ley le obliga a considerar compensaciones. No es una potestad discrecional, sino un mandato legal. Y el abanico de opciones que enumera es amplio y potencialmente muy costoso para España.
Graves consecuencias
Entre las medidas posibles figuran «limitaciones sobre la carga», lo que podría traducirse en restricciones a determinados tráficos vinculados a España; la «negativa de entrada a buques que operen bajo bandera española» en puertos estadounidenses; y la imposición de sanciones económicas directas. En este último punto, el texto es explícito: se contemplan multas «de hasta el límite actual ajustado por inflación, 2.304.629 dólares por viaje», aplicables a buques de bandera española.
El impacto de una sanción de ese calibre va mucho más allá de la cifra. Multas de ese nivel, aplicadas por viaje, alteran de forma inmediata la viabilidad económica de las rutas, encarecen seguros, obligan a rediseñar escalas y pueden expulsar a operadores del mercado estadounidense. La posibilidad de negar el acceso a puertos de EE.UU. a buques españoles añade un elemento aún más disruptivo, con consecuencias directas para navieras, puertos, consignatarios y cadenas de suministro.
La Comisión es cuidadosa al subrayar que «no se ha tomado ninguna determinación final» y que evaluará «todas las pruebas y consideraciones apropiadas» antes de decidir. Pero el tono general del documento deja claro que el umbral de preocupación ya se ha superado. Estados Unidos no está lanzando una advertencia informal, sino activando un mecanismo regulatorio diseñado precisamente para este tipo de conflictos.
Estados Unidos no está lanzando una advertencia informal, sino activando un mecanismo regulatorio diseñado precisamente para este tipo de conflictos
El contexto político refuerza la gravedad del paso. La investigación de la FMC se produce en paralelo a otras fricciones entre Washington y Madrid, desde el debate sobre el gasto en defensa en la OTAN hasta el uso de tecnología china en infraestructuras sensibles o el bloqueo de material militar con destino Israel. Sin embargo, este expediente tiene una naturaleza distinta: no depende de decisiones de la Casa Blanca ni de declaraciones diplomáticas, sino de una agencia independiente con mandato legal propio.
En términos estratégicos, el caso sitúa a España en una posición incómoda. No como un adversario, pero sí como un socio cuya actuación es considerada ahora incompatible, al menos provisionalmente, con las reglas del sistema marítimo internacional tal como las interpreta Washington. El uso reiterado del término «condiciones desfavorables» una decena de veces en el texto no es casual: es la categoría jurídica que habilita represalias.
El resultado final dependerá del desarrollo del expediente, de la información que aporten las empresas afectadas y de si España introduce cambios que permitan a la Comisión concluir que el problema ha sido corregidos pero el plazo ya está fijado. Estados Unidos ya ha atestiguado que ha habido una discriminación efectiva contra buques estadounidenses y que esa política sigue activa por una decisión política.
En ese sentido, el documento marca un antes y un después. Por primera vez, una agencia federal estadounidense plantea abiertamente sanciones comerciales contra España por su política portuaria.