«La puerta está cerrada». El de la abstención es un debate recurrente encerrado en una contradicción. Mientras el PSOE azuza el discurso del ‘miedo a Vox’ como palanca de movilización electoral -ciertamente agotada- entre el votante progresista y alerta contra su advenimiento … a las instituciones, los socialistas no hacen nada por evitarlo. No ponen sus votos al servicio de los ciudadanos para esquivar el riesgo de retroceso que les acecha. El debate es tan recurrente como superado. Fuentes socialistas al más alto nivel rechazan cualquier posibilidad de que el partido facilite el gobierno de María Guardiola. «No está sobre la mesa», zanjan.
Sin embargo, esta cuestión sigue generando contradicciones dentro del propio PSOE y con su discurso público. Hay una corriente en Extremadura, liderada por el expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra que aboga abiertamente por la abstención al PP para evitar la dependencia de Vox. Pero en público y en privado no hay dudas: la respuesta es negativa a sus pretensiones.
«Se nos pide al PSOE que salvemos los muebles a una señora que se ha metido en un lío ella solita», responden desde la dirección federal cuando se les interpela por la posibilidad de que desbloqueen la investidura de Guardiola para evitar una repetición electoral. Es más, aunque en las últimas horas se haya apelado a que sean los militantes extremeños quienes decidan, desde Ferraz confirman a ABC que tampoco está previsto impulsar ninguna consulta interna en este sentido.
«Ofrecimos los votos para los presupuestos, pero querían elecciones», responden a modo de negativa. En este sentido, endosan la «responsabilidad» de la situación de bloqueo actual a la «irresponsabilidad» de querer ir a las urnas para tratar de desembarazarse de la presión de la ultraderecha. Una presión que se ha multiplicado. En el partido se quejan de que siempre se pida este «sacrificio» a los mismos y recuerdan lo traumática que fue la abstención para que gobernara Mariano Rajoy en 2016. El PSOE se rompió en dos y Pedro Sánchez resurgió de la brecha a lomos del «no es no» para recuperar las riendas de Ferraz.
En este sentido, las fuentes consultadas reflexionan que no se trata de un mero acceso al poder, para librarse de los de Santiago Abascal, porque -entienden- el PP «no solo pacta con Vox, sino que lleva las políticas de Vox». «Tiene las mismas respuestas, los mismos mensajes y las mismas medidas inhumanas y racistas», señalan, poniendo como ejemplo el caso del desalojo masivo en Badalona. Sin embargo, Extremadura ha supuesto un refuerzo para estas opciones, con un 60% de apoyo ciudadano el pasado domingo.
En Moncloa tratan de descontextualizar estos resultados de la acción del Gobierno. Utilizan, de nuevo, un argumento contradictorio para sostener sus tesis. En el Ejecutivo aseguran que si los ciudadanos de las autonomías bajo el paraguas de las políticas de PP y Vox todavía no han notado «las consecuencias de la involución», es «porque el Gobierno central está siendo una garantía» para que no se produzca este retroceso. Esto es, fuentes gubernamentales consultadas por este diario trasladan la percepción de que los ciudadanos son capaces de discernir entre generales y autonómicas y sabrán recompensar el «dique de contención» que supone Sánchez para los extremismos.
Escudo social contra Vox
Para tratar de armar ese muro de buenas razones, el Gobierno ha aprovechado el último Consejo de Ministros del año para aprobar un refuerzo del escudo social. Es la tónica habitual cada mes de diciembre, porque con Presupuestos prorrogados, el Ejecutivo tiene que vehicular a través de decretos aquellas medidas que quiere que sigan en vigor y que decaen a 31 de diciembre. También se ha aprobado la prórroga de las cuentas públicas.
Pese a ser una dinámica anual, tanto el Gobierno como sus socios han utilizado esta palanca para tratar de seguir proyectando el mensaje de que a los españoles «les renta» que Sánchez siga en La Moncloa. Esto se traduce en una revalorización general de las pensiones del 2,7% y un incremento de entre el 7 y el 11,4% de las mínimas y no contributivas. También se prorrogan la prohibición del corte de suministros básicos, el bono social eléctrico y la moratoria para desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional.
Igualmente, se mantienen los incentivos fiscales parar comprar vehículos eléctricos, instalar puntos de recarga o realizar obras de eficiencia energética. Todo un abanico de medidas que también puedan utilizar sus socios parlamentarios para justificar ante sus respectivas y variopintas parroquias que siguen apuntalando a un gobierno cercado por los escándalos y que no da síntomas de conexión con la realidad que le rodea.