El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación ante los indicios de que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Exteriores con José Manuel Albares al frente, ha podido incurrir en responsabilidad contable por pagos injustificados correspondientes … al año 2023 (aunque venían arrastrándose desde 2016) por valor de 21,7 millones de euros.
El Departamento Tercero de Enjuiciamiento ha visto motivos suficientes para seguir adelante con el procedimiento para indagar en las posibles irregularidades. El pasado 15 de diciembre, según ha podido saber ABC, se designó a la delegada instructora que se ocupará del asunto para ver si los hechos son constitutivos de alcance de caudales o efectos públicos.
El ‘alcance’, según el artículo 72 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, es «el saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o de efectos públicos, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas».
Las posibles irregularidades comenzaron a abordarse en abril de este año, cuando, según los pasos dados en el tribunal de los que ha tenido conocimiento este periódico, se vieron indicios de responsabilidad contable en la declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio de 2023 aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su reunión del 28 de abril de 2025.
En julio, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado vieron necesario investigar los hechos. Ahora piden el archivo.
En julio, tanto la Fiscalía del Tribunal de Cuentas como la Abogacía del Estado vieron necesario nombrar a un instructor para que investigase los hechos. Sin embargo, el 23 de julio la AECID -presidida por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, y dirigida por Antón Leis García– presentó un escrito de alegaciones y nueva documentación. Después, en octubre, el fiscal y el abogado del Estado pidieron el archivo de las actuaciones.
El consejero de cuentas a quien correspondió el asunto sí vio que la gestión económica de la AECID, en particular, las órdenes de pagos de 21,7 millones sin justificar correspondientes a 2023, pueden ser constitutivos de alcance de caudales públicos y que deben investigarse, por lo que decidió seguir adelante nombrando una delegada instructora.
Las alegaciones de AECID
La Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo justificó el retraso de los pagos en que el organismo de Exteriores tiene una «red compleja», con 53 oficinas de cooperación adscritas a embajadas y con un personal técnico «insuficiente».
Recordó que, siguiendo las indicaciones del Tribunal de Cuentas, el Consejo Rector de la AECID aprobó en marzo de 2014 un plan específico para el examen y la aprobación de las cuentas justificativas, así como que en el nuevo Estatuto de la AECID, aprobado el año pasado, se creó la subdirección de Control de Procedimientos y Gestión de Riesgos para reforzar las capacidades de control y seguimiento para la justificación de las cuentas y que las nuevas unidades revisoras de cuentas mantienen contacto directo con las oficinas de Cooperación y las embajadas responsables de la gestión y los mandamientos de pago.
«Cifra obviamente relevante»
Para el Departamento de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, sin embargo, dichas alegaciones «no desvirtúan la realidad que justificó la apertura de las diligencias», según el auto con el que se decidió seguir adelante, consultado por este diario. Para el Tribunal de Cuentas, se trata de una cifra (los 21,7 millones de euros) «obviamente relevante». Las alegaciones de la AECID, considera el órgano fiscalizador, «no aportan información sobre el estado de la tramitación de los expedientes respectivos, sobre la situación o el sentido de los informes de la Intervención Delegada o sobre eventuales razones específicas del incumplimiento de los plazos establecidos para la rendición anual de cuentas».
El órgano fiscalizador justifica que se trata de una cifra «obviamente relevante» y que las alegaciones de la AECID no son suficientes
Para el tribunal, «incluso si una parte considerable de ese volumen de pagos sin justificar, transcurrido un año y siete meses desde el término en que debieron haberlo sido, responde a un mero retraso, la oscuridad sobre el conjunto no permite tener por satisfecho el requisito para el archivo». De ahí que el Departamento Tercero de Enjuiciamiento haya decidido continuar el procedimiento contra el criterio de la Fiscalía y Abogacía.
La AECID está obligada a declarar y justificar sus ingresos y gastos ante el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de las cuentas públicas que audita a las entidades estatales para asegurar su legalidad y buena gestión.
«Deficiencias e irregularidades en 2016»
No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas alerta sobre la gestión en la AECID. En 2019, el órgano fiscalizador emitió un informe relativo a las cuentas de 2016 (de las que según la investigación abierta se arrastran pagos no justificados) en la que alertó de «deficiencias e incumplimientos muy significativos» en las subvenciones y préstamos para la cooperación.
El órgano se refirió a que la Agencia de cooperación caía en deficiencias como «la ausencia e insuficiente justificación económica, la presentación de la documentación justificativa del gasto fuera del plazo establecido, la existencia de desviaciones en la ejecución del presupuesto de las actuaciones subvencionadas, así como la no consecución de los objetivos previstos en los proyectos presentados». También puso el foco en que en la base de datos nacional de subvenciones no se recogía información relevante y necesaria, como los 391 beneficiarios de becas por un importe de más de 5 millones de euros.
Ahora, el órgano fiscalizador, en lo referente a pagos efectuados por AECID, da un paso más y abre un procedimiento de alcance contable que da sus primeros pasos. Además de las alegaciones y la documentación que ya presentó, la agencia pública tendrá que dar todas las explicaciones requeridas por el auditor de las cuentas públicas.