En España, la edad de jubilación es de 65 años para los trabajadores que hayan cotizado un mínimo de 38 años y tres meses. No obstante, hay personas que deciden seguir trabajando para aumentar sus ingresos mensuales.
De esta forma, el sistema de pensiones español contempla tres figuras que permiten seguir en el mercado laboral: jubilación activa, jubilación flexible o jubilación parcial. En Italia, la situación es distinta, tal y como recoge el portal ‘TGCOM24’ de Mediaset.
En 2019, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS) italiano estableció un sistema que permitía a los trabajadores jubilarse de manera anticipada a los 62 años. Para poder acogerse a esta vía, debían haber cotizado un mínimo de 38 años.
Esta normativa es conocida como la ‘Cuota 100’, y aunque ya ha sido retirada, todavía hay contribuyentes que pueden solicitarla. Sin embargo, uno de los requisitos para acceder a la prestación es que no volver a tener ninguna actividad laboral.
En este contexto, un jubilado de 66 años de la región de Udine (Italia) ha sido sancionado económicamente por la Seguridad Social transalpina. El hombre decidió jubilarse de manera anticipada bajo la ‘Cuota 100’, pero decidió trabajar durante cuatro días como camarero.
Una breve relación laboral de la que consiguió la módica cantidad de 180 euros netos. Según el jubilado, había recibido la garantía verbal del INPS conforme no infringía ninguna parte de la norma. Además, firmó un contrato «de guardia solo para cubrir los costes del seguro».
Con este escenario, el organismo interpretó que se trataba de una retribución laboral. «Solo quería echar una mano», destacaba el hombre de 66 años. El jubilado no esperaba el desafortunado resultado, ya que la INPS ha aplicado una sanción de 29.000 euros, importe que equivale a un año completo de pensión.
Finalmente, tras solicitar una reducción de la cuantía, la Seguridad Social rebajó la cuota de 650 euros a 430 euros. Por lo tanto, en cinco años podría cubrir la sanción del organismo. Aunque algunos ciudadanos consideran la medida como desproporcionada, el INPS reitera su decisión de «aplicar estrictamente la ley».