Oscar Maire-Richard | La presentación del recorrido de la Vuelta Ciclista a España 2026, el pasado 17 de diciembre, ha dejado una sensación de ser una edición marcada por decisiones políticas y revanchismo.
Durante la Vuelta 2025, numerosas etapas fueron escenario de movilizaciones contra la participación del equipo Israel Premier Tech. Protestas pacíficas, visibles, con banderas palestinas, pancartas y consignas que denunciaban el genocidio en Gaza y el uso del deporte como herramienta de blanqueamiento internacional del Estado de Israel.
La respuesta de la organización de la Vuelta ante ese escenario no ha sido abrir un debate, ni reconocer el legítimo malestar social. A la vista del recorrido anunciado más bien parece que la respuesta ha sido el castigo. Cataluña, Euskadi, Navarra, Valladolid, Asturias, Galicia y Madrid fueron las regiones donde mayor repercusión tuvieron las acciones de protesta. Salvo una única etapa en el sur de Tarragona, todos estos territorios han quedado excluidas en la Vuelta 2026.
La organización alega que el año pasado el recorrido transcurrió principalmente por el norte peninsular y por eso este año ha querido llevarse principalmente al levante y Andalucía. Pero a nadie se le escapa lo excepcional de una Vuelta sin Pirineos ni Picos de Europa y sin pasar por Euskadi, región que alberga la mayor afición a este deporte.
En el mismo contexto, esta lectura de ruptura entre la organización de la Vuelta y la sociedad civil se refuerza con lo ocurrido en Canarias. El final de la Vuelta estaba inicialmente previsto en el archipiélago, pero el Cabildo de Gran Canaria decidió rechazarlo precisamente por la permisividad de la UCI con el equipo israelí. Esta decisión ha arrastrado también a Tenerife y ha obligado a la organización a improvisar un final de Vuelta alternativo en Granada.
También es importante recordar la represión contra quienes participaron en las protestas durante la Vuelta 2025. El pasado 18 de diciembre cuatro personas que trataron de cortar el paso del pelotón en Lumbier, Navarra, declararon en los juzgados de Pamplona investigados por los delitos de lesiones, contra la seguridad vial, resistencia o desobediencia a la autoridad, y desórdenes públicos, enfrentándose a penas de cárcel, algo a todas luces desproporcionado ante protestas totalmente pacíficas. En una concentración ante los juzgados, los activistas nos recordaron que “cada pancarta, cada consigna, cada activista ha sido parte de esta victoria colectiva. No fue simbólica: fue real, contundente y efectiva. El equipo que representaba al régimen colonial y criminal de Israel ya no existe. Ha sido expulsado del escenario por la presión social ejercida desde todos los frentes”.