La Defensoría del Pueblo rechaza las afirmaciones formuladas por el presidente del Consejo de Ministros respecto a un presunto intento de “protección de privilegios” vinculados a Petroperú. Dichas expresiones resultan desafortunadas y alejadas de la verdad, pues desconocen que nuestras intervenciones en este caso —como en todos los asuntos de interés público— se sustentan en un análisis objetivo y técnico, orientado exclusivamente a la defensa de los derechos de la población y a la protección del interés general. La institución no politiza su actuación ni se alinea a intereses particulares o de grupo.
Como es de público conocimiento, en su oportunidad la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento alertando sobre la grave crisis institucional y financiera de Petroperú, identificando riesgos derivados de decisiones adoptadas por gestiones anteriores y de la generación de escenarios de incertidumbre que podían afectar el abastecimiento y los recursos del Estado. Este pronunciamiento tuvo como único propósito llamar la atención sobre la necesidad de adoptar medidas responsables, transparentes y previsibles, en el marco de la legalidad y la sostenibilidad fiscal, para evitar impactos adversos en la población y en la economía nacional.
La Defensoría del Pueblo reafirma que continuará ejerciendo su mandato constitucional con autonomía, independencia y rigor técnico, supervisando las acciones de todas las entidades públicas cuando estas puedan afectar derechos fundamentales o comprometer el interés público. Nuestro compromiso es y seguirá siendo defender al pueblo del Perú, garantizando que las decisiones estatales se adopten con responsabilidad, oportunidad y enfoque en el bienestar de la comunidad.