El mes pasado, en varias ciudades controladas por el gobierno de Ahmed al Shará se organizaron grandes concentraciones de apoyo a las autoridades. Aunque se hayan presentado como manifestaciones “contra la división”y por la unidad del país, entre los gritos de los manifestantes se oyeron consignas sectarias incitando al odio étnico. Lo mismo ocurrió en las manifestaciones masivas organizadas para celebrar el primer aniversario de la caída de régimen de Asad. Estos hechos evidencian las profundas fragmentaciones políticas y socioeconómicas que padece hoy el país.
Desde el derrocamiento del antiguo régimen sirio, las autoridades en el poder, conducidas por la organización Hay’at Tahrir Cham (HTC), han aprovechado la transición política para consolidar su control sobre las instituciones políticas y económicas. En los últimos meses se han cometido, bajo su responsabilidad, graves violaciones de los derechos humanos, especialmente las masacres de la costa y de Sweida. Además, al aplicar medidas neoliberales y de austeridad, los dirigentes han contribuido a mantener un alto nivel de pobreza en todo el país.
Por tanto, no es extraño que, en este contexto, estos últimos meses hayan proliferado manifestaciones para reclamar derechos democráticos y socioeconómicos.
Seguridad, democracia e inclusión
Recientemente, una parte de la comunidad alauita protestó contra las violaciones de que es objeto desde la caída de Asad. Reclamó seguridad, en particular contra los incesantes asesinatos y secuestros (especialmente de mujeres) y el federalismo, y denunció los despidos arbitrarios y desproporcionados de que ha sido víctima por parte de las administraciones públicas, así como el elevado coste de la vida.
De hecho, Ghazal Ghazal, presidente del Consejo Islámico Alauita en Siria y en la diáspora, ha llamado al boicot de las celebraciones que conmemoran la caída del antiguo régimen y ha instado a los alauitas a permanecer en sus casas durante una huelga general del 8 al 12 de diciembre para protestar contra el “nuevo régimen opresor”.
Del mismo modo, en Sweida continúan las manifestaciones para denunciar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde el verano por las autoridades en el poder y los grupos armados controlados por ellas contra la población civil. Además de los asesinatos, la población ha sido víctima de secuestros (especialmente de mujeres) y desplazamientos forzados, a menudo por motivos relacionados con la pertenencia a una comunidad.
Al mismo tiempo, los derechos nacionales de los kurdos siguen ignorándose, e incluso a veces rechazándose, por parte de las autoridades en el poder. Además, las negociaciones con la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES), en el marco de lo que se supone que es un proceso de integración con Damasco, han llegado a un punto muerto debido a desacuerdos sobre cuestiones militares, civiles y económicas.
En términos más generales, las autoridades en el poder han tomado medidas para reforzar su control sobre la sociedad, en particular tratando de reducir los derechos democráticos. En los últimos meses, las autoridades locales no han dudado en imponer restricciones a la organización de reuniones políticas. Si bien al comienzo estas medidas eran de carácter más bien oficioso, progresivamente se están formalizando. Por ejemplo, en noviembre, el Ministerio de Turismo sirio publicó una circular en la que se pedía a los establecimientos turísticos que se abstuvieran de acoger cualquier evento o conferencia de carácter político sin la autorización previa de la Secretaría General de Asuntos Políticos. Esto significa que dicha secretaría general, creada por el Ministerio de Asuntos Exteriores tras la caída de Asad, dispone ahora de amplios poderes, entre ellos el de supervisar las actividades políticas.
En algunos casos, los eventos se han cancelado sin más, como el seminario Pensamiento político: ¿necesidad o no?organizado en noviembre por el antiguo preso político Aslan Abdel Karim. Las autoridades locales alegaron que la cancelación se debía a que la asociación organizadora de la conferencia no estaba autorizada, pero la ley permite a las asociaciones que han solicitado una autorización (como era el caso) continuar con sus actividades hasta que se tome una decisión definitiva.
Del mismo modo, a mediados de octubre, numerosas organizaciones y asociaciones sirias criticaron una directiva de la ministra de Asuntos Sociales y Trabajo sobre su forma de tratar a las ONG. La acusaron de recurrir a prácticas “basadas en una ley represiva sobre las asociaciones que el antiguo régimen utilizó durante mucho tiempo para frenar las actividades de las ONG, perseguir a sus miembros y encarcelarlos”.
Este asunto se sumó a las cuestiones más generales relativas a las restricciones a la libertad de expresión que se han observado. Si bien es cierto que la prensa local e internacional goza de una mayor libertad de acción en Siria desde la caída de Asad, se han denunciado casos de acoso a investigadores y periodistas. El mes pasado, el activista e investigador político sirio Laith al Zoubi fue encarcelado y torturado por las autoridades, sin que se dictara ninguna orden de detención ni se le llevara ante la justicia.
Contestación y protestas
Las crecientes dificultades socioeconómicas del país suscitan cada vez más críticas por parte de la población siria hacia la política del gobierno. Aparte de su voluntad de acumular capital en grandes proyectos inmobiliarios de lujo, las autoridades en el poder no han presentado ninguna política ni ningún plan de reconstrucción. Y la población, evidentemente, no está satisfecha. Algunos sectores han llegado incluso a manifestarse contra proyectos inmobiliarios como el de la empresa Al Omran Real Estate Development Co. (propiedad de un empresario sirio) con sede en Kuwait.
El proyecto urbanístico Bulevar de la Victoria en Homs provocó manifestaciones en las que los manifestantes llevaban pancartas en las que se podía leer: “No al bulevar, no a los desplazamientos”. Incluso se hizo una comparación con Casa de ensueño, un plan de remodelación urbana diseñado bajo el mandato de Bashar al Asad. Esta acción organizada llevó a la empresa a anunciar que cancelaría la parte de su proyecto que atravesaba el barrio en disputa.
En el ámbito de la educación, los docentes estuvieron en huelga durante varias semanas y se manifestaron frente a los edificios gubernamentales en Alepo e Idlib, bajo el lema “El movimiento continúa hasta que se satisfagan nuestras reivindicaciones”. Reclaman puestos de trabajo fijos, la reincorporación inmediata de las personas despedidas y aumentos salariales que compensen la subida del coste de la vida.
También se han organizado huelgas por parte de los conductores de minibuses en Damasco, así como de los trabajadores de la empresa privada Madar Aluminum, que reclaman mejores condiciones laborales y de vida. Este mes, los empleados del puerto de Tartús organizaron un piquete frente a la sede de la administración provincial para protestar contra su traslado ‒del que fueron informados a través de WhatsApp y sin previo aviso‒ a lugares lejanos, a los puestos fronterizos de Djarablús y Al Bukamal, en las provincias del este.
Además, ante la enorme subida de las tarifas eléctricas, muchos ciudadanos de todo el país han expresado su enfado y se han organizado manifestaciones en ciudades como Salamiyeh y Homs. Los precios de la electricidad podrían aumentar entre un 3.000 % y un 6.000 % en cada hogar, suponiendo que el suministro eléctrico se mantenga de forma continua. En última instancia, independientemente del porcentaje de aumento, mucha gente se verá obligada a racionar su consumo de electricidad, lo que provocará un nuevo aumento de la tasa de inflación.
A pesar del aumento del salario mínimo desde finales de julio (a 68 dólares al mes), la mayoría de la población, ya sea empleada por el Estado o por el sector privado, no puede cubrir sus necesidades con su salario. Según las estimaciones de Qasioun, a finales de septiembre el coste de vida mínimo para una familia siria de cinco miembros que vive en Damasco ascendía a unos 645 dólares. Además, gran parte de la sociedad depende de las remesas enviadas por familiares que viven en el extranjero.
El ministro de Finanzas ha reaccionado anunciando un aumento de los salarios (del 200 %) de los trabajadores de los sectores de la sanidad y la educación. Sin embargo, este posible aumento futuro sigue siendo insuficiente para aliviar a una población en dificultades y contrarrestar el constante aumento del coste de la vida.
En este contexto, y mientras se celebra el primer aniversario de la caída de Asad, es esencial oponerse a cualquier práctica autoritaria de las nuevas autoridades en el poder. Al mismo tiempo, es necesario desarrollar un proyecto económico centrado en la justicia social, la redistribución de la riqueza y la puesta en marcha de un proyecto de reconstrucción que beneficie a la mayoría de la población.
Mientras los medios de comunicación internacionales y los grandes líderes debaten sobre el futuro de Siria, lo que el país necesita con urgencia es un proyecto político alternativo que combine los derechos democráticos, sociales y económicos, y que fomente la cooperación y la colaboración entre los diferentes movimientos de protesta y, en general, con toda la población siria en toda su diversidad.
09/12/2025
Traducción: viento sur