El secretario general de Naciones Unidas manifestó su profunda preocupación por el anuncio de las autoridades israelíes de suspender las operaciones de varias organizaciones no gubernamentales internacionales en el territorio palestino ocupado.
Pidió que la medida sea revertida, subrayando que estas organizaciones son indispensables para el trabajo humanitario, «un trabajo que salva vidas». Añadiendo que «la suspensión pone en riesgo los frágiles avances logrados durante el alto el fuego«.
El comunicado recuerda que esta decisión se suma a restricciones previas que ya habían retrasado la entrada de suministros esenciales de alimentos, medicinas, productos de higiene y refugio en Gaza, y advierte de que la nueva acción agravará aún más la crisis humanitaria que padecen los palestinos.
El secretario general recalcó que, conforme a sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario, Israel debe permitir y facilitar el paso rápido y sin trabas de la ayuda humanitaria para todos los civiles que la necesiten. Asimismo, reiteró que todos los socios humanitarios deben poder operar con seguridad y en línea con los principios humanitarios.
En la misma línea, una de las organizaciones suspendidas, Médicos Sin Fronteras (MSF), ha hecho una declaración institucional asegurando que «denegar asistencia médica a la población civil es inaceptable en cualquier circunstancia, y resulta atroz utilizar la ayuda humanitaria como herramienta política o de castigo colectivo«.
El veto a 37 ONG de países como España, Japón, Suiza, Suecia, Holanda, Canadá, Francia o Reino Unido, fue anunciado por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo. La decisión es fruto de una regulación por la cual Israel pedía información a las ONG sobre sus trabajadores, entre otros requisitos.
Desde MSF «refutan de manera inequívoca las acusaciones vertidas por las autoridades israelíes en los últimos días», argumentando que «nunca contratarían a nadie involucrado en actividades militares, ya que ello contradice nuestros valores y principios éticos fundamentales».
Quince miembros de esa organización han sido asesinados por fuerzas israelíes, informa el comunicado afirmando que, en ese contexto, la exigencia por parte de Israel de listas de personal como condición para acceder al territorio «constituye una extralimitación escandalosa que socava la independencia y la neutralidad humanitarias».
Legislación contra la UNRWA
En el misma línea de vetos a organizaciones humanitarias, el pasado 29 de diciembre, el Parlamento Israelí aprobó una ley que retiraba la inmunidad diplomática a la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo); autorizaba el corte de suministros esenciales, como agua, electricidad, combustible y comunicaciones, a esta organización y otorgaba al Gobierno israelí la facultad de expropiar propiedades de la ONU en Jerusalén Oriental, incluidas la sede de la Agencia y su principal centro de formación profesional.
“La nueva legislación supone un nuevo golpe al sistema multilateral”, dijo Lazzarini, Comisionado General de UNRWA, denunciando que forma parte de una “campaña sistemática y continua para desacreditar a la UNRWA” y, con ello, obstaculizar la prestación de asistencia a millones de refugiados palestinos.
La Corte Internacional de Justicia determinó en octubre que Israel no ha fundamentado sus alegaciones de que una parte significativa de los empleados de la UNRWA son miembros de Hamás, ni tampoco ha demostrado la presunta falta de neutralidad de la Agencia.
El Comisionado General recordó que ese tribunal reiteró que Israel está obligado a facilitar las operaciones de la UNRWA, no a obstaculizarlas. “Esta nueva legislación supone un rechazo inaceptable de las conclusiones de la CIJ”, subrayó.
Rechazo internacional a las medidas de Israel
El Gobierno de España rechazó las medidas de Israel para limitar el trabajo de las ONG humanitarias que trabajan en el Territorio Palestino Ocupado y exigió al Ejecutivo israelí que revoque esas «inaceptables» decisiones, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores publicado este viernes.
Entre las organizaciones que operan en este territorio se encuentran Acción contra el Hambre, OXFAM, Cáritas o Médicos Sin Fronteras (MSF), quienes alertaron que cientos de miles de gazatíes se quedarán sin atención sanitaria.
Además de España, varias ONG internacionales y otros países como Canadá, el Reino Unido o Francia denunciaron estas medidas