Tras una operación militar estadounidense que incluyó bombardeos y la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo, el presidente Donald Trump declaró el 3 de enero de 2026 que Estados Unidos dirigirá temporalmente Venezuela hasta lograr una transición segura, adecuada y juiciosa. La afirmación plantea un dilema que va más allá del hecho militar. Bajo qué modelo de autoridad se ejercerá ese poder, con qué límites y cómo se compatibiliza con el principio de soberanía popular que estructura el constitucionalismo latinoamericano.
La mayoría de las constituciones de la región, incluida la venezolana de 1999, proclaman que la soberanía reside en el pueblo, acompañada de catálogos de derechos y límites al poder. Ese lenguaje resuena con la tradición estadounidense, cuya Constitución comienza con “We the People”, una fórmula que afirma que la fuente del poder no es el gobierno sino la ciudadanía, y que toda autoridad es legítima solo si actúa bajo reglas y límites claros. Si esa idea sirve como fundamento del constitucionalismo, también funciona como estándar para evaluar cualquier transición, incluso una presentada como liberación.
La libertad no se mide por quién cae
En América Latina, la palabra liberación ha tenido significados opuestos. Puede asociarse a transiciones democráticas que desmontaron dictaduras, pero también a episodios en los que la fuerza sirvió para imponer gobiernos, reordenar instituciones y cerrar el pluralismo. Por eso la memoria cultural del continente insiste en una intuición básica. La libertad no se mide solo por quién cae, sino por lo que queda en pie. Dicho de otra manera, el desenlace puede ser celebrado y aun así producir consecuencias institucionales inesperadas.
Una parte del debate público se ha concentrado en el derecho internacional y el uso de la fuerza. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, con excepciones como la autodefensa ante un ataque armado o la autorización del Consejo de Seguridad. Ese marco busca evitar que el poder militar se convierta en un método normal para reconfigurar gobiernos.
Pero también conviene aclarar un punto conceptual. La fuerza no es un elemento natural del derecho; es su última excepción. Un sistema jurídico no se define solo por sancionar, sino por ordenar conductas y generar expectativas compartidas. Si el derecho se redujera a castigos, sería un mecanismo puramente represivo. Y la represión difícilmente puede ser la base de reconstrucción institucional para un país que ha vivido años de coerción estatal.
Este punto conecta con la discusión sobre democracia. Los Estados del mundo afirman ser democráticos bajo modelos distintos. Y la democracia no se agota en un procedimiento para contar votos. En América Latina, además, el gobierno no se elige mediante colegios electorales como en Estados Unidos, y la experiencia histórica ha mostrado que puede haber elecciones sin libertad plena, con censura, captura de tribunales o persecución de la oposición, incluso con violencia contra candidatos . Por eso, el debate venezolano debe centrarse en qué tipo de democracia se busca reconstruir.
Modelo de democracia
Aquí la democracia representativa se vuelve central. El sistema interamericano, a través de la Carta Democrática Interamericana, plantea un modelo que no reduce la democracia al evento electoral, sino que la vincula con el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y el pluralismo político. Su premisa es clara. Sin instituciones capaces de limitar al Ejecutivo (Presidente), la democracia se convierte en una etiqueta vacía. Una democracia representativa requiere separación de poderes, justicia independiente, prensa libre, competencia real y garantías efectivas para la oposición. También exige deliberación. No es solo gobierno de mayorías, sino un sistema que escucha y protege el disenso. Un reto que tendrá Venezuela para gestionar el chavismo.
Esa definición vuelve a tensionar las declaraciones de Trump sobre dirigir Venezuela. Si la democracia se funda en soberanía popular, una transición conducida desde el exterior solo puede justificarse si está estrictamente orientada a devolver capacidad de decisión al pueblo, con límites verificables y con apertura efectiva del pluralismo. De lo contrario, la transición corre el riesgo de convertirse en administración de facto hasta nuevo aviso, una fórmula que históricamente ha degradado a los países de Latinoamérica, incluso cuando se anuncia como puente.
Autodeterminación de los pueblos
Esta discusión también conecta con el principio de autodeterminación de los pueblos. Diversos instrumentos internacionales reconocen que los pueblos tienen derecho a determinar libremente su condición política y su desarrollo. Pero esa autodeterminación se vuelve insuficiente si las instituciones internas han sido vaciadas y la oposición ha sido tratada como enemigo. La Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de 1789 sostuvo que donde no hay garantía de derechos ni separación de poderes no hay constitución. Traducido al presente, sin controles y sin pluralismo, hablar de voluntad popular puede ser una ficción.
El régimen venezolano ha sido denunciado por violaciones graves de derechos humanos. Reconocerlo es indispensable para entender por qué muchos celebran su caída. Pero una transición democrática no se define por remover al gobernante, sino por restablecer condiciones institucionales para que el pueblo decida sin miedo, sin censura y sin coerción. Ese estándar no debe exigirse selectivamente. Aplica a cualquier actor externo que pretenda conducir una transición, sea Estados Unidos u otra potencia.
La pregunta final no es solo quién gobernará Venezuela, sino qué significa gobernar en nombre de un pueblo. “We the People” no es un eslogan. Es un estándar constitucional. La transición venezolana será un camino para devolver soberanía bajo límites, o será un poder excepcional que promete democracia más adelante. De esa diferencia depende el futuro del pueblo de Venezuela y la credibilidad de la democracia representativa en Latinoamérica.