La representación legal de José Luis Ábalos, dirigida por el despacho Chabaneix Abogados Penalistas, ha notificado este miércoles al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que renuncia a llevar la defensa del exministro de Transportes, quien está inmerso tanto en el caso mascarillas -ya … pendiente de ser enviado a juicio- como en la causa en la que se investiga el cobro de posibles comisiones irregulares a cambio del amaño de adjudicaciones de obra pública.

Fuentes consultadas por ABC explican que la causa por la que los letrados renuncian a la defensa es porque el político ha incurrido en impagos de los honorarios del despacho y que, tras un ultimátum que vencía el 31 de diciembre, desde el bufete se decidió no dar más margen a Ábalos dado que es política de ese despacho no hacer excepciones con ningún tipo de cliente.

Así, de haber continuado con esa representación legal -que se inició en octubre de 2025 después de que Ábalos rompiera también con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez- se habría contravenido la política del despacho, por lo que detrás de esta decisión no habría tacticismo para dilatar el procedimiento. No obstante, en ese escrito de renuncia presentado ante el juez, la defensa solicita que se paralicen los plazos por el momento para no causar indefensión al exministro.

Según estas mismas fuentes, la decisión ha sido comunicada al exministro en prisión este mismo miércoles por su letrado Carlos Bautista, y se ha notificado al magistrado del Alto Tribunal a la vez que se presentaba el escrito de defensa de quien fuera secretario de organización del PSOE, habida cuenta que el plazo de entrega del mismo expiraba este 8 de enero.

A pesar de esta renuncia, es previsible que el exfiscal Bautista, quien dirigía desde el despacho la defensa del político hasta ahora, deba continuar con esa representación legal hasta que otro abogado pida la venia en el Supremo. Y esto, teniendo en cuenta que el próximo 15 de enero hay una vista programada en la Sala de lo Penal del Supremo para valorar los recursos tanto de Ábalos como de su asesor Koldo García contra la decisión de Puente de enviarles a prisión provisional sin fianza el pasado 27 de noviembre.

No ve delito

En el escrito de defensa, de 72 páginas y al que también ha tenido acceso ABC, se pide exonerar al exministro de los delitos que se le imputan ya que los contratos para la adquisición de mascarillas se llevaron a cabo desde la legalidad; que no hubo pagos ilícitos por los mismos; que no se dio trato de favor en el rescato de Air Europa ni hubo gestiones para lograr una licencia para la operadora de hidrocarburos Villafuel; y que no se dieron dádivas o recompensas por su actuación.

Además, se indica que «se ha cercenado de manera brutal» el derecho de defensa del exministro al cerrarse la instrucción sin dar a sus letrados acceso al material incautado y sin haberles dejado proponer o practicar diligencias de análisis de esa documentación para contrarrestar la versión acusatoria plasmada en el auto de procedimiento.

Lamenta el exfiscal que se ha concluido la investigación sin aceptar ninguna de las pruebas propuestas por la defensa. «Se ha amputado» ese derecho, por ejemplo, cuando se impidió analizar si Ábalos se refería a billetes cuando en mensajes recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hablaba de que Koldo García le trajera ‘folios’.

Insiste en que se comenzó a investigar al diputado «sin la previa autorización del Congreso de los Diputados» y que se incautaron en el domicilio de Koldo García dispositivos de almacenamiento que eran de su defendido y que no fueron devueltos.

A esto añade la defensa que se da una falta de credibilidad en lo aportado a la causa por el empresario Víctor de Aldama y solicita que en el juicio oral deba responder a todas las partes a pesar de constar como investigado ya que le atribuye carácter de testigo con obligación de contestar de acuerdo a jurisprudencia del tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Entre los más de 60 testigos propuestos para el juicio, la defensa de Ábalos incluye al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a quien fuera su número dos Rafael Pérez; a la presidenta del Congreso, Francina Armengol; al ministro Ángel Víctor Torres; al ex-CEO de Air Europa Javier Hidalgo; o a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.