Tras años de represión y estricto control de la información bajo el gobierno de Nicolás Maduro, las condiciones para el periodismo en Venezuela se han deteriorado aún más después de la acción militar ilegal de Estados Unidos del 3 de enero y la consiguiente inestabilidad institucional. Los periodistas enfrentan ahora riesgos mayores e imprevisibles en un entorno cada vez más fragmentado, donde prevalece la arbitrariedad. La intimidación, las amenazas directas, la revisión de teléfonos y las eliminaciones forzadas de contenidos periodísticos —prácticas que se generalizaron después de las elecciones de 2024— se ven ahora agravadas por nuevos peligros. Estas amenazas ya no provienen de una sola autoridad estatal identificable, sino de múltiples actores, lo que incrementa significativamente la inseguridad para los profesionales de los medios.
Según RSF, alrededor de 200 periodistas extranjeros se encuentran actualmente retenidos en Cúcuta, Colombia, a la espera de autorización para ingresar a Venezuela. De acuerdo con periodistas colombianos que viven en Cúcuta y que hablaron con RSF —y prefieren permanecer en el anonimato por razones de seguridad—, incluso quienes cuentan con permisos de trabajo válidos podrían no lograr cruzar la frontera, ya que el acceso depende en gran medida de la discrecionalidad de soldados individuales. Muchos de los que logran ingresar al país son posteriormente deportados.
Al mismo tiempo, el gobierno venezolano prácticamente no brinda información oficial, mientras que los medios independientes siguen gravemente debilitados por la presión política, las dificultades económicas y el exilio. Esto ha creado un profundo vacío informativo. Las redes sociales están cada vez más inundadas de desinformación y contenidos manipulados, gran parte de ellos generados mediante inteligencia artificial, incluidos videos fabricados de venezolanos celebrando el ataque estadounidense y deepfakes que muestran a soldados estadounidenses junto a Maduro.