El Consejo de la UE ha aprobado este viernes el pacto comercial con Mercosur. Se despeja así un obstáculo importante en la ratificación del principio de acuerdo alcanzado por la Comisión Europea con el bloque sudamericano (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) hace algo más de un año que puede acabar creando la zona de libre comercio más grande del mundo con más de 720 millones de consumidores potenciales. La UE se juega algo más que un acuerdo de libre comercio; está sobre la mesa su credibilidad como actor internacional con el se puede llegar a acuerdos y la ampliación del abanico de alianzas geoeconómicas en medio de seísmo en el escenario internacional que ha provocado la captura de Nicolás Maduro por la fuerza hace solo seis días.
La votación oficial todavía no se ha producido. No obstante, varias fuentes del Consejo apuntan a EL PAÍS que con las posiciones expuestas por los embajadores de los Veintisiete en la reunión que ha empezado a las 11 de este viernes, cuando se emitan los votos −hay de tiempo hasta las 17 horas− el apoyo saldrá adelante. Este resultado ha sido posible porque Italia finalmente se ha decantado por el sí tras las concesiones hechas en los últimos días por la Comisión Europea. En cambio, Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda se mantienen en el no; Bélgica, por su parte, se abstiene. Esto garantiza la necesaria mayoría cualificada (55% de países que representen al menos al 65% de la población de la UE) para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, puedan viajar la semana que viene a Sudamérica para el actor protocolario de firma del acuerdo.
El paso que se dará con esa firma será un capítulo importante en el largo camino de creación de la mayor área de libre comercio del mundo que empezó a negociarse en 1999, es decir en el siglo XX. 20 años después se logró el primer principio de acuerdo entre la Comisión Europea y los representantes de Mercosur, pero eso no fue suficiente varios países de la UE, especialmente para Francia, un país con tendencia al proteccionismo que siempre ha rechazado este movimiento comercial, y el Parlamento, que pedía más garantías medioambientales. Esto abrió la negociación otra vez hasta que se llegó a este nuevo pacto inicial que habrían ratificado este viernes los Estados miembros.
Para la Unión Europea, el área económica más abierta del mundo al comercio internacional, llegar a acuerdos con otras zonas del mundo se ha convertido en una necesidad comercial y geopolítica desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca. Lo demuestra lo sucedido en 2025, con la agresión arancelaria estadounidense (difícilmente puede calificarse de guerra una contienda en la que solo una parte dispara y eso fue lo que ocurrió), y los pocos días que van de 2026, con el secuestro de Maduro y las amenazas constantes sobre Groenlandia. Y para afrontarlas la estrategia de Bruselas ha sido ampliar alianzas y acuerdos comerciales: en este camino, el pacto con Mercosur puede definirse como la joya de la corona.
Medio centenar de tractores bloqueando el pasado jueves el acceso al Puerto de Tarragona, en protesta por la ratificación del acuerdo de libre comercio de la UE con los países del Mercosur.
Foto: Javier Díaz (EFE) | Vídeo: EPV
Con la ratificación de este viernes, no se despejan todos los obstáculos para que el acuerdo comercial cuente con todos los vistos buenos necesarios desde el lado europeo. Se despeja un elemento importante y necesario, pero también tiene que lograr la ratificación del Parlamento. Tampoco en esta institución de la UE está garantizado el respaldo. El significativo número de eurodiputados de grupos ultras que hay esta legislatura, el rechazo de La Izquierda y las dificultades que tendrán el resto de grupo para mantener una posición en bloque por los intereses nacionales auguran votaciones ajustadas en las que pueda darse cualquier resultado.
Dos elementos avalan la conclusión de que el paso por la Eurocámara del pacto comercial con Mercosur no será un paseo. Un contingente significativo de parlamentarios quiere llevar el texto al Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría suspender la entrada en vigor del acuerdo y dilatar el proceso. Y, además, el presidente del grupo de extrema derecha, Patriots, Jordan Bardella, ya ha anticipado su intención de presentar otra moción de censura contra la Comisión por este acuerdo. Será la segunda de su grupo en una legislatura que apenas tiene un año y medio de vida.
Desde Europa, la Comisión Europea ofrece una cantidad grande de datos para defender el acuerdo. El libre comercio con el bloque sudamericano, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ofrece el acceso a un mercado de 270 millones de habitantes y un PIB conjunto de unos 2,7 billones de euros. Calcula el Ejecutivo de la UE que el potencial de exportaciones podría aumentar en 84.000 millones y generar unos 756.000 empleos adicionales, beneficiando especialmente al sector automovilístico europeo −muy golpeado por la competencia de los vehículos eléctricos chinos− y a otras industrias, la química o la farmacéutica. También prevé que se mejoren las posibilidades de exportación para la agroalimentación al caer drásticamente aranceles como los del queso, en el 28%, el vino, en el 27%, o las bebidas espirituosas, 35%.
Ninguno de estos números, sin embargo, ha convencido al sector agrícola, que este jueves y este mismo viernes, ha salido a protestar en diferentes partes del continente. Tampoco lo han hecho las salvaguardas semiautomáticas que se aprobaron a finales de 2025, en las que si se detectan distorsiones en el mercado interior −un incremento de importaciones del 5% sobre la media de los últimos tres años o caídas de precios del 10%− se abren investigaciones que pueden llevar medidas provisionales para amortiguar los efectos como la recuperación de los aranceles para los productos afectados. Ni siquiera ha bastado que la Comisión haya propuesto este semana adelantar pagos de la Política Agraria Común en el próximo periodo presupuestario (2028-2034) ni que se suspendan temporalmente las tarifas aduaneras de fertilizantes para el campo, abaratando un producto básico para la agricultura.