Los embajadores de los países de la UE han dado este viernes luz verde por mayoría cualificada al acuerdo comercial con el Mercosur, poniendo fin así a más de 25 años de negociaciones. El acuerdo empezó a negociarse en 1999 y ahora ha sido refrendado por los gobiernos nacionales, en plena tensión también con el sector del campo, movilizado estos días en las principales ciudades europeas. La votación ha salido adelante con 21 votos a favor, incluido el de Italia, y la oposición de Francia, Hungría, Polonia, Austria e Irlanda. España, uno de los principales defensores del acuerdo, también ha dado su sí; Bélgica, por su parte, se ha abstenido. Ahora faltaría la aprobación del Parlamento Europeo.
El pacto político se firmó en diciembre de 2024, pero los socios han tardado más de un año en dar su visto bueno, con la clave de que Bruselas matizó el proceso eliminando la exigencia de unanimidad en la votación (sobre todo para salvar el veto histórico de Francia); ahora la Comisión Europea ha ido ofreciendo salvaguardas al sector primario, así como el adelanto de 45.000 millones de la futura Política Agraria Común (PAC), con la idea de aplacar los recelos sobre todo de Italia pero también de contentar a un sector levantado en pie de guerra. El siguiente paso, una vez firmados todos los documentos, es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, viajen a Paraguay para la rúbrica definitiva del acuerdo.
El pacto, con todo, cuenta con el rechazo del sector agrícola y ganadero, que considera que le deja «en desigualdad de condiciones» con respecto al otro lado del océano porque los estándares a cumplir son más exigentes en Europa. Además, apuntan a que las medidas y salvaguardas propuestas por Bruselas no son suficientes y que un acuerdo de este tipo puede ser «el fin» para el campo comunitario. «Las reformas que se plantean son suicidas», explicaron a 20minutos agricultores movilizados en Bruselas el pasado mes de diciembre, cuando la votación se pospuso por los recelos planteados por Italia.
Desde ASAJA han rechazado de nuevo el pacto. Su presidente, Pedro Barato, insiste en que la organización no rechaza los acuerdos comerciales, pero sí aquellos que se firman sin igualdad de condiciones. «Si en Europa se nos exige cumplir normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios, esas mismas exigencias deben aplicarse a los productos que llegan de fuera. Si no, estamos ante una competencia claramente desleal», ha señalado.
ASAJA advierte de que el acuerdo permite la entrada en el mercado europeo de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, como determinados fitosanitarios o carne producida con hormonas de crecimiento, cuya trazabilidad y control no están plenamente garantizados, tal y como reconocen incluso las propias autoridades comunitarias. «Se está permitiendo que productos con reglas distintas lleguen al mismo consumidor, lo que perjudica a agricultores y ganaderos europeos y también a los consumidores», ha añadido Barato.
La oposición más rotunda salió desde París, y de boca del presidente francés, Emmanuel Macron. «Francia está a favor del comercio internacional, pero el acuerdo UE-Mercosur es un acuerdo de otra época, negociado durante demasiado tiempo sobre una base demasiado antigua (mandato de 1999). Si bien la diversificación comercial es necesaria, los beneficios económicos del acuerdo UE-Mercosur serán limitados para el crecimiento francés y europeo. No justifica exponer sectores agrícolas sensibles que son esenciales para nuestra soberanía alimentaria», escribió en redes sociales. A última hora, Francia intentó que Rumanía se moviera al «no», pero no logró ese cambio. El Gobierno galo, de hecho, espera que el pacto pueda ser tumbado por la Eurocámara.
A la luz verde final se ha llegado después de que los países miembros aprobaran las salvaguardas prometidas por Bruselas ya el pasado mes de diciembre. Entonces, la negociación ajustó el margen de incremento de importaciones o de caída de precios de una serie de productos sensibles importados desde el Mercosur que darían lugar a una investigación y posibles medidas por parte de la Comisión Europea: Bruselas y los gobiernos querían que fuera un 10% y la Eurocámara apostaba inicialmente por un margen más estricto, del 5%.
La importancia de las salvaguardas
Finalmente será del 8%, lo cual implica que el Ejecutivo comunitario tendría que investigar cuando se produzca un aumento en las importaciones de estos productos del 8% en comparación con la media de los tres años anteriores o si, por otro lado, el precio de dichas importaciones es al menos un 8% inferior al del producto europeo comparable. En este sentido, en los productos sensibles de la lista figuran alimentos como el pollo, la ternera, los huevos, los cítricos y el azúcar. La duración de las investigaciones del Ejecutivo comunitario vuelven también a los plazos originalmente previstos por Bruselas (seis meses en general y cuatro para los más sensibles).
El proceso, no obstante, no acaba ahora. Tras la firma, en las próximas semanas el expediente pasará al Parlamento Europeo , que podrá aprobarlo o rechazarlo (no puede modificarlo); si la Eurocámara lo aprueba, el nuevo acuerdo de libre comercio entrará en aplicación provisional tras la ratificación por al menos un país del Mercosur y, después de algunos años de aplicación provisional, será necesaria la ratificación de los parlamentos nacionales, pudiendo países como Francia, Polonia, Hungría u otros denegar su consentimiento en ese momento -algo que ya sucedió con el acuerdo UE-Canadá (CETA)-, por lo que el pacto no se aplicará plenamente hasta contar con la ratificación completa.
La UE estima que el pacto UE-Mercosur permitirá el ahorro de unos 4.000 millones de euros en aranceles al año. Esa ausencia de tasas, además de un aumento de las inversiones, intercambio de información y homologación de las condiciones son algunos de los puntos.
Pero la realidad es que el acuerdo, para la UE, no es solo un papel; no se trata solo del comercio. Por lo pronto, se eliminan aranceles sobre el 91% de las exportaciones de la UE al Mercosur y sobre el 92% de las exportaciones del Mercosur al bloque comunitario, por lo que no solo los intercambios se facilitarán, sino que -si acaba aprobado- el acuerdo también permitirá una relación más fluida entre las dos partes. «Es una cuestión también de confianza estratégica», explicaron en su momento las fuentes consultadas por 20minutos. Y es que, más allá de los bienes, también se habla de servicios: se abren sectores como telecomunicaciones, transporte y servicios financieros a empresas europeas.
Todo esto incluye vínculos a nivel energético o en lo que se refiere a las materias raras, un sector clave para el desarrollo de la UE como ‘competidor’ tanto de China como de Estados Unidos. Y es que Pekín ha incrementado significativamente su influencia en América Latina, principalmente a través de inversiones en infraestructura y comercio (como la soja y minerales). Este acuerdo permite a la UE contrarrestar, reconocen expertos, esta influencia, consolidándose como un socio económico estratégico para el Mercosur. Al mismo tiempo, el pacto sitúa a la Unión frente a Washington, que históricamente ha considerado América Latina como su «patio trasero», en un momento también de tensión con la Administración Trump en términos comerciales y geopolíticos.