Washington D.C. — La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Adela Flores, por parte de Estados Unidos el 3 de enero, no fue simplemente un episodio dramático más en el prolongado conflicto entre Washington y Caracas. En cambio, el hecho dejó al descubierto, una vez más, profundas fracturas tanto en el sistema legal internacional como en el propio entramado jurídico estadounidense.
Numerosos analistas consideran que la captura del líder venezolano y su posterior juicio en Nueva York constituyen un nuevo desafío a los conceptos de soberanía, inmunidad y los límites del uso de la fuerza fuera del marco de una guerra declarada. Mientras la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en presentar el ataque –que también mató a decenas de venezolanos– como un procedimiento penal legítimo destinado a que rinda cuentas un “líder criminal”, expertos en derecho internacional y constitucional argumentan que lo ocurrido sienta un precedente peligroso.
En una entrevista exclusiva con TRT World, Bruce Fein, quien se desempeñó como fiscal general adjunto asociado en el Departamento de Justicia de EE.UU. durante la administración Reagan y supervisó los litigios clave, así como la evaluación de candidatos para la judicatura federal, calificó la captura de Maduro como un hecho que no representa la “aplicación de la ley en ningún sentido jurídico”.
“El derecho internacional no reconoce el derecho de ningún Estado a emitir unilateralmente una acusación formal y luego invadir otro país para arrestar al acusado. Esto abre la puerta a invadir cualquier país del mundo bajo el pretexto de la justicia”, argumenta Fein, integrante del equipo legal de Maduro.
Fein, abogado constitucional, académico y autor del libro El imperio americano antes de la caída, añade: “Si esto fuera la aplicación de la ley, habríamos entrado, arrestado al acusado y salido. No se necesita controlar el petróleo de una nación entera para arrestar a una persona”.
Cabe recordar que fuerzas especiales estadounidenses se llevaron a la fuerza a Maduro y su esposa en un ataque relámpago el pasado sábado en la madrugada y los trasladaron rápidamente a Nueva York para enfrentar un juicio por cargos de narcotráfico y armas, subrayando lo que Trump ha llamado la “Doctrina Donroe” de dominación estadounidense sobre su patio trasero.
Maduro ha negado todas las acusaciones y se mostró desafiante en su primera comparecencia ante el tribunal, durante la cual se identificó como el presidente de Venezuela y afirmó que fue “secuestrado” de su hogar en Caracas.
La captura de Maduro expuso la fragilidad de la línea que separa la aplicación de la ley del ejercicio de la hegemonía. La administración estadounidense no se limitó a capturar al mandatario venezolano: el ataque estuvo acompañado por un discurso político centrado en el control y la gestión del país latinoamericano y de sus recursos.
Así, desde que Maduro fue trasladado a la fuerza a Estados Unidos, funcionarios del Gobierno de Trump han reiterado que Washington controlará Venezuela —el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo— y ejercerá una influencia significativa sobre su gobierno temporal, encabezado por la aliada de Maduro y actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez. De hecho, el propio Trump afirmó en una entrevista publicada este jueves que Estados Unidos podría administrar Venezuela y explotar sus reservas petroleras durante años.
Inmunidad de jefe de Estado
En el plano interno, la operación también plantea interrogantes constitucionales que son igual de graves. La Constitución estadounidense otorga únicamente al Congreso el poder de declarar la guerra y no autoriza al presidente a usar la fuerza ofensiva, excepto en casos de legítima defensa.
Fein, quien ha testificado ante el Congreso más de 200 veces, presentándose como un libertario civil crítico de la política de seguridad nacional de EE.UU., subraya que esta excepción no se aplica en el caso de Venezuela. “Esto no es legítima defensa. Venezuela no estaba atacando a Estados Unidos. Hubo planificación durante semanas, y esto hace que lo ocurrido sea una violación flagrante de la Cláusula de Poderes de Guerra en la Constitución”, afirma.
También destaca que eludir al Congreso no puede justificarse apelando a precedentes históricos. Y añade: “Repetir una violación no la hace constitucional. Así como las acciones de un asesino en serie no se vuelven legales porque se hayan repetido varias veces”.