Washington D.C. — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no entró a la corte de de Nueva York como un jefe de Estado que buscaba distanciarse. Llegó bajo custodia.
Rodeado por agentes policiales de EE.UU., el líder venezolano ingresó a un tribunal federal en el bajo Manhattan este lunes, sin esposas, pero cuidadosamente escoltado. Su destino cambió de Caracas al Distrito Sur de Nueva York.
Maduro, de 63 años, compareció ante el juez Alvin Hellerstein, funcionario veterano de 92 años, conocido por su intolerancia al teatro y el dominio tiene sobre su sala de tribunal.
El presidente venezolano se declaró inocente de todos los cargos.
La acusación es contundente. Narcoterrorismo. Tráfico de drogas. Corrupción. Los fiscales aseguran que Maduro supervisó una empresa criminal vinculada al Estado que convirtió a Venezuela en un corredor de cocaína que llegaba a Estados Unidos.
Los cargos fueron revelados por primera vez en 2020, durante el primer Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump. La acusación señaló a Maduro, así como a altos funcionarios de su círculo, de facilitar envíos de cocaína y proteger operaciones vinculadas a los carteles del narcotráfico.
No obstante, lo que cambió la semana pasada fue la custodia.
Funcionarios estadounidenses describen la captura de Maduro en Caracas, la capital de Venezuela, como una operación militar cuidadosamente planificada. Sus abogados, en cambio, la llaman un “secuestro”.
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El equipo legal de Maduro ya está enviando algunas señales. Durante la audiencia, el mandatario fue representado por Barry Pollack, un destacado abogado defensor conocido por representar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
La elección de este abogado no parece casual: la presencia de Pollack sugiere una estrategia que va más allá de la defensa penal, y se dirige a enmarcar el caso como persecución política.
Y ese enfoque tiene historia.
Juicio de Noriega
Para muchos de los que la veían, la escena en Manhattan evocó inevitablemente un episodio del pasado: el de 1989, cuando fuerzas estadounidenses capturaron al líder panameño, el general Manuel Noriega, y lo trasladaron en avión a Florida para enfrentar cargos de narcotráfico.
Noriega, también, llegó esposado. Noriega, también, argumentó que la soberanía lo protegía de un tribunal estadounidense.
De hecho, Noriega escribió una autobiografía, “America’s Prisoner” (Prisionero de Estados Unidos, en español), en la que describió que su juicio estaba políticamente motivado, ya que el juez William M. Hoeveler negó mociones clave de la defensa sobre inmunidad.
En su relato, Noriega acusó a los fiscales –liderados por Michael “Pat” Sullivan– de fiarse de “mentirosos profesionales” como el narcotraficante Carlos Lehder. También presentó a su abogado, Frank Rubino como un valiente que llevaba las de perder y que aún así luchaba contra restricciones probatorias y recursos limitados.
Sin embargo, los tribunales rechazaron esas afirmaciones. Washington no reconoció a Noriega como el líder legítimo de Panamá, y los jueces dictaminaron que la inmunidad de jefe de Estado no aplicaba.
Así, Noriega fue condenado por ocho cargos y pagó 17 años en prisiones de EE.UU.
¿Inmunidad diplomática?
La comparación no es casual. Es la arquitectura legal sobre la que se espera que el Gobierno de EE.UU. se apoye.
“Claramente hay similitudes”, señala Naomi Roht-Arriaza, una destacada experta en derecho internacional y justicia transicional, en conversación con TRT World. “Los dos fueron acusados de delitos relacionados con el tráfico de cocaína, y ambos fueron llevados a Estados Unidos para ser juzgados bajo circunstancias coercitivas”.
Sin embargo, Roht-Arriaza advierte que la analogía es imperfecta y legalmente peligrosa.
“Noriega no era formalmente el presidente de Panamá en el momento de la invasión”, explica. “Maduro es oficialmente presidente, a pesar de que Estados Unidos no lo reconozca. Al permitir que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asuma el poder y dejar su estructura de poder intacta, Washington parece aceptar que él era el presidente constitucional. Eso plantea cuestiones de inmunidad de jefe de Estado que no estaban presentes en el caso de Noriega”, añade.
Aquí el derecho internacional establece una distinción marcada. Un jefe de Estado en funciones goza de inmunidad personal absoluta contra el procesamiento en tribunales extranjeros. Los exlíderes retienen inmunidad funcional por actos oficiales. Los delitos de narcotráfico no caen dentro de las excepciones reconocidas.