Una muerte retransmitida en directo, a través de un plataforma web, tras pasar varios días recibiendo golpes. Fue lo que ocurrió el pasado agosto con el ‘influencer’ francés Jean Pormanove. En su caso, la autopsia desvinculó el fallecimiento de la intervención de terceros, … al determinar los forenses que se debió a una intoxicación y no a la violencia sufrida. Ahora los Mossos d’Esquadra investigan si la muerte de otro ‘streamer’, en este caso del español Sergio Jiménez, el pasado 31 de diciembre en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), fue consecuencia de otro ‘reto extremo’ online, tras consumir drogas y alcohol a cambio de pagos de otros internautas.
Fuentes policiales consultadas por ABC explican que no es una investigación sencilla, porque tendrían que acreditarse presiones, coacciones o vejaciones y su relación directa con el fallecimiento. A la espera de que la autopsia certifique las causas del de Jiménez, de 37 años, los agentes se afanan en analizar sus dispositivos. El principal escollo al que se enfrentarán, como suele ocurrir con los delitos informáticos, será conseguir la colaboración de las plataformas para poder rastrear a los usuarios que habrían accedido a ver el contenido ofrecido por la víctima a cambio de dinero.
A partir de ahí, las pesquisas se centran en analizar el entorno del fallecido, tanto personal como digital, para determinar si alguna comunidad online, o personas concretas pudieron haber influido en el fatal desenlace. Con la preceptiva autorización judicial, se rastrearán dispositivos, cuentas, comunicaciones en chats, foros, redes sociales y plataformas de ‘streaming’ con el objetivo último de identificar posibles coacciones, retos, o incitación.
Por la vía judicial se pueden solicitar direcciones IP -número único que identifica a un dispositivo en una red- u otros datos digitales -como el historial- para llegar hasta los sospechosos. Otra de las posibles vías es rastrear los pagos que recibió el ‘streamer’ para llegar así hasta los ‘voayeurs’ de su sufrimiento. La cuestión es que, según indican penalistas consultados por este diario, será muy complicado perseguirlos por un delito de inducción al suicidio. «El Código Penal establece que necesita de una conducta directa, decisiva y reiterada», explica Cristina Molins, del Despacho Molins. Es decir, a no ser que la Policía catalana localice mensajes «muy claros», que empujasen a Jiménez a quitarse la vida, animarlo a cumplir un reto, no encajaría en el tipo penal descrito.
Es más, la abogada precisa que el autoconsumo de alcohol y drogas no está penado, por lo que quienes hubiesen pagado a Jiménez por ello le incitaron a una conducta no delictiva, por mucho que esta pusiese en riesgo su vida. Puntualiza además Molins que, aunque el riesgo fuese extremo, estaríamos hablando de dolo eventual, excluido en la inducción al suicidio. «El hecho de pagar nos llevaría a una posible coacción de una conducta no penada». Pese a ello, indica que habría que analizar si cabría la sanción por dolo eventual en caso de poder probar que los incitadores al reto se representaban el resultado de muerte como altamente probable. Otras voces consultadas apuntan hacia una posible omisión del deber de socorro por parte de aquellos que hubiesen presenciado su agonía a través de la pantalla, pero será igualmente difícil de probar. Tendría que ser muy evidente, y que algún mensaje enviado al ‘streamer’ lo demostrase. Así, pese a ser reprobable socialmente, a nivel penal, tiene difícil encaje.
Por su parte, el abogado Francesc Feliu, que desde Barcelona lleva las querellas de varios moderadores de contenido contra Meta, explica a ABC que, pese a que las plataformas presumen de contar con mecanismos para controlar lo que se publica, cuando los empleados lo «escalan» -dan la alarma-, no saben cómo se gestiona su alerta. «Si ven un suicidio en directo o una agresión, no tienen ni idea de qué ocurre después o de si alguien ha alertado a la Policía», apunta el letrado, que reprocha la «opacidad absoluta de las redes sociales», cuando de ellas depende «evitar ese tipo de delitos».
¿Inducción al suicidio?
A no ser que la Policía localice mensajes «muy claros» que empujasen a Jiménez a quitarse la vida, será difícil perseguir a quienes le pagaron por ver cómo se autodestruía en directo
En el caso de Sergio, tal y como desveló ‘El Periódico’, fue su hermano quien lo encontró muerto. Estaba en su habitación, en la casa familiar. En la estancia, una botella de whisky y restos de lo que parecía cocaína. Según el propio entorno del ‘streamer’, tenía activa una conexión en directo, y, al otro lado de la pantalla, pudieron escuchar como alguien le preguntaba si ya estaba ‘durmiendo la mona’.
Simón Pérez, junto a su compañera, Silvia Charro, durante una entrevista
RR.SS
Fue otro ‘streamer’, Simón Pérez, el economista que se hizo viral en 2017 por un vídeo sobre hipotecas que grabó bajo los efectos de las drogas, el que detalló a través de su canal de YouTube que Jiménez habría fallecido tras consumir seis gramos de cocaína y una botella de whisky en pocas horas. El propio Pérez, que también ofrece este tipo de contenido -los denominados ‘retos extremos’- por el que se autodestruye en directo a cambio de ingresos de otros internautas, había protagonizado vídeos con Jiménez. Para hacerlos, escapaban del control de las plataformas -YouTube, Kick o Twitch- para evitar que ‘capasen’ su contenido, y recurrían a grupos privados de Telegram, para derivar las comunicaciones a un canal privado, como Google Meet.
Juego de poder
Pero, ¿qué lleva a alguien a pagar por ver sufrir a otra persona? «El espectador no se identifica con quien sufre, sino con la posición segura y dominante desde la que observa. Pagar significa participar sin arriesgar el cuerpo. Poder sin coste personal», explica Antonio Andrés-Pueyo, catedrático de Psicología de la Violencia en la Universidad de Barcelona.
El experto sostiene que este fenómeno, similar a un «linchamiento en directo», en el que un grupo observa, un individuo se expone, y la pantalla actúa como escudo hacia la impunidad, guarda una estrecha relación con otros tres: el consumo de violencia legitimada -como peleas-, cuyo mecanismo común es la suspensión de la empatía, por la aceptación del sufrimiento al presentarse como un juego o reto. También alude al ‘True Crime’ y sus formatos más sensacionalistas, ante la fascinación por la muerte, y el consecuente distanciamiento moral. Además, está el escarnio en redes sociales, que también permite el anonimato y la deshumanización de la víctima.
Pueyo distingue tres actores: el propio protagonista, que es quien se autolesiona o consume grandes cantidades de alcohol y drogas ante la cámara, ejerciendo una conducta casi suicida. Luego, quien lo produce, y, finalmente, el observador. «Un triángulo que aparece en muchos casos de conducta violenta». Y compara a los observadores con «torturadores», que sienten que tienen el poder.
Un juego de poder
Un grupo observa, un individuo se expone, y la pantalla actúa como escudo hacia la impunidad
Algo en lo que coincide la psicóloga forense y criminóloga Elisa Micciola, que detalla, precisamente, que quienes pagan o incitan a este tipo de retos lo hacen por un «juego de poder», con la intención de obtener una sensación de control. «En redes sociales existe un impacto inmediato, porque puedes ver qué pasa». A lo que se suma la impunidad que proporciona hacerlo tras una pantalla. «Es un juego de poder y de impunidad. Un cóctel tremendo para que se hagan este tipo de barbaridades», indica.
En cuanto a quienes protagonizan estos contenidos, expertos en comunicación, como Silvia Martínez, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explican que persiguen generar «impacto», muchas veces, corriendo riesgos. «Pretenden llegar a más gente y obtener una recompensa por ello. Aunque hablemos de un entorno virtual, es tangible». De los ‘likes’ a los ingresos. En cuanto a los propios creadores de contenido, señala que también influye la adrenalina, que disminuye la percepción de peligro, llevando el cuerpo al límite, sin ser plenamente conscientes de las consecuencias de la propia conducta.
Otro investigador y profesor de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), Òscar Coromina, apunta que el ecosistema en plataformas como YouTube es «altamente competitivo» y por eso, cada vez más, los creadores de contenido buscan diferenciarse. Lo que a veces lleva a ese tipo de comportamientos de riesgo. «El contexto de precarización del creador, que compite con mucha otra gente, les lleva a hacer propuestas cada vez más arriesgadas, porque los ingresos que obtienen, vía monetización, son cada vez más escasos».