El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó tras la reunión de la denominada «coalición de voluntarios» del pasado día 6 de enero, que España estaría dispuesta a enviar tropas a Ucrania para respaldar un hipotético acuerdo de paz. Esta semana iniciará una ronda de consultas con sus socios de gobierno y con los grupos parlamentarios para discutir una cuestión que, por el momento, está lejos de concretarse. Para justificar esa participación, el presidente aludió al acervo histórico español en misiones militares en otras partes del mundo para proteger la paz y la seguridad internacional. Sin embargo, este potencial escenario será muy distinto a los teatros bélicos pretéritos. 

«Una eventual misión de las fuerzas armadas en Ucrania no sería equiparable a la mayoría de los despliegues realizados hasta ahora: se trataría de un escenario de guerra de primer orden»

Estar en el esfuerzo liderado por Reino Unido y Francia se alinea, sí, con nuestro compromiso histórico. Pero el argumento de Sánchez muestra la pobreza de nuestro debate estratégico. La responsabilidad española amerita mejores razones. Una eventual misión de las fuerzas armadas en Ucrania no sería equiparable a la mayoría de los despliegues realizados hasta ahora: se trataría de un escenario de guerra —incluso ante un cese de hostilidades— de primer orden. Comprender sus implicaciones es imprescindible para tener un debate honesto sobre lo que realmente está en juego y actuar en consecuencia.
La fuerza militar de Estados europeos de, al menos, entre 10.000 y 30.000 efectivos no solo tendría como objetivo verificar el alto el fuego, sino también apoyar a las fuerzas armadas ucranianas —en un horizonte cercano al millón de soldados— y la reconstrucción del sector de defensa del país. Mientras, Estados Unidos apoyaría el acuerdo mediante su monitorización. Asimismo, y este es el quid, la «coalición de voluntarios» (coalition of the willing) serían la garantía de seguridad de Ucrania. Por tanto, seríamos fuerza de interposición y fuerza de parte. Significa que España y el resto de «dispuestos» serían el baluarte frente a una nueva agresión rusa. Esta garantía es existencial para el país europeo y, habida cuenta de las posiciones maximalistas territoriales rusas, una línea roja para la potencia euroasiática; no hay señales de que Rusia esté dispuesta a aceptar ni los términos especulados sobre el acuerdo, ni una presencia militar permanente europea.
Dichas premisas exponen, además, las tremendas debilidades estructurales que han venido condicionando la postura europea durante el conflicto ucraniano, ya desde 2014. En primer lugar, el hecho de que se articule mediante una «coalición de dispuestos» evidencia la existencia de sensibilidades, voluntades y capacidades muy dispares entre los Estados europeos ante una misión que afecta directamente al núcleo del orden de seguridad del continente. Una circunstancia que señala el vacío retórico de un «ejército europeo».  
En segundo, una misión tal debería disuadir a Rusia de futuros ataques, siendo parte de la gestión de una posible escalada bélica. En este punto resulta inevitable señalar que, a lo largo de la guerra, Estados Unidos ha sido el actor clave para el control de la escalada con Rusia gracias a sus capacidades militares y estratégicas. Paralelamente, la disuasión ofensiva desplegada por Moscú —esto es, el uso de la disuasión no como mecanismo defensivo, sino como instrumento para garantizar la no interferencia externa en sus acciones— ha demostrado ser terriblemente eficaz frente a los europeos. El temor a una guerra aún más abierta ha condicionado de forma significativa la opinión de numerosos aliados, limitando su disposición a confrontar a Rusia de manera más decidida. Y así continúa haciéndolo ante sus tácticas en zona gris. 

«Una misión española en Ucrania supondría un desafío para nuestras culturas estratégicas y de defensa y chocaría con la tradición estratégica contemporanea de España»

Asumiendo que la misión se llevase a cabo: esta chocaría con la tradición estratégica contemporánea de España. Al contrario de lo insinuado por el presidente, supondría un desafío para nuestras culturas estratégicas y de defensa. El referente más cercano sería el despliegue en la enhanced Forward Presence (eFP) de la OTAN en Letonia. Otra misión que, pese a su relevancia, ha sido también explicada y discutida de manera muy limitada, tanto en el parlamento como por la opinión publicada. La «ola» de análisis geopolítico que vivimos aporta poco al respecto.
En efecto, la tradición de operaciones internacionales ha estado marcada por misiones de mantenimiento o restablecimiento de la paz, actuando como intermediario neutral entre contendientes, caso de los «cascos azules» en la exYugoslavia o Líbano. Otro tipo de misiones han sido las de formación y adiestramiento de fuerzas locales en el exterior, bajo paraguas de la UE o de la OTAN; misiones de reforma del sector de seguridad de carácter no ejecutivo, es decir, sin operaciones de combate. Actualmente se hace con Ucrania: una de las banderas enarboladas por España ha sido su contribución a la misión de entrenamiento de tropas ucranianas, con el ‘Toledo Training Coordination Centre’ como uno de sus principales elementos. También misiones de state-building, con un componente relevante de relación con la población local, como fue Afganistán o, de nuevo, el Líbano. Estas son las coordenadas estratégicas y operacionales en las que las elites y la sociedad españolas se han sentido cómodas. 
Sin embargo, la reunión de París puso otra vez sobre la mesa una misión cuyo componente central sería la disuasión y defensa, no tareas de imposición de la paz o asistencia a la nación. Al respecto, la eFP en Letonia ofrece una clave interpretativa relevante, aunque rara vez debatida públicamente, como señalaba. Amén de ser una misión de apoyo al país báltico, su función esencial —como el resto de misiones en el «Flanco Este»— es la de constituir una «disuasión de disparador», es decir, una disuasión basada en una tripwire force (literalmente, «fuerza de disparador»). La presencia de tropas aliadas en primera línea no está diseñada para derrotar al adversario, sino para asegurar que cualquier ataque active automáticamente los mecanismos de defensa colectiva —el Artículo 5 de la OTAN o el Artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea—. En ese escenario, España no se vería involucrada en un conflicto por un compromiso abstracto con un aliado, sino porque nuestras propias tropas serían objeto directo de un ataque. 

«Enviar tropas a Ucrania o a Groenlandia implicaría tomar partido de forma explícita para disuadir a Rusia y, llegado el caso, combatir»

Esto explica nuestra presencia en Letonia y esa sería nuestra finalidad en Ucrania. No se trataría de una fuerza de interposición neutral entre dos ejércitos ni de una misión orientada a ganarse a la población local, sino un despliegue destinado a garantizar que cualquier agresión rusa constituya un ataque directo contra la seguridad de los países participantes. En la práctica, ello implicaría tomar partido de forma explícita para disuadir a Rusia y, llegado el caso, combatir. No se trata, por tanto, de continuar la senda de intervenciones internacionales que España ha seguido durante décadas, sino la confrontación aún mayor, por el riesgo y la volatilidad del escenario, frente a una potencia imperialista. 
Este planteamiento obliga a considerar los intereses y consecuencias operacionales y estratégicas de estos despliegues. También si se planteara la posibilidad de enviar tropas españolas a otros lugares sensibles, como Groenlandia. Si España optara por respaldar la alternativa francesa favorable a la presencia de fuerzas militares europeas en el territorio danés, debería asumir que ese compromiso no solo tendría una dimensión disuasoria, sino defensiva directa frente a las pretensiones de Estados Unidos o de otras potencias. Esa es la realidad estratégica del momento. 
Tal nivel de compromiso dificulta aún más su viabilidad política doméstica, habida cuenta de la oposición sistemática a muchas de las medidas de apoyo a Ucrania por parte de los socios del lado socialista del gobierno. Pero ese es el debate que deberíamos mantener si se quiere sostener una posición de país, evitando el ir saltando de acontecimiento histórico en acontecimiento histórico. Tanto el Ejecutivo, como sus socios, como la oposición han de abandonar los lugares comunes que caracterizan el debate público sobre la política de defensa en España, confundiendo lo normativo con lo analítico. Es imprescindible una discusión seria, en términos estratégicos, sobre qué quiere España y hasta dónde están dispuestas sus élites y su sociedad a asumir costes y sacrificios en defensa de la seguridad europea. 

«Tanto el Ejecutivo, como sus socios, como la oposición han de abandonar los lugares comunes que caracterizan el debate público sobre la política de defensa en España, confundiendo lo normativo con lo analítico»

En definitiva, aunque en el futuro seguiremos implementando misiones de estabilización, adiestramiento o restablecimiento de la paz —vector de desarrollo en nuestro «Frente Sur»—, los riesgos geoestratégicos actuales apuntan a la intensificación de un nuevo tipo de misiones internacionales directamente vinculadas a la defensa nacional, muy distintas al grupo de operaciones llevadas a cabo desde finales de los años noventa. Afrontarlas exige un cambio de actitud política, la continuidad en la adaptación de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, una revisión profunda de una cultura estratégica y de defensa que, hasta ahora, han mostrado serias dificultades para asumir este nuevo contexto.