La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) prepara la concesión de un préstamo participativo de 700 millones de euros a Radio Televisión Española (RTVE) con el objetivo de sanear su situación financiera y hacer frente al importante desajuste económico provocado por el denominado «agujero del IVA», tal y como ha podido saber El Mundo en exclusiva. La operación busca garantizar la viabilidad del ente público ante un escenario de elevada incertidumbre contable y judicial.
El problema se origina en un prolongado conflicto entre RTVE y la Agencia Tributaria por la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido a determinadas subvenciones e ingresos. Esta discrepancia ha derivado en liquidaciones millonarias que han impactado de forma significativa en el balance de la corporación y que podrían agravarse si la Justicia falla en contra de RTVE en los procedimientos actualmente en curso.
Ante esta situación, el préstamo participativo se plantea como una herramienta extraordinaria de apoyo financiero. Este tipo de instrumento, a medio camino entre la deuda y el capital, permite reforzar los fondos propios de la entidad sin recurrir a una inyección directa de capital, al tiempo que ofrece mayor flexibilidad en su devolución y prioridad subordinada frente a otros acreedores.
La intervención de la SEPI responde al carácter estratégico de RTVE como medio público esencial y a la necesidad de evitar un deterioro mayor de su solvencia. En los últimos ejercicios, la corporación ha afrontado tensiones de tesorería derivadas tanto del litigio fiscal como del aumento de costes operativos y de un contexto presupuestario marcado por la prórroga de las cuentas públicas.
El préstamo de 700 millones permitiría a RTVE cubrir posibles contingencias fiscales, estabilizar su balance y asegurar la continuidad de sus operaciones, mientras se resuelven los procesos administrativos y judiciales pendientes. Desde el entorno institucional se considera que esta medida es clave para preservar el servicio público audiovisual y evitar un impacto mayor sobre las finanzas del ente.
La operación, no obstante, se produce en un contexto de debate político sobre la gestión y financiación de RTVE, donde el uso de recursos públicos para su sostenimiento vuelve a situarse en el centro de la discusión. A la espera de confirmación oficial y de los detalles finales de la operación, la decisión de la SEPI marcará un punto de inflexión en la situación económica de la radiotelevisión pública.