La Audiencia Nacional ha archivado la investigación para determinar si el apagón del 28 de abril se debió a un «sabotaje terrorista» al determinar que no existe «un mínimo indicio» de que el cero eléctrico fuera provocado por causas distintas a una disfunción del sistema eléctrico.
En un auto difundido este lunes, el titular de su juzgado de instrucción número 4, José Luis Calama, dicta el sobreseimiento provisional de la investigación al descartar que el histórico apagón pudiera deberse por un ataque externo, mediante un ciberataque del que no encuentra evidencia alguna tras analizar diversos informes de organismos especializados.
Recibidos todos los informes técnicos que solicitó para ello, el auto descarta «de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentra en una acción de terrorismo informático».
Esta es la conclusión a la que llega el magistrado después de conocer las conclusiones de los distintos informes que solicitó a organismos de vigilancia de ciberdelincuencia y terrorismo, en una investigación que se incoo de oficio ante la posibilidad de que el cero eléctrico hubiera tenido un origen de naturaleza terrorista.
De hecho, la posibilidad de que el apagón se hubiera debido a un ciberataque fue algo que el Gobierno no excluyó en los primeros días tras el histórico cero eléctrico, en los primeros días tras el apagón, cuando el presidente, Pedro Sánchez, llegó a decir que «sería imprudente descartar cualquier tipo de hipótesis». algo que sí se hizo poco después. Así lo ha recordado también este lunes la directora del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Loreto Gutiérrez Hurtado, en una comparecencia ante la comisión de investigación sobre el apagón del Senado, en la que ha sido cuestionada también por las primeras afirmaciones que es hicieron no descartando un ciberataque, en el sentido de que al inicio de la investigación para saber la causa de lo ocurrido no era el momento de descartar ninguna hipótesis. «Cuando se inicia el análisis de una situación de la complejidad como la del 28A, no se puede descartar nada inicialmente», ha apuntando para añadir también que «no se encontró evidencia de ciberataque».
«Conflicto» entre Red Eléctrica y compañías
Esto mismo es lo que hace el juez Calama en su auto de archivo en el que, además de no ver evidencia alguna que pudiera indiciar la existencia de un sabotaje terrorista, lo que concluye es un «conflicto de naturaleza eminentemente administrativo y/o civil relacionado con los distintos operadoras que intervienen en la generación de energía eléctrica», entre los que descarta «cualquier indicio delictivo», de modo que «deben quedar fuera de la vía penal», «máxime cuando existen otros mecanismos de solución», apunta el magistrado.
Entre los informes que recabó para su investigación en la Audiencia Nacional está el que elaboró el Ministerio para la Transición Ecológica, que apunta que el apagón tuvo un «origen multifactorial» con «tres elementos» que Calama incluye en su auto. El primero de ello, relacionados con una «insuficiente» capacidad de control de tensión del sistema porque Red Eléctrica había programado el número de centrales síncronas «más bajo desde inicio de año» y a que «varias centrales capaces de regular tensión no respondieron adecuadamente» a las consignas de Red Eléctrica. Asimismo, este informe identificó «oscilaciones» y desconexiones de centrales de generación, «algunas de un modo aparentemente indebido».
«Faltaron recursos de control de tensión, bien porque no estaban programados en suficiencia, bien porque los que estaban programados no la proporcionaban adecuadamente o bien por una combinación de ambos, pero no porque faltaran en el país, porque había un parque de generación más que suficiente para responder», concluye el magistrado, que cierra la vía penal en un contencioso que sigue enfrentando a Red Eléctricas y las compañías eléctricas, que investiga la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que podría imponer multas de hasta 60 millones y quitar autorizaciones para operar, y que previsiblemente será objeto de reclamaciones de daños y perjuicios ante los tribunales, cuando se determine de quién fue la responsabilidad del apagón.
Ni rastro de cibercrimen, actores estado o terroristas
Por lo que respecta a un ciberataque o al «sabotaje terrorista» que ha estado investigando la Audiencia Nacional, el juez instructor lo descarta, atendiendo al análisis de los 70Gb de archivos que hizo el Centro Criptológico Nacional sobre los eventos de seguridad que generan sus sistema de Tecnología Operativa o del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), que visitó cinco centros de control de las estaciones de generación eléctrica y tampoco observó «ningún ciberataque de grupo de cibercrimen, actores estados o grupos terroristas tras las infraestructuras objeto de análisis».
De la misma manera, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) tampoco detectó «ningún tipo de acción potencialmente dañina de carácter cibernético» en los ocho informes que piso a disposición del magistrado Calama, igual que las doce visitas a centros de control del sistema eléctrico que hizo la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), «sin que se hayan obtenido indicios de ningún tipo de ciberataque», abunda el auto.
La Comisaría General de Información remitió a la Audiencia Nacional el análisis de más de 8.000 grabaciones y más de un millar de correos que proporcionó Red Eléctrica sobre conversaciones y intercambio de información entre el 18 y el 30 de abril que tampoco llevan a la posibilidad de un ciberataque o «intrusión a los sistemas de REE».