La Comunidad Valenciana no respaldará el nuevo modelo de financiación autonómica si no incorpora ya en 2026 un fondo de nivelación de 1.800 millones de euros y la condonación de los 40.000 millones de deuda -de un total de 60.000- … que se estiman que son consecuencia directa de un sistema caducado durante más de una década. Los expertos inciden en la necesidad de activar ambos mecanismos para que la autonomía no se vea lastrada por los problemas del pasado en caso de que la propuesta salga adelante.
«Si esos principios no están sobre la mesa, no lo vamos a apoyar», ha aseverado este martes el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recordando que el Gobierno central no ha hecho mención a ninguno de ellos y criticando de nuevo que se haya negociado con los independentistas y no con los territorios. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha ahondado también en la falta de información pese a que «las cifras iniciales no pintan mal».
Junto a la Región de Murcia, la valenciana es la que más sufre el actual modelo. Con la proposición que el Gobierno lleva este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pactada antes con ERC y que no se aplicaría hasta 2027, recibiría 3.669 millones de euros más al año.
Una cuantía que acercaría «significativamente» a la Comunitat a la media de ingresos por habitante en España, según ha señalado el presidente de la comisión de expertos sobre financiación y director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Francisco Pérez, tras reunirse la comisión mixta en la que participan el Gobierno autonómico y los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas.
Desde el PSPV-PSOE exigen a Pérez Llorca que actúe como presidente y no como «delegado de Génova», mientras en Compromís no aclaran si apoyarán la propuesta -que consideran «positiva»- en caso de llegar al Congreso, aunque siguen reclamando el fondo de nivelación transitorio y la condonación de la deuda «ilegítima». Por su parte, Vox ha continuado cargando contra el modelo autonómico.
Aunque ha criticado que la falta de trasparencia del Ministerio de Hacienda les ha impedido hacer unos cálculos más detallados, Francisco Pérez ha celebrado que haya voluntad de que se reduzcan las diferencias entre las comunidades, al plantear distribuir los recursos en base a la población ajustada: «Nos aleja de otro camino que nos parecía peligroso: que hubiera una generalización de un sistema que genera desigualdades muy importantes, que sería el cupo».
Respecto al anteproyecto de ley que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez para condonar una parte de la deuda autonómica, el director del Ivie ha lamentado que sólo contemplaba una quita de 11.210 millones y que no les convencían los criterios utilizados porque «debería haber sido proporcional a los dos tipos de infrafinanciación: colectiva (insuficiencia de recursos de todas las comunidades) y relativa (trato desigual a una comunidad)».