El paquete de medidas en vivienda anunciado por el presidente Pedro Sánchez ha generado interés en Balears, pero también dudas. Sánchez adelantó una exención completa en el IRPF a los propietarios que congelen los alquileres. Pero los profesionales inmobiliarios coinciden en que debido a la situación del mercado en las Islas, difícilmente esa bonificación será más rentable que una subida directa.
Con todo, los expertos consultados creen que puede ser un empujón para animar a los caseros que estén satisfechos con el inquilino y prefieran renunciar a ese margen a cambio de ahorrarse las molestias de buscar otro arrendatario. Los movimientos sociales, mientras, no sólo dudan de la eficacia de la medida sino que además cuestionan su enfoque, denunciando que se premia con dinero público a los rentistas.
«Cada propietario evaluará. Puede ser rentable a nivel fiscal, pero muchos si ven que aumentar el precio le supone más ingresos que lo que se ahorra en IRPF, lo aumentarán», apunta el delegado provincial de la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios de Catalunya y Balears, Jaume Borràs. Este experto aclara que esta bonificación sólo es de aplicación para vivienda habitual, y que de hecho ya existe y sencillamente se ampliaría.
El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), José Miguel Artieda, celebra que el propósito sea incentivar al propietario en lugar de «trasladarle el deber de solucionar el problema», aunque duda de que los números sean más favorables con la rebaja fiscal. Se renegociarán contratos firmados hace cinco años y en ese tiempo los precios de mercado han crecido un 40 %; por ello Artieda augura que en Balears este incentivo fiscal no suplirá el potencial incremento. Pero «ante el temor de un mal inquilino, puede ser un buen argumento». «Cambiar de inquilino teniendo uno bueno es arriesgado», y puede conllevar gastos o tener el piso vacío una temporada.
En la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI) hacen una lectura similar. Su presidente, Daniel Arenas, ve la política de incentivos más positiva que la limitación de precios pero insiste en que el resultado se verá caso por caso. Añade a esto un factor de conciencia social de cada propietario: «Al final la situación nos afecta a todos».
Los movimientos sociales deploran la medida. «La bonificación a propietarios la pagamos otra vez los ciudadanos», censura la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ángela Pons, que tampoco cree que el incentivo vaya a tener eficacia: «A ningún propietario le conviene. Siempre ganará más con la subida». No hay límite a lo que puede pedir el casero una vez finalizado el contrato, por no hablar de que «muchísimos no declaran sus arrendamientos», apostilla el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios, Alfonso Rodríguez. Mensaje en la línea con el Sindicat de l’Habitatge de Palma: «Nos parece una vergüenza que con los números históricos del negocio de la vivienda la solución sea dar beneficios a los propietarios. Es normalizar la situación en lugar de atacar los privilegios de los rentistas», protesta Miquel Durán.
Habitaciones
Sánchez también prometió medidas para combatir el fraude en alquileres de temporada y por habitaciones. Estas dos figuras escapan a las exigencias de la Ley de Arrendamientos Urbanos y se ha dado un «aumento desproporcionado» en Baleares, desplazando a alquileres convencionales, advierten los agentes de la propiedad. El control público sobre esta actividad es prácticamente nulo y se dan muchos abusos, como reconvertir en habitaciones zonas comunes de un piso para sacar más rédito o hacer pasar por temporales contratos que en realidad son de larga duración. En el Sindicat ven ejemplos a diario, a cada cual más sangrante, pero opinan que nuevas regulaciones son sólo una «medida paliativa». Los inquilinos terminan consintiendo estas situaciones porque «no tienen más remedio» y denunciar los aboca a terminar en la calle, lamentan en Consubal. «Se están vulnerando derechos humanos», clama la PAH.
«Nos parece bien que se intente regular porque el alquiler de habitaciones se ha ido de madre», apunta ABINI. Mientras, el presidente de los agentes de la propiedad propone que el Colegio vise este tipo de contratos para poder llevar un control.
El apunte
Prohens recela de la «letra pequeña» de la propuesta