María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, y Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, son diputados electos por las circunscripciones de Sevilla y Valladolid, respectivamente. Perciben los salarios correspondientes como miembros del Gobierno, al que no se suma la … nómina de diputado, pero sí están cobrando la indemnización mensual que fija la Cámara Baja para gastos en la capital, principalmente los de vivienda.
Se trata de una cuantía mensual de 2.078,92 euros (en realidad más, pues se cobran 14 pagas). Los diputados electos por Madrid reciben menos de la mitad, 992,31 euros, pero en su caso sobrepasan los 2.000 euros porque el Congreso entiende que los diputados en cuestión tienen que asumir gastos de alojamiento en la capital de España. Pero se da la circunstancia de que la vicepresidenta primera de Pedro Sánchez y el ministro de Transportes tienen todos sus gastos cubiertos como ministros. Ambos residen en casas propiedad de Patrimonio del Estado. En el caso de Montero es una vivienda habilitada dentro de las dependencias del Ministerio de Hacienda, mientras que Óscar Puente habita un lujoso ático cerca del Congreso de los Diputados, como publicó ABC.
Los más de 2.000 euros mensuales de dieta para gastos son libres de impuestos porque el artículo 17.2 b) de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre establece que «es una cantidad dedicada, pues, a cubrir gastos y por ello exenta de tributación».
En ambos casos se da esta duplicidad porque ni Montero ni Puente renunciaron a su condición de diputados, como sí hicieron otros ministros, y, por ley, les corresponde la indemnización mensual, aunque no tengan que trasladarse desde Sevilla y Valladolid a Madrid para sus tareas políticas. La única manera de no cobrar esta dieta libre de impuestos sería renunciando a ella.
Fuentes del gabinete de Óscar Puente confirman a ABC que el ministro percibe los 2.078,92 euros mensuales —29.104,88 al año en catorce pagas— y defienden que así sea. «Es legal y la cobra como cualquier otro diputado que no es de Madrid», dicen las fuentes consultadas, que aseveran que ese dinero no tiene que ser necesariamente para vivienda, sino para gastarlo «en lo que considere». Sostienen que el asunto «no tiene trascendencia» y añaden que en el pasado ha habido «otros casos».
Estas indemnizaciones que abona el Congreso llevan años generando polémica, pues hay decenas de diputados, de todo signo político, que residen en Madrid desde hace diez, veinte o treinta años, pero cuando llegan las elecciones generales se presentan por las circunscripciones de sus provincias de origen, para liderar esas listas y para garantizarse la elección, pues no todos saldrían en la de Madrid. Resultan electos y reciben los 2.000 euros mensuales aunque vivan en su casa de la capital. Pero en el caso de Óscar Puente y María Jesús Montero se da la circunstancia de que son también ministros y han optado por residencias oficiales que dependen, precisamente, del Ministerio de Hacienda, que es quien gestiona Patrimonio del Estado y corre con todos los gastos, incluidos los consumos de electricidad, gas y agua.
María Jesús Montero cobra 123.994,70 euros año, de los que 94.889,82 son su salario como vicepresidenta del Gobierno, que se complementan con los 29.104,88 de la indemnización del Congreso, según datos recabados por Newtral. Por su parte, Óscar Puente ingresa 110.941,72 euros brutos al año, 81.836,84 euros como ministro de Transportes y las dietas del Congreso libres de impuestos.
El político vallisoletano reside actualmente en un lujoso ático en el que el Ministerio de Hacienda invirtió más de un millón de euros para su reforma integral. Con una superficie construida de 575 metros cuadrados, Patrimonio del Estado lo dividió en dos viviendas de 270 y 239 metros cuadrados, además de 66 de elementos comunes, una adscrita al Ministerio de Transportes y la otra al de Igualdad, que la ocupa su actual ministra, Ana Redondo.
Se trata de la quinta planta de un inmueble señorial ubicado en una de las mejores zonas de Madrid, entre el paseo del Prado y el Congreso de los Diputados. Las obras se ejecutaron en el ático, que cuenta con dos entradas.
El contrato fue adjudicado en julio de 2023, aunque la Plataforma de Contratación del Sector Público lo publicó ya en diciembre de ese año. Las obras terminaron hace unos meses, según fuentes conocedoras de la reforma. El importe de la adjudicación ascendió a 1.067.082,59 euros, impuestos incluidos, aunque durante la ejecución hubo una desviación al alza de no menos de cien mil euros, extremo que no ha podido ser confirmado oficialmente.
El contrato lo adjudicó la Subsecretaría de Hacienda y Función Pública, de quien depende la Dirección General del Patrimonio del Estado, y la ha ejecutado Fernández Molina Obras y Servicios, una empresa líder en grandes reformas y rehabilitaciones y la única que presentó oferta en el concurso público. Cuenta en su porfolio con restauraciones tan emblemáticas como la de la Puerta de Alcalá, la Fuente de Cibeles, el Templo de Debod o la reforma del zaguán del Banco de España.
Las fuentes consultadas por este diario aseveran que la obra como tal comenzó en torno a junio de 2024, después de la etapa correspondiente a los trabajos de arquitectura, y se prolongó durante un año, aproximadamente. Ambos pisos fueron remozados en su totalidad y se han utilizado materiales de primera calidad. Solo el apartado de climatización ascendió a «200.000 euros», dicen fuentes oficiosas.
El pliego de prescripciones técnicas particulares, de 95 páginas, recoge detalles que van desde la demolición de tabiques hasta la carpintería de madera y aluminios, pasando por aislamientos, revestimientos y distintas instalaciones.
Según su última declaración de bienes oficial presentada en el Congreso de los Diputados, Óscar Puente es propietario de seis inmuebles, en concreto cuatro casas y dos garajes. En Valladolid posee dos viviendas y dos garajes al 50 por ciento y una tercera vivienda al 25 por ciento. La cuarta casa, la más reciente, la adquirió Puente en Alicante este mismo año y es propietario de la mitad.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno es propietaria de tres viviendas, un local y un garaje. Todos los inmuebles están ubicados en Sevilla y los posee al 50 por ciento.
Al margen de la vivienda y otros gastos de sus señorías que sufraga el Congreso con la indemnización mensual, los diputados tienen cubiertos los costes de transporte. En este caso no se les entrega una cantidad fija sino que se le abona directamente el billete a la empresa transportista, salvo que usen su propio coche, en cuyo caso se les abona el kilometraje. Para moverse por la ciudad de Madrid se les entrega una tarjeta para pagar taxis con un límite anual de 3.000 euros. En los casos de María Jesús Montero y Óscar Puente, al ser ministros, no necesitan estos servicios, pues disponen de vehículos oficiales y sus respectivos ministerios organizan y abonan los viajes fuera de la capital.