María Jesús Montero pagará 140 euros menos a un andaluz que a un catalán por los mismos servicios públicos

Con la revisión del sistema que ha sido diseñado por el Gobierno progresista con los nacionalistas catalanes y a espaldas del resto de regiones, la también secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Presidencia de la Junta ha proclamado que ninguna comunidad pierde recursos y que su comunidad es la que saldrá «más beneficiada» al obtener 4.800 millones de euros más de los que percibe con el modelo vigente desde 2009, que se fraguó en otra negociación entre el PSOE y ERC. El dato sobre el que se sustenta el eslogan oficial es que la cuantía que llegará a Andalucía supera en su volumen absoluto a los 4.700 millones de euros que ofrece a Cataluña.

Pero la letra pequeña de su propuesta tiene trampa. Son los ciudadanos catalanes quienes más van a ganar con el cambio del sistema cuando se analiza la financiación por habitante ajustado, una variable que estima la necesidad de gasto de cada comunidad –y en función de ello reparte los recursos– tras ponderar otros factores demográficos y geográficos.

Lo que sigue es la refutación con datos de las cinco trampas que encierra la reforma del Gobierno que nace de una necesidad política –la de hacer al socialista Salvador Illa presidente de Cataluña con los votos de ERC– y que favorece mucho más a las comunidades con mayor renta y recaudación.

1. Los andaluces no son los más beneficiados

Quienes salen ganando son precisamente aquellos han negociado con el Gobierno de Pedro Sánchez la reforma que posteriormente se ha ofrecido al resto de territorios con carácter voluntario, según ha precisado Montero. El reparto de fondos por población es elocuente. Cada andaluz va a recibir de media 140 euros adicionales menos que un ciudadano que viva en Cataluña, 129 menos que un valenciano, 101 euros menos que un murciano, 83 menos que un balear y 42 menos que un madrileño.

Cataluña es, de lejos, el territorio que consigue una «mayor ganancia» per cápita, según ha corroborado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su primer análisis sobre el modelo propuesto por la ministra sevillana.

Con el cambio del sistema de distribución de los fondos estatales, cada catalán va a conseguir 507 euros extra de media por habitante ajustado frente a los 367 euros que corresponderían a otro español que resida en Andalucía, la región más poblada del país. No es una cuestión baladí. Está en juego el dinero con el que se paga tu médico de Familia, la maestra de tu hijo, la ambulancia que acude a tu casa cuando necesitas una atención urgente o la residencia donde residen y cuidan a tus padres.

Cinco comunidades van a recibir más fondos por habitante que Andalucía: Cataluña, Valencia, Murcia, Baleares y Madrid

El nuevo modelo por habitante ajustado mejora de forma sustancial los recursos de las comunidades peor financiadas, entre las que se encuentra Andalucía, pero sigue arrojando grandes desigualdades entre españoles en el acceso a los servicios dependiendo de donde vivan.

Son los ciudadanos y no los territorios quienes, según el artículo 139 de la Constitución, tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del Estado y a los que otro artículo, el 158, garantiza un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en el conjunto del país.

Después de Cataluña, las más que más ganan son la Comunidad Valenciana, con 496 euros por habitante ajustado, y Murcia, con 468 euros, como pone de manifiesto Fedea. Les siguen dos comunidades ricas: Baleares (450) y Madrid (409). Andalucía ocuparía el sexto lugar al aumentar su dotación en 367 euros para financiar los mismos servicios públicos. «Experimenta una modesta ganancia de 1,2 puntos» en la clasificación final, advierten el estudio de los economistas. Se queda en una posición intermedia entre las que más ganan y las que retroceden, que son nueve de las 15 regiones del régimen común, salvo Navarra y el País Vasco.

2. La reforma obligará a subir impuestos

«Esta inyección extra, que se presenta como una aportación graciosa del Gobierno central en aras al reforzamiento del Estado del bienestar», va a hacer mella en el bolsillo de los ciudadanos de los distintos territorios a través de sus impuestos, augura la fundación que dirige el economista Ángel de la Fuente.

El cambio implicará «una subida de la presión fiscal autonómica, o al menos de la presión fiscal en beneficio de los gobiernos autonómicos», en su mayoría en manos del PP. Algunos de ellos pueden caer en la tentación de obtener más recursos «pidiéndoselos a Madrid» en lugar de a sus propios ciudadanos para evitar el coste político de subir impuestos, avisa Fedea.

La práctica eliminación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en herencias de familiares directos en Andalucía –donde sólo se paga un 1% desde 2019– o las rebajas aplicadas en tributos que gravan la compraventa de viviendas están en el aire si, tal y como Montero ha anunciado (sin concretar) se imponen nuevas limitaciones a la utilización a la baja de la capacidad normativa de las comunidades. Todo ello con la «excusa» de evitar que una comunidad compita de forma desleal con sus vecinos reduciendo impuestos. La reforma socava la autonomía fiscal de las comunidades.

3. El pacto con Cataluña no lo paga el Estado sino los españoles

El principio de ordinalidad, rechazado por Montero cuando era consejera andaluza de Hacienda (2013-2018), es un misil en la línea de flotación de la equidad del sistema. Significa que si una comunidad es la que más aporta a la cesta común que luego se reparte entre territorios y que se nutre de transferencias estatales y de parte de los ingresos tributarios teóricos de cada autonomía, ésta debería ocupar la misma posición en cuanto a recursos recibidos. El Gobierno garantiza a Cataluña que sea la tercera autonomía que más aporte y también la tercera que más reciba, pero esta regla no se aplicará a las demás.

Aparte, no es el Estado sino los españoles, andaluces incluidos, quienes van a pagar la factura de estas aportaciones extra al sistema y la mayor dotación para Cataluña a cambio del sillón de la Generalitat para Salvador Illa y la continuidad de Sánchez en la Moncloa.

4. El sistema es un traje a la medida de los independentistas

La «parte más discutible» de la propuesta del Ministerio, además de «la cuantía y empaquetado del regalo a las comunidades», es que perpetúa uno de los vicios del actual sistema de financiación regional. Según expone Fedea, introduce «parches arbitrarios hechos a la medida para beneficiar a determinados territorios», señala.

Fedea advierte de que Cataluña vuelve a salir beneficiada con el nuevo fondo ligado al IVA de las pymes y Andalucía se ve perjudicada

Así, desaparece el Fondo de Convergencia que enviaba recursos a Andalucía y se crean dos dotaciones económicas nuevas: el Fondo Climático y una nueva transferencia ligada a los 23.000 millones que se recaudan por el IVA de las pymes. Esta última «ocurrencia», como la definen los economistas en su estudio, es otra fuente de agravio para Andalucía. Cataluña acapararía tres cuartas partes de la cuantía que se repartirá porque se tiene en cuenta más su impacto en el IVA de las pequeñas empresas que su repercusión en el consumo. Este criterio beneficia a la Generalitat y perjudica a Andalucía, donde el consumo tiene más peso específico que el IVA.

La reforma ha sido cocinada previamente con ERC para contentar sus ansias de autogobierno con más recursos y luego se ha ofrecido al resto de comunidades para revisar el sistema en su conjunto doce años después de caducar el vigente. Ni siquiera se ha concretado qué cantidad aportará Cataluña al anunciado fondo de solidaridad interterritorial para compensar al resto por recaudar todos los impuestos.

5. Andalucía ha perdido 15.000 millones que son irrecuperables

Cinco meses antes de llegar al Ministerio de Hacienda, la entonces consejera María Jesús Montero defendió que el punto de partida para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica debía ser la estimación de las necesidades reales de gasto para los servicios públicos. Tomando como referencia la liquidación del año 2014, estimó en 4.000 millones de euros la infrafinanciación que sufre Andalucía. Esta reivindicación se convirtió en un permanente caballo de batalla ante el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, antes de que prosperara la moción de censura que desalojó del poder a Mariano Rajoy (PP).

Andalucía acumula desde entonces unas pérdidas que la Junta ha cuantificado en 15.000 millones de euros debido al desigual modelo vigente. Un dinero que tampoco va a recuperar con los 4.800 millones extra que recibiría si la reforma propuesta saliera adelante en el Congreso.