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La República Islámica de Irán se enfrenta a su mayor desafío interno desde la Revolución iraní de 1979. Las nuevas movilizaciones, que estallaron en diciembre por la mala situación económica, ya han dejado al menos 2.000 muertos y más de 10.000 detenidos, y han amenazado la continuidad de la teocracia islámica. Por si esto fuera poco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha esbozado la posibilidad de intervenir militarmente en el país si las fuerzas de seguridad iraníes seguían matando manifestantes.
Aunque el régimen tiene capacidad para aguantar estas manifestaciones, este ciclo de protestas marcará un punto de inflexión en su futuro. La impopularidad de la teocracia iraní, la crisis económica y su creciente aislamiento internacional ponen en duda su supervivencia a medio plazo. El ocaso de la República Islámica abre la puerta a nuevos escenarios en Irán, como el establecimiento de una dictadura militar, una coalición opositora que impulse una transición democrática o incluso la descomposición del país. En cualquier caso, la caída del régimen teocrático en Teherán tendría un impacto profundo en Oriente Próximo.
El régimen puede resistir, pero más dividido y debilitado
Irán reúne casi todas las condiciones para el colapso de la teocracia islámica. La elevada inflación y la devaluación del rial iraní han profundizado una crisis económica que, a diferencia de otras, afecta a todos los grupos sociales. En esta ocasión, las movilizaciones cuentan con el respaldo de la clase media, formada principalmente por comerciantes y pequeños empresarios, que constituye la base de apoyos del régimen.
Además, el contexto internacional ha agravado el aislamiento de Teherán. La influencia iraní en Oriente Próximo se ha debilitado tras el derrocamiento de Bashar al Asad en Siria y los ataques de Israel a Hamás y Hezbolá. Asimismo, los bombardeos aéreos de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025 han alimentado la sensación de que el régimen es incapaz de garantizar la seguridad del país.
Sin embargo, la caída de la República Islámica no será inminente. La razón principal es la cohesión que todavía existe en las fuerzas del orden. La represión implacable del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el brazo militar del régimen, y de la milicia de voluntarios Basij ha conseguido hasta ahora sofocar cualquier ciclo de protestas. Y hoy en día, no existen indicios de fractura o deserciones en el aparato de seguridad del régimen.
Pero aunque las autoridades iraníes consigan apagar estas movilizaciones, los problemas estructurales de la teocracia persistirán. La legitimidad política del islamismo revolucionario se ha desvanecido entre una población iraní cada vez más joven, secular y nacionalista, que rechaza la gestión económica, la corrupción gubernamental, la explotación de los recursos naturales, las políticas opresivas y el intervencionismo regional del régimen.
Del mismo modo, las movilizaciones callejeras podrían desatar una lucha interna entre las élites iraníes. Estas disputas estarían determinadas sobre todo por el equilibrio de poder entre las dos principales instituciones militares del país: el Ejército ―encargado de la defensa del Estado― y el CGRI ―en quien recae la seguridad interna y la continuidad del régimen―.
Históricamente, el CGRI ha gozado de más influencia dentro de la República Islámica. De hecho, supervisa el programa nuclear, lidera milicias aliadas en Oriente Próximo y controla parte de la economía iraní. Sin embargo, los ataques de Israel contra altos mandos del CGRI en junio y los cambios posteriores en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán han diezmado el poder de la Guardia Revolucionaria Islámica en favor del Ejército y de sus aliados.
Esta pugna institucional se enmarcaría en las divisiones entre el Ejército y los sectores más pragmáticos, que priorizan la estabilidad del Estado por encima de la supervivencia del régimen, y las facciones de línea dura del CGRI, que mantienen su compromiso con los principios ideológicos de la República Islámica. Ambos grupos difieren en la naturaleza y el alcance de los cambios necesarios para garantizar la continuidad del sistema. Pero a diferencia de lo que sucedió en la Unión Soviética, donde las reformas de Mijaíl Gorbachov aceleraron el colapso de un régimen decadente, el líder supremo Alí Jamenei no tolerará ninguna medida aperturista.
Con todo, la competencia entre facciones se incrementará a medida que se prolongue el descontento social y la inestabilidad interna. Incluso, ante la perspectiva de un colapso inminente del régimen, el Ejército y el bloque más moderado del CGRI podrían intervenir para mantener el control del Estado, lo que provocaría una respuesta de los elementos más radicales y aumentaría el riesgo de una guerra civil.
¿Intervendrá Estados Unidos?
Aunque el régimen iraní tiene capacidad para resistir las movilizaciones, también podría lidiar con una intervención de Estados Unidos, posiblemente apoyada por Israel. Tras la operación especial del Ejército estadounidense en Venezuela, que culminó con la caída del presidente Nicolás Maduro, Trump no ha descartado intervenir en Irán. El presidente estadounidense ha apoyado las movilizaciones y ha prometido ayuda si la represión del régimen se mantiene.
Las opciones para una intervención estadounidense van desde una invasión terrestre hasta ataques aéreos concretos contra objetivos del régimen, pasando por otras medidas de apoyo como el despliegue de terminales Starlink para romper el bloqueo de internet impuesto por Teherán. Aunque una operación de Washington en Irán resulta probable, la posibilidad de una invasión terrestre como la de Irak en 2003 es poco viable.
A nivel técnico, esto implicaría desplegar un gran número de efectivos que ahora mismo no están disponibles en Oriente Próximo, además de exponerse a elevadas bajas de soldados estadounidenses. Además, la presencia de tropas en territorio iraní sería muy impopular entre la población estadounidense, también dentro del electorado republicano, que no apoya las intervenciones en Oriente Próximo.
A Trump tampoco le interesan las guerras largas ni los conflictos lejanos. Llegó al poder prometiendo poner fin a las “guerras interminables” en Oriente Próximo y sustituirlas por acciones rápidas, visibles y selectivas. Esa lógica ha marcado su política hacia Irán: desde el asesinato del general Qasem Soleimani en su primer mandato en 2020 hasta los ataques aéreos de junio 2025 contra las instalaciones nucleares de Irán.
Si el presidente estadounidense decidiera intervenir de nuevo, lo más factible sería una operación similar con ataques concretos contra objetivos estratégicos, como instalaciones o cuarteles de la Guardia Revolucionaria, lugares de almacenamiento de misiles balísticos o incluso contra alguna personalidad destacada del régimen, como el propio Jamenei.
A esto se unen las diferencias entre los dos hombres de confianza de Trump: el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Vance, más ligado a la derecha radical, aboga por una postura más aislacionista. Defiende que Estados Unidos deje de involucrarse en guerras lejanas, que gastan recursos necesarios para el desarrollo industrial. Por el contrario, Rubio encarna la corriente intervencionista, partidaria de usar la fuerza para presionar a regímenes enemigos y fortalecer a sus aliados. En Oriente Próximo, Rubio ha respaldado una línea dura contra Irán y sus aliados ―Hamás, Hezbolá y los hutíes― y ha apoyado las ofensivas israelíes en Gaza y Líbano.
Las consecuencias de una intervención estadounidense en Irán, incluso limitada, difícilmente favorecerían una caída del régimen. Los propios manifestantes, que buscan una transición democrática, no apoyan una injerencia extranjera con este fin. Además, bombardear instalaciones del régimen o cuarteles de la Guardia Revolucionaria en entornos urbanos podría tener un efecto disuasorio inmediato sobre las protestas, reduciendo la movilización en los principales núcleos urbanos.
Además, el régimen ya ha enmarcado las movilizaciones como instigadas por actores externos y radicales; cualquier operación estadounidense reforzaría esta narrativa, legitimando una represión aún más intensa y presentando al régimen como víctima de agresión extranjera. Incluso un ataque quirúrgico, lejos de proteger a la población, probablemente aumentaría la presión represiva en un momento en que las protestas muestran signos de desgaste.
En este contexto, una intervención de Estados Unidos se enmarcaría más como demostración de fuerza interna para preservar la imagen presidencial que como apoyo efectivo a los manifestantes. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada: por un lado, debe mostrar presión para mantener credibilidad; por otro, cualquier acción conlleva riesgo de represalia contra sus bases en la región y no garantiza ningún cambio político en Irán.
Si el régimen no resiste: ¿qué pasa después?
Si la República Islámica se derrumba, ya sea por un golpe de Estado, un levantamiento popular o una intervención a gran escala, su futuro político dependerá de las disputas entre facciones rivales. Esas luchas de poder incluirán al aparato militar y de seguridad, los ideólogos islamistas de línea dura, los tecnócratas reformistas, la sociedad civil y la oposición en el exilio. Uno de los escenarios más factibles sería la creación de una dictadura militar de corte nacionalista que reemplazara al Gobierno clerical, similar a Pakistán.
Este régimen autoritario podría encabezarlo alguna figura vinculada al CGRI o a los servicios de inteligencia, como Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y excomandante de la fuerza aérea del CGRI, o Alí Lariyaní, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Sin embargo, sus lazos con la teocracia actual supondrían un obstáculo de cara a liderar un cambio de sistema. Por ello, otra alternativa más lógica podría ser un mando militar joven de rango medio que no se haya enriquecido como sus superiores ni tenga incentivos para mantener la teocracia islámica.
Al margen de quién capitaneara ese régimen, una dictadura militar dominada por la Guardia Revolucionaria Islámica le permitiría a los guardianes conservar su poder y sus riquezas y garantizar la integridad territorial del Estado iraní. A cambio, el CGRI podría alejarse de los principios revolucionarios de la República Islámica para favorecer un acercamiento con Estados Unidos e integrar progresivamente a Irán en la comunidad internacional. Washington ya ha demostrado en Venezuela que priorizaría la estabilidad de Irán y el acceso a sus recursos antes que la implantación de una democracia.
Precisamente, una transición democrática en Irán sería poco viable debido a la concentración del poder en manos del CGRI y a la fragmentación de la oposición. La represión de las fuerzas de seguridad ha provocado que la movilización política en Irán se caracterice por la descentralización y la ausencia de líderes reconocibles. Este método de protesta resulta útil para eludir la persecución policial, pero dificulta la construcción de una alternativa política posterior. Hoy en día, algunas de las principales figuras opositoras dentro de Irán, como la activista Narges Mohammadi ―Premio Nobel de la Paz en 2023― y el exministro reformista Mostafa Tajzadeh, se encuentran en prisión.
A ello se suma que los grupos opositores en el exilio no tienen el apoyo de la mayoría de la población iraní. El ejemplo más destacado es el de los monárquicos, que respaldan el regreso del príncipe heredero Reza Pahlaví, hijo del sha derrocado en 1979. Pahlaví se ha ofrecido a liderar una transición hacia una democracia secular en Irán.
A diferencia de la oposición fragmentada, su perfil encarna la continuidad y la antigua herencia persa de Irán, y cuenta con reconocimiento internacional. Sin embargo, su falta de legitimidad interna, el legado autoritario de su padre y su controvertida cercanía con Israel dificultan sus aspiraciones políticas. En esta línea, Trump ha cuestionado la capacidad de Pahlaví para conseguir apoyos internos —como ya hizo con María Corina Machado en Venezuela—, lo que sugiere que Estados Unidos no intervendrá para restablecer una monarquía constitucional en Irán.
Algo parecido sucede con la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán, el otro gran movimiento opositor en el exilio. Esta formación islamista y de izquierda forma parte del Consejo Nacional de Resistencia en Irán, una coalición de grupos disidentes iraníes que aboga por el fin de la República Islámica y el establecimiento de un Gobierno provisional democrático. Sin embargo, los Muyahidines del Pueblo también carecen de respaldo popular dentro de Irán debido a su apoyo a Sadam Huseín durante la guerra entre Irán e Irak entre 1980 y 1988.
En último lugar, el colapso de la teocracia iraní podría desembocar en un vacío de poder que derive en la desintegración territorial del país. La ausencia de una autoridad central allanaría el camino para el auge de movimientos secesionistas de carácter étnico dentro de sus fronteras. Entre ellos, destacarían los kurdos en el noreste, los baluchíes en el sureste y los árabes ahwazi en el suroeste, especialmente en la provincia petrolera de Juzestán.
Lo que significaría la caída del régimen iraní para Oriente Próximo
Pese a que el régimen de Irán sobreviva a las protestas, el impacto de las movilizaciones y una posible intervención de Estados Unidos debilitarán todavía más su posición en Oriente Próximo en detrimento de Israel y los países árabes del golfo Pérsico. Sin embargo, el eventual colapso de la teocracia iraní supondría una reconfiguración absoluta del orden regional. El efecto más inmediato sería el colapso definitivo del Eje de la Resistencia, la red de alianzas liderada por Irán y formada por milicias regionales como Hezbolá, Hamás y los hutíes, entre otros.
La desaparición de la República Islámica consolidaría a Israel, Arabia Saudí y Turquía como las principales potencias de la zona. Tel Aviv vería caer a su principal enemigo regional, Arabia Saudí reforzaría su liderazgo en el mundo musulmán y Turquía ampliaría su área de influencia en Siria e incluso podría respaldar las reivindicaciones territoriales de Azerbaiyán en el norte de Irán, donde se ubica la minoría azerí. Sin embargo, un colapso de la teocracia iraní también amenazaría la estabilidad de Oriente Próximo.
Por este motivo, los propios aliados de Estados Unidos en el Golfo temen la crisis interna que vive Teherán. De hecho, Arabia Saudí, Catar y otros socios de Washington han mostrado su rechazo a una intervención estadounidense contra Irán, incluso limitando el uso de sus bases para ese fin. Prefieren una República Islámica debilitada pero funcional a un escenario de inestabilidad, que afectaría a su seguridad interna, a su reputación como centros financieros y turísticos, y a su papel como hubs logísticos internacionales.
La dimensión energética agrava este riesgo. Oriente Próximo concentra cerca de la mitad de las reservas mundiales de petróleo y un tercio de la producción global. El estrecho de Ormuz, que da paso al golfo Pérsico, y el de Bab al Mandeb, que es la puerta de entrada al mar Rojo, son arterias críticas del comercio mundial. Una desestabilización en Irán sacudirá los mercados energéticos, elevará los precios y afectará directamente a economías muy dependientes del comercio internacional y del crudo.
Un escenario de descomposición estatal abriría además un vacío de poder interno con consecuencias transfronterizas. Movimientos kurdos podrían reactivar aspiraciones nacionales, afectando a Turquía, Irak y Siria. Otras minorías como los baluchíes podrían seguir dinámicas similares, con especial impacto en Pakistán, donde el separatismo baluchí ya es un problema de seguridad y amenaza infraestructuras estratégicas como el puerto de Gwadar, pieza clave de la Nueva Ruta de la Seda china.
A ello se suma el factor nuclear. Las instalaciones y el uranio enriquecido representan uno de los mayores riesgos en un escenario de fragmentación estatal. Un nuevo régimen podría negociar un acuerdo nuclear, pero en un contexto de inestabilidad civil, estas capacidades se convertirían en un factor de alto riesgo para la seguridad regional e internacional.
Pero sobre todo, Israel emergería como el principal beneficiario estratégico. Sin un Irán que actúe como contrapeso, Tel Aviv ampliará su margen de maniobra. Así, en un entorno sin oposición estructurada, sus aspiraciones territoriales y de influencia podrían extenderse más allá de Palestina y Líbano, afectando también a Jordania, Siria, Irak e incluso Arabia Saudí.