No es un secreto que la Fiscalía se ha opuesto por activa y por pasiva a todo paso que ha dado el juez Juan Carlos Peinado en la causa abierta por hasta cinco delitos contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Y en este … 2026, no iba a ser menos, ya ha colocado la primera china en el zapato del instructor al adherirse al recurso de la imputada contra la decisión del juez de solicitar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le indique si en base a los antecedentes de los que dispone considera que existen «hechos nuevos» en relación al rescate de Air Europa.
Air Europa es el ‘runrun’ constante en una causa en la que la Audiencia Provincial ha conminado al instructor a dejar de lado ese asunto y a centrarse en los hechos en los que sí existen indicios de delito.
Ahora, la Fiscalía, en un informe al que ha tenido acceso ABC, le recuerda a Peinado que el mero hecho de haber solicitado a la UCO que revise sus bases ya es de facto estar investigando, y le echa en cara que haga «dejación de sus funciones jurisdiccionales» al encomendar a otros que hagan su trabajo de análisis de esos hechos para dilucidar si revelan indicios racionales de criminalidad.
Cabe recordar que el juez recurrió a la UCO tras recibir un escrito del abogado Eduardo Martín-Duarte en el que indicaba que había tenido conocimiento de que Gómez tendría cuentas y depósitos bancarios en entidades de República Dominicana y Turquía, y que por eso se veía «en la obligación ciudadana de relacionarlos como posiblemente delictivos». Cuantificaba los saldos en 6 millones de euros y decía que esa cantidad «no tiene aparente justificación negocial por la actividad de la Sra. Gómez». «Por lo que presuntamente pudieran atribuirse a contraprestaciones por los aparentes servicios que podrían haberse prestado a Air Europa y/o Innova Next» -la empresa de Juan Carlos Barrabés, que es investigada en la causa por los contratos públicos que le fueron adjudicados-, explicaba.
Además, esa petición del juez llegaba después de que trascendieran en medios digitales entrevistas al exminsitro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García en las que apuntaban al papel revelante que pudo tener Begoña Gómez en ese rescate. Para el Ministerio Público «carece de sentido pretender» abrir de nuevo esa vía en base a lo declarado por afectados en causas de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo. E indica que serán, en todo caso, esos órganos judiciales los que deberán ver si hay indicios y si amplían la investigación o deducen testimonio a otros tribunales que sean los competentes.
Hechos ya definidos
Por otro lado, el Ministerio Público resalta que le parece «chocante» que en un procedimiento ante el tribunal del jurado se acuerden este tipo de decisiones instructoras cuando «los hechos deberían estar ya definidos». «Se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido, acumulando hechos en los que unos se supone avanzan y otros se encuentran en estudio», lamenta.
El fiscal del caso, José Manuel San Baldomero, concluye su informe incidiendo en que Peinado «solicita o abre la puerta a una investigación encubierta sobre una materia ya abordada -como es la posible vinculación de Begoña Gómez con el rescate de Air Europa- y respecto de la que tiene los criterios fijados por la Audiencia Provincial. «Los hechos que se ponen en la mesa del instructor a través de querellas y denuncias tampoco tienen mayor misterio a investigar, debiendo ser analizados y ponderados por el instructor», culmina.
Este escrito del fiscal llega como adhesión al recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, al que también ha tenido acceso este periódico, en el que el letrado Antonio Camacho indicaba que el asunto del rescate de Air Europa era «una cuestión que ya ha sido objeto de pronunciamientos reiterados por parte de la Audiencia Provincial de Madrid» que siempre abogó por «abortar» esa vía dada la «inexistencia de indicio» delictivo.
Y sobre la denuncia del abogado que daba pie a la petición de Peinado a la UCO, explica que «se basa en decenas de noticias de prensa y documentos anexos, absolutamente incomprensibles, que no acreditan el más mínimo indicio que justifique la apertura de una investigación judicial». «El abogado que firma la actual denuncia ya ha intentado con datos similares la apertura de investigaciones ante el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y el propio Tribunal Supremo sin que en ninguno de los casos los intentos del abogado denunciante hayan tenido éxito», añade.
Además, lamenta Camacho que se esté «nuevamente» ante un intento de iniciar «una investigación prospectiva»: «Sin que la arquitectura judicial a través del sistema de recursos y la resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial hayan producido ningún efecto en el magistrado instructor en demerito de la calidad de nuestro Estado de Derecho».
Al hilo, concluye que «no es admisible en un Estado de Derecho los intentos reiterados y denodados por parte de un Órgano Judicial de iniciar una investigación judicial sin indicio alguno que lo justifique. Y manda un recado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid: »El sistema falla si el órgano que ha de controlar esos excesos no es capaz de controlar tan denodados intentos de iniciar la citada investigación«.