El Gobierno ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la autorización por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de la adscripción del Centro Universitario del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid. El Ministerio de Ciencia, Innovación … y Universidades considera un precedente «muy grave» la cesión a grupos profesionales la formación en títulos universitarios habilitantes a precios privados, según indican fuentes ministeriales.
El recurso, adelantado por El País y confirmado por ABC, fue presentado a través de la Abogacía del Estado el pasado lunes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En concreto, se dirige contra la orden firmada por el consejero de Educación, Ciencia y Universidades del gobierno de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana Duro, que dio luz verde al proyecto como centro adscrito. La medida llega, además, tras el enfrentamiento vivido entre del ICAM y el Gobierno a causa del ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya que el colegio de abogados ejerció de acusación particular en la causa por revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz aacabó sentenciado e inhabilitado.
El ICAM Centro Universitario es el primer centro universitario en España impulsado por un colegio profesional, y lo hace bajo el modelo de centro adscrito a una universidad pública. Según explicaba el propio colegio de abogados en noviembre, gracias a su aprobación, el centro estaba facultado para ofertar títulos propios desde el curso académico 2025‑2026, mientras trabajaba en la implementación de sus primeros estudios oficiales de Grado en Derecho, «basados en un modelo que abre las puertas a la combinación de la presencialidad con la enseñanza online, con una fuerte carga práctica y vocación internacional».
Anomalía
Fuentes ministeriales consideran una anomalía en el sistema universitario que la formación recaiga en un colegio profesional y apuntan a que la docencia está, y debe seguir estando, en las universidades. Tampoco entienden que un centro privado compita con la facultad de derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense.
Por su parte, el colegio de abogados asegura que el proyecto «se enmarca en la actividad formativa que el ICAM desarrolla de manera continuada desde 1986» y recuerda que la figura de los centros adscritos a universidades públicas es una «realidad consolidada y plenamente regulada en el sistema universitario español». En la Comunidad de Madrid, en el curso 2024-2025, más de 13.281 estudiantes cursan estudios en este tipo de centros, conforme a la normativa universitaria vigente.
Además, el ICAM desvincula la creación del centro universitario con la causa contra el ex fiscal general al recordar que el proyecto del centro universitario fue hecho público por su parte en octubre de 2022 y se inició formalmente en julio de 2023. Pero el conflicto que acabó en la inhabilitación del ex fiscal general estalló en 2024.