La elección de un país como sede de la Copa del Mundo de fútbol no es una decisión políticamente neutra. Aunque las instituciones deportivas insistan en presentar estos eventos como espacios ajenos a la política, para mantener la supuesta autonomía del deporte, lo cierto es que su organización comporta una forma de legitimación simbólica del Estado anfitrión. Se le reconoce, al menos implícitamente, como un miembro respetable de la comunidad internacional, merecedor de visibilidad, prestigio y reconocimiento. Este argumento ha sido utilizado para criticar la elección de sedes anteriores de la Copa Mundial de Fútbol, como Rusia o Catar, así como la adjudicación, contra todo principio de buen gobierno, a Arabia Saudí de la vigésima edición de la Copa del Mundo de 2034. Desde esta perspectiva, resulta oportuno preguntarse si Estados Unidos reúne hoy las condiciones políticas, jurídicas y morales necesarias para organizar un evento deportivo de alcance global como un Mundial de fútbol.
Formalmente, Estados Unidos sigue presentándose como una democracia constitucional. Mantiene elecciones periódicas, un sistema de separación de poderes y un catálogo de derechos fundamentales reconocidos en su Constitución. Sin embargo, el gobierno actual de los Estados Unidos lidera una deriva autoritaria —algunos autores hablan ya directamente de fascista— que pone en cuestión la autenticidad de esos rasgos democráticos y la pervivencia de la legitimidad democrática de sus instituciones de gobierno. La distancia entre la forma y la práctica se ha ampliado de manera alarmante, hasta el punto de que puede sostenerse que nos encontramos ante un Estado que, sin abandonar por completo sus estructuras formalmente democráticas, adopta conductas propias de un régimen profundamente incompatible con los valores que el deporte internacional dice promover.
En primer lugar, Estados Unidos actúa como una potencia abiertamente belicista. No se trata solo de su histórico intervencionismo militar, sino de la reiterada disposición a agredir a otros Estados sin ofrecer justificación jurídica alguna conforme al derecho internacional. A ello se añade un aspecto especialmente grave: la práctica de detenciones extraterritoriales y secuestros de líderes políticos extranjeros o de personas consideradas “enemigos”, al margen de cualquier procedimiento judicial ordinario. Estas actuaciones no solo vulneran la soberanía de otros Estados, sino que erosionan los principios básicos del Estado de Derecho y del Derecho Internacional, por los cuales el presidente Trump y su gobierno muestran un absoluto desprecio, sustituyendo el imperio de la ley por la lógica de la fuerza.
Si bien el respeto de los derechos humanos en relación con ciertas minorías en Estados Unidos siempre ha sido criticable, las violaciones de derechos humanos en la actualidad son alarmantes. El trato dispensado a las personas migrantes constituye uno de los ejemplos más evidentes. Políticas de detención masiva, separación de familias, centros de internamiento en condiciones degradantes y deportaciones sumarias configuran un panorama incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos. A ello se suma la discriminación estructural que siguen sufriendo otros colectivos minoritarios, tanto en el acceso a derechos básicos como en la protección frente a la violencia institucional. La persistencia de la violencia policial, el racismo sistémico y las desigualdades extremas no son fallos marginales, sino síntomas de un modelo político que tolera —cuando no reproduce— graves injusticias.
A ello hay que añadir la progresiva restricción de derechos fundamentales. En los últimos años se ha intensificado la censura de libros en bibliotecas públicas y centros educativos, especialmente aquellos que abordan cuestiones relacionadas con el racismo, el género, la diversidad sexual o la memoria histórica. Cuando un Estado decide qué ideas pueden circular y cuáles deben ser silenciadas, se sitúa peligrosamente cerca de prácticas propias de regímenes autoritarios y fascistas.
Ante este panorama, algunos defensores de la organización de grandes eventos deportivos en países con déficits democráticos argumentan que, si bien la elección de ciertas sedes puede ser problemática, estos eventos internacionales tienen el potencial de transformar la sociedad local. Al exponer a la población a diferentes valores, culturas y formas de convivencia, estos eventos podrían fomentar una apertura gradual de la sociedad y, en última instancia, conducir a mejoras en sus prácticas políticas y sociales.
Sin embargo, ni siquiera esta justificación puede aplicarse al caso de Estados Unidos. A diferencia de otros contextos, aquí no se trata de una sociedad cerrada que pueda beneficiarse de una mayor exposición a valores democráticos externos. Estados Unidos no necesita “aprender” del exterior en términos culturales o deportivos, ni el Mundial puede operar como una ventana transformadora para su ciudadanía. Más bien al contrario: el riesgo es que el evento funcione como un mecanismo de autocelebración y legitimación de un modelo político profundamente problemático, sin generar ningún tipo de autocrítica interna relevante. En este sentido, la celebración de la Copa Mundial de Fútbol no es una oportunidad para el cambio, sino un instrumento de consolidación simbólica del statu quo, a maiorem gloria de Trump.
Por todo ello, permitir que Estados Unidos organice la Copa del Mundo supone enviar un mensaje profundamente contradictorio. Si el deporte aspira a representar valores como la dignidad, la igualdad y el respeto, resulta difícil justificar que estos ideales se pongan al servicio de un Estado cuya práctica política los desmiente de forma cada vez más evidente. Negar a Estados Unidos la organización de un Mundial no es un acto de hostilidad sino de dignidad y coherencia con los valores sobre los que se sustenta la autonomía del deporte. Una decisión coherente con la legitimidad a la que aspira la gobernanza del deporte que no puede desligarse de la responsabilidad ética y política que promueve. Las acusaciones de blanqueamiento deportivo deben ser coherentes y no dirigirse únicamente en una dirección.
No cabe duda de que Estados Unidos será sede de la Copa del Mundo. Pero lo será socavando la legitimidad moral y política de la FIFA. La complicidad institucional, política y económica de la FIFA, y muy particularmente de su presidente, Gianni Infantino, con el gobierno de Trump es bochornosa. La FIFA ha ofrecido una cobertura moral y simbólica al poder político estadounidense, contribuyendo a proyectar una imagen de normalidad y respetabilidad internacional que resulta profundamente cuestionable. Se trata de una asociación de conveniencia en la que ambas partes salen beneficiadas: el Estado anfitrión obtiene legitimación y prestigio global, mientras que la institución deportiva asegura recursos, influencia y pingües beneficios económicos. El coste de esta alianza se hace a costa del fútbol, cuya credibilidad ética y cuya pátina moral se erosionan gravemente. No es la primera vez que ocurre algo semejante: basta recordar cómo el deporte internacional fue instrumentalizado en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 organizados por Hitler, con consecuencias duraderas para su legitimidad simbólica. Ignorar estas lecciones no es solo una falta de memoria histórica, sino una renuncia explícita a exigir coherencia entre los valores que el deporte proclama y las realidades políticas que decide respaldar.
José Luis Pérez Triviño y Alberto Carrio Sampedro son profesores de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y miembros de Master EU Sport, Ethics and Integrity.