El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha demandado a JPMorgan Chase & Co. —el mayor banco de inversión del mundo— y a su CEO; Jamie Dimon, al que exige al menos 5.000 millones de dólares. Trump acusa al gigante financiero de dejar de ofrecer servicios bancarios tanto para él como a sus negocios por motivos políticos.
La demanda, presentada el jueves, acusa al banco de difamación comercial y de incumplimiento del deber implícito de buena fe. También sostiene que Dimon violó la ley de prácticas comerciales engañosas de Florida. En respuesta, la entidad afirma que no cierra cuentas por razones políticas o religiosas.
Trump ha puesto repetidamente en la diana a JPMorgan en su cruzada contra ciertos bancos a los que considera que se niegan a prestar servicios financieros a clientes por motivos ideológicos. La entidad cerró las cuentas de Trump y de sus empresas unas siete semanas después del asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 por parte de sus seguidores. En ese momento, Trump ya estaba fuera del cargo y su posición política era débil.
La demanda, a la que ha tenido acceso Bloomberg, arguye que el banco notificó a Trump «sin previo aviso ni provocación» de que iba a cancelar las cuentas de su empresa, lo que le causó un daño financiero y reputacional significativo.
Los abogados de Trump sostienen también que el banco actuó movido por su ideología «woke» (un término que el presidente utiliza despectivamente para calificar a quienes considera progresistas) que le obligaba a «distanciarse del presidente Trump y de sus opiniones políticas conservadoras». «En esencia, JPMorgan ‘desbancarizó’ las cuentas de los demandantes [Trump] porque creía que el momento político favorecía hacerlo», sostiene el texto, que la entidad cree que carece de fundamento.
El banco cerró las cuentas a Trump por «riesgo regulatorio»
La entidad que dirige Jamie Dimon alega que solo cierran cuentas a clientes cuando generan riesgo «legal o regulatorio» para la entidad. «Lamentamos tener que hacerlo, pero a menudo las normas y las expectativas regulatorias nos llevan a ello. Hemos pedido tanto a esta administración como a las anteriores que cambien las reglas y regulaciones que nos colocan en esta posición, y apoyamos los esfuerzos de la administración para evitar la instrumentalización del sector bancario», sostiene JPMorgan..
El banco reveló en noviembre que se enfrenta a otras revisiones, investigaciones y procedimientos legales vinculados a la lucha de la administración Trump contra la «desbancarización». Por separado, la Organización Trump ya ha demandado a Capital One Financial Corp. por acusaciones similares.
«La desbancarización es un asunto de interés público y de gran importancia para todos los consumidores y empresas de los Estados Unidos de América —y JPMorgan, especialmente dada su historia destacada y de liderazgo, es un actor central en esta saga en curso y preocupante», señala la demanda.
Además de cerrar cuentas, JPMorgan colocó a Trump, a la Organización Trump y a miembros de su familia en una «lista negra» para cuentas de gestión patrimonial, según el escrito. La ley de Florida prohíbe a las instituciones financieras poner fin a su relación bancaria con una persona o empresa «en función de sus opiniones políticas, su discurso o sus afiliaciones», indicaron los abogados de Trump en la demanda.
Trump comenzó a criticar públicamente a los dos mayores bancos del país por la desbancarización al poco tiempo de ser reelegido para su segundo mandato. Hace un año, en su intervención telemática en el Foro Económico Mundial en Davos, reprendió al director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan —uno de los pocos ejecutivos presentes en el escenario durante la sesión— por este asunto, y también mencionó a JPMorgan.
El presidente ha vuelto a sacar el tema en repetidas ocasiones desde entonces. En agosto, acusó a JPMorgan y a Bank of America de rechazar sus negocios, diciendo a CNBC que JPMorgan le pidió que cerrara sus cuentas y que Bank of America rechazó su intento de depositar allí más de 1.000 millones de dólares. Días después, firmó una orden ejecutiva que ordena a los reguladores federales, entre otras cosas, identificar a las instituciones financieras que hayan incurrido en “desbancarización” ilegal en el pasado.