Ginebra, 23 ene (EFE).- La rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos del régimen de Irán, donde la sangrienta represión de la última ola de protestas ha causado miles de muertos, «no puede lograrse con el uso de la fuerza militar, provenga … ésta del interior o del exterior», advirtió este viernes el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk. En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dedicada a Irán a la luz de los recientes sucesos, Türk aseguró que «la retórica agresiva y las amenazas son profundamente contraproducentes», y subrayó que es necesario reducir las tensiones en toda la región. IMÁGENES: ONU. SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) DECLARACIONES DEL JEFE DE DDHH DE LA ONU, VOLKER TÜRK. Traducción: Señor vicepresidente, excelencias, distinguidos delegados: Puede que las muertes en las calles de Irán hayan disminuido, pero la brutalidad continúa. La represión violenta del pueblo iraní no resuelve ninguno de los problemas del país. Al contrario: crea las condiciones para nuevas violaciones de los derechos humanos, inestabilidad y derramamiento de sangre. Miles de personas, incluidos niños, murieron en el curso de una represión de seguridad que se intensificó el 8 de enero, con el uso de munición real por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Resulta difícil verificar hechos más concretos debido al apagón de las comunicaciones, que también se inició el 8 de enero, y porque no tenemos acceso a Irán. Según los informes, manifestantes pacíficos fueron asesinados en las calles y en zonas residenciales, incluidas universidades y centros médicos. Las pruebas en vídeo parecen mostrar cientos de cuerpos en morgues, con heridas mortales en la cabeza y el pecho. También se informó de la muerte de cientos de miembros de las fuerzas de seguridad. Tenemos indicios de que las fuerzas de seguridad realizaron detenciones masivas en varias ciudades, llegando incluso a perseguir a personas heridas hasta los hospitales, y deteniendo a abogados, defensores de los derechos humanos, activistas y civiles corrientes. Según se informa, la Fiscalía de Teherán ha abierto causas penales contra deportistas, actores, personas vinculadas a la industria cinematográfica y propietarios de cafeterías, acusándolos de apoyar las protestas. Y, en un hecho escalofriante, el jefe del Poder Judicial declaró a principios de esta semana que su trabajo no había hecho más que empezar y que no habría indulgencia para los detenidos. De manera preocupante, Irán sigue figurando entre los países que más ejecuciones practican en el mundo. En 2025, al menos 1.500 personas fueron ejecutadas, según los informes, un aumento del 50 % respecto al año anterior. Me preocupan profundamente las declaraciones contradictorias de las autoridades iraníes sobre si los detenidos en relación con las protestas podrían ser ejecutados. Mientras el ministro de Asuntos Exteriores afirmó que las ejecuciones no estaban siendo consideradas, altos responsables judiciales continuaron amenazando a los manifestantes con cargos que conllevan obligatoriamente la pena de muerte. La emisión por los medios estatales de casi 100 confesiones forzadas de personas detenidas, y la falta de transparencia en los procedimientos, suscitan una grave preocupación por el derecho al debido proceso y a un juicio justo. Los informes indican que los detenidos no pueden comunicarse con sus familias ni con sus representantes legales debido al apagón de las comunicaciones y de internet. Este apagón, el más prolongado registrado en Irán, ha restringido gravemente el acceso a la información y a la comunicación. Los iraníes no han podido comunicarse entre sí ni con personas fuera del país, ni informarse de lo que está ocurriendo a su alrededor. Las autoridades iraníes han tratado de deslegitimar a los manifestantes calificándolos de «terroristas», «enemigos del Estado» y «agentes extranjeros». Los acusaron de infiltrarse en protestas pacíficas para atacar a agentes de seguridad y bienes públicos. Nada de ello justificaría el recurso a un uso excesivo, innecesario y desproporcionado de la fuerza, ni reduciría las obligaciones del Gobierno de garantizar el debido proceso y unas investigaciones transparentes. Estas protestas son las últimas de una larga serie de llamamientos sinceros del pueblo iraní en favor del cambio. Y la represión es el último episodio de una larga historia de represión violenta por parte de las autoridades iraníes, más recientemente en 2022, tras la muerte bajo custodia de Jina Mahsa Amini. Este Consejo estableció la Misión de Investigación sobre Irán tras aquella convulsión de violencia. Las protestas recientes se desencadenaron por la escalada de los precios, en el contexto de una grave crisis económica, agravada por las políticas gubernamentales y el impacto de las sanciones extranjeras. Posteriormente evolucionaron hacia demandas sostenidas

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