El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes el inicio de la tramitación de un Real Decreto que supondrá una regularización extraordinaria para personas extranjeras que ya se encuentran en España, con el objetivo de «garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente».
El Real Decreto es fruto de un acuerdo con Podemos y de una «suma de voluntades que ponen en el centro a las personas», han afirmado fuentes del Ejecutivo, que añaden que esta medida «retoma el mandato» de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada por una amplia mayoría parlamentaria (310 votos a favor y 33 en contra, todos los grupos menos Vox), desbloqueando así una respuesta que llevaba meses paralizada.
Objetivo: regularizar a medio millón de personas
El Gobierno ha hecho público este anuncio minutos después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, haya adelantado el acuerdo con el PSOE, que tiene como objetivo regularizar a en torno medio millón de personas, que podrán beneficiarse de la medida hasta el próximo 30 de junio.
«España refuerza así un modelo de política migratoria basada en derechos humanos, integración y convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social», añaden fuentes del Gobierno.
En un acto celebrado en Madrid bajo el título ‘Regularización Ya’, Montero ha hecho este anuncio, que significará «que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia», ha detallado la eurodiputada de la formación morada.
Y podrán hacerlo con el empadronamiento pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero.
Además, en el momento de la presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona, según informa Efe.
La admisión a trámite de la petición ya dará una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Refuerzo de una política migratoria «basada en derechos humanos»
Según el Ministerio que dirige Elma Saiz, con este real decreto España «refuerza» un modelo de política migratoria «basada en derechos humanos, integración y convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social».
Al tramitarse como un real decreto, el Gobierno no requiere de su convalidación parlamentaria, como sí ocurre con los reales decretos-ley, que al mes de su aprobación y entrada en vigor precisan del aval del pleno del Congreso, lo que obliga al Ejecutivo a buscar los apoyos necesarios para sacarlos adelante.
Esta vía permite esquivar la falta de apoyos que los socios de Gobierno han encontrado en materia migratoria, entre otras razones por el rechazo de Junts a sus medidas.
Sumar también ha valorado esta iniciativa asegurando que es un paso «a una sociedad más justa y democrática».
Podemos celebra una medida «de justicia social»
Fuentes de la formación morada han señalado que se trata de una medida «urgente y de justicia social», que reconoce los derechos de cientos de miles de personas que «viven y trabajan en nuestro país, pero a las que hasta ahora se les negaban derechos básicos en un ejercicio de racismo institucional que sólo alimenta la explotación y el odio racista».
Han defendido que mantener a estas personas en la irregularidad sólo sirve para aumentar la explotación laboral, fortalecer a quienes se benefician de que existan trabajadores sin derechos y alimentar el odio y la exclusión: «Cuando el Estado niega derechos, el racismo de la derecha avanza posiciones», han asegurado.
Y han puesto como ejemplo de esta deriva los disturbios racistas ocurridos en Torre Pacheco (Murcia) el pasado verano o el desalojo de Badalona (Barcelona) y, en el plano internacional, las «redadas racistas del ICE que vulneran sistemáticamente derechos humanos» en Estados Unidos.