El Ministerio de Justicia ha recibido una petición de indulto para Álvaro García Ortiz que suscriben dos ciudadanos particulares. El Tribunal Supremo condenó al exfiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión de los delitos fiscales del novio de Ayuso. La solicitud se basa en razones de Justicia y Equidad y el departamento que dirige Félix Bolaños ya ha activado el procedimiento y ha pedido informe al Tribunal Supremo, según ha adelantado El País y han confirmado a la Cadena SER fuentes jurídicas.
El indulto es una prerrogativa del gobierno. La ley que regula la medida de gracia establece que antes de que el Ejecutivo tome una decisión sobre García Ortiz es necesario recabar los informes del tribunal sentenciador, de la fiscalía y también el de Alberto González Amador, que es el ofendido por el delito. Estos informes no son vinculantes y el Gobierno puede adoptar la medida de gracia siempre que esté debidamente justificada y motivada que son los dos requisitos que ha exigido la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo para avalarlos.
Justicia tramita el indulto para García Ortiz que llega cuando ya se ha ejecutado la pena principal a la que fue condenado porque ya no ostenta el cargo de Fiscal General del Estado y ya ha abonado los 17.000 euros a los que fue condenado entre multas e indemnizaciones.