José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, renunció este miércoles a su acta de diputado en el Congreso. Tras la detención de Koldo García en febrero del 2024 por su presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales por … la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid-19, su partido le abrió un expediente de expulsión —resuelto en junio del año pasado tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra Santos Cerdán, su sucesor— y le reclamó la entrega de su escaño. Él se negó y acabó en el Grupo Mixto de la Cámara Baja, hasta ahora.
La renuncia de Ábalos, indirectamente, beneficia al Gobierno de PSOE y Sumar porque abarata el voto de Junts per Catalunya en la inmensa mayoría de leyes e iniciativas que se debaten en el Congreso. Desde la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de Ábalos, consecuencia de su entrada en prisión y del auto firme de procesamiento que pesa sobre él por la trama de las mascarillas, al Ejecutivo se le complicó la aritmética al ver cómo pasaba de precisar la abstención de los posconvergentes a necesitar, sí o sí, el voto afirmativo de la formación que preside el prófugo Carles Puigdemont.
Junts anunció a finales de octubre la ruptura de sus relaciones con el PSOE por el incumplimiento del acuerdo de investidura que había suscrito con Pedro Sánchez. Sin embargo, a mediados de noviembre, antes de la suspensión de Ábalos, la abstención de la derecha separatista catalana fue clave para salvar al Gobierno de una derrota que parecía escrita en una enmienda del PP a la Ley de Movilidad Sostenible que planteaba alargar la vida de las centrales nucleares de España.
El 10 de diciembre, tras desestimar el Tribunal Supremo el recurso de apelación de Ábalos contra su procesamiento, la Mesa del Congreso suspendió al entonces diputado de sus derechos y deberes. En otras palabras, desde ese momento, mientras durase su situación de prisión provisional, no podía votar ni percibir su sueldo como parlamentario. Si la enmienda del PP se hubiese votado entre el 10 de diciembre y este 26 de enero, la decisión de Ábalos de mantener su acta habría provocado una derrota al Ejecutivo con la mera abstención de Junts. Un escenario que ahora, al dejar el ex número tres del PSOE su escaño, se disipa.
Si el Gobierno mantiene al resto de sus socios, la abstención de Junts sería suficiente, por ejemplo, para aprobar los PGE
Desde que Junts pregonó la quiebra de sus relaciones con el PSOE, el Gobierno se ha esforzado por atraerlo para recomponer su mayoría. Primero, desbloqueando la ley de los separatistas contra la multirreincidencia en hurtos, que se votará el 12 de febrero en pleno, y después regalando a Podemos la regularización masiva de extranjeros a cambio, como reclama Puigdemont, de que Ione Belarra se siente a negociar la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña. Aunque no en todas las leyes le valdría la abstención de Junts al Gobierno, porque las orgánicas precisan mayoría absoluta (176 diputados) en cualquier caso, sí sería suficiente en los presupuestos generales del Estado; el gran objetivo.