Tras una vida dedicada a la política que ha terminado de forma abrupta, José Luis Ábalos va a solicitar la jubilación a la Tesorería de la Seguridad Social. Con 66 años y más de 40 cotizados, cumple los requisitos, lo que le permitirá cobrar la … pensión y así obtener una fuente de ingresos para atender sus distintas cargas familiares, confirman a ABC fuentes del entorno del exministro de Transportes. El que fuera también secretario de Organización del PSOE percibía más de 5.000 euros mensuales como diputado, pero perdió esa nómina con su ingreso en prisión, el pasado mes de noviembre. Según fuentes próximas al político, la decisión anunciada este miércoles de renunciar a su acta de diputado se enmarca en esta búsqueda de ingresos, pues debe dejar la credencial para solicitar la pensión. Todo apunta a que le corresponderá la pensión máxima o una cifra muy cercana, es decir, 47.034,40 euros brutos al año en catorce pagas de 3.359,60 euros.
Diplomado en magisterio, trabajó brevemente como maestro de escuela y también en otras actividades desde los 18 años (una tienda, una fábrica de muñecas y una gestoría), antes de que se volcara en su carrera política.
Procesalmente también tiene efectos, pero no es eso lo que ha decantado la balanza. La pieza principal de la operación Delorme, la de las mascarillas, se va a juzgar en el Tribunal Supremo aunque ya no sea diputado, pues ya está procesado y sólo a falta del señalamiento de la fecha de la fase oral. Sí habrá un cambio sustancial en la pieza separada de la contratación pública, en la que se investiga también a Santos Cerdán, porque está aún en fase de instrucción. Esta caerá del Supremo a la Audiencia Nacional, lo que demorará el hipotético juicio, pero las fuentes consultadas por este periódico no le dan demasiada importancia a este extremo, pues José Luis Ábalos ya tiene sobre la mesa una petición provisional de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción en la pieza Mascarillas. Él sigue defendiendo su inocencia, por lo que no valora pacto alguno con la Fiscalía que implique reconocimiento de delitos.
Si es condenado a una pena elevada, dada su edad, una hipotética segunda condena en la causa de la contratación pública no cambiaría demasiado su perspectiva carcelaria, y ya fuera en el Tribunal Supremo o ahora en la Audiencia Nacional, la instrucción va a seguir adelante con las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Lo que sí debe haber tenido en cuenta su defensa es que si lo terminan juzgando en la Audiencia Nacional será no sólo más tarde, sino que se le abre la posibilidad de recurso ante la Sala de la propia Audiencia y luego el de casación en el Tribunal Supremo.
Su entrada en prisión preventiva decretada por el magistrado Leopoldo Puente implicó la activación del artículo 21.2 del Reglamento del Congreso. Una vez suspendidos todos los derechos y deberes como parlamentario, y «mientras dure» esa prisión provisional, Ábalos no puede cobrar ni ejercer su derecho a voto.
José Luis Ábalos cobraba un salario bruto mensual de 5.315,24 euros, dividido en 3.236,32 euros de salario base y el resto (2.078,92 euros) en concepto de dietas y ayudas al ser un diputado electo fuera de la circunscripción de Madrid. Ahora, los letrados del Congreso deberán examinar si les corresponde cobrar la indemnización como exdiputado.
Dos meses después de su entrada en prisión provisional, este miércoles anunció en la red social X la renuncia a su acta de diputado, a lo que se resistía desde que el PSOE le abrió expediente y le exigió su dimisión una semana después de la detención de Koldo García, su otrora mano derecha y hombre de confianza, en febrero del 2024.
Fuentes de la Mesa del Congreso consultadas por ABC confirman que el órgano de gobierno de la Cámara Baja recibió su renuncia y se reunió telemáticamente para calificarla, por lo que es efectiva desde el mismo miércoles, informa Juan Casillas. Inmediatamente se informó a la Junta Electoral Central, organismo que vela por la limpieza de los procesos electorales en España, para que expida la credencial del siguiente miembro de la lista que presentó el PSOE por la provincia de Valencia el 23 de julio del 2023. En este caso, le corresponde a la alcaldesa de Llaurí (Valencia), Ana María González Herdaro, quien fue condenada en 2021 por conducir bajo los efectos del alcohol.
Ahora, los letrados del Congreso deberán determinar si a Ábalos le corresponde cobrar indemnización como exdiputado, una posibilidad que podría haber animado al exministro a renunciar a su acta porque desde que se confirmó —estando él ya en prisión— que el auto de procesamiento contra él era firme, estaba suspendido en sus derechos y deberes como diputado, lo que incluye la percepción de la nómina. No obstante, fuentes parlamentarias, a la espera de que los servicios jurídicos determinen qué procede hacer, apuntan que esa citada suspensión de salario, por las mismas razones, impediría cobrar la contraprestación que le corresponde a cualquier diputado en circunstancias normales y que sí recibió Santos Cerdán porque dejó el escaño antes de ingresar en la cárcel.
En un largo escrito en redes sociales, en su cuenta personal de X, rebautizada como En el nombre de Ábalos desde su entrada en prisión, el ya exdiputado vertía críticas contra la Mesa del Congreso, a la que acusaba de haber actuado con «prisas» para suspender sus derechos y deberes como diputado sin hacer prevalecer «la integridad del derecho de representación recogido en el art. 23 de la Constitución». Algo que, según él, amparan la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, el artículo 21.1.2 del Reglamento del Congreso es bastante claro al respecto y determina la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios «cuando, concedida por la cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta». Tres circunstancias que cumplía el ex número tres del PSOE.
«Estas y no otras han sido las razones por las que hasta hoy he mantenido mi acta, que entiendo que no puedo sostener en mi actual situación procesal y sobre la que estoy proyectando toda mi actividad en ejercitar mi derecho de defensa y el amparo de mi inocencia», escribió Ábalos. «El respeto a los procedimientos legales es un pilar fundamental del Estado de derecho que garantiza la ‘presunción de inocencia’ de todos los ciudadanos», manifestó.