10/02/2026
Actualizado a las 18:28h.
Efectivos de la Policía Nacional han acudido este mediodía a la sede de Sidenor de Basauri (Vizcaya) para recabar información en relación a la investigación por la venta de acero a Israel. La actuación se produce después de que el juez de la Audiencia … Nacional, Francisco de Jorge, acordara en octubre investigar al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI).
El pasado 12 de noviembre, Jainaga y otros dos directivos de la empresa declararon como investigados ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Entonces negaron que existieran irregularidades en el procedimiento, resaltando que cuando se realizaron esas ventas no existía ninguna limitación por parte de España en las relaciones comerciales.
En su declaración de noviembre, Jainaga aseguró haber acreditado ante la Audiencia Nacional (AN) que Sidenor no había cometido «irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel», ya que el acero fabricado por Sidenor y exportado a Israel no figuraba «entre los productos sometidos a un control especial por parte de la administración». Este martes, efectivos de la Policía Nacional se han personado a primera hora de la tarde en la sede de la compañía en Basauri. Según han apuntado fuentes de la empresa, Sidenor ha colaborado con las autoridades que se han personado en las instalaciones de la empresa, a fin de trasladarles «con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen».
El procedimiento abierto contra la siderúrgica vasca arrancó a raíz de una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, admitida a trámite ante la posibilidad de que dicho material estuviese sometido a un control especial por parte de las autoridades y se hubiesen incumplido los trámites administrativos de registro. Jainaga y los otros dos directivos citados como investigados negaron las irregularidades en la venta, afirmando que cuando se realizaron esas ventas no existía ninguna limitación por parte de España en las relaciones comerciales. La compañía incide en que decidió cancelar en julio de 2025 los envíos de acero a Israel, tres meses antes de que el Gobierno decretase el embargo.
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