La Policía Nacional se ha personado esta mañana en la planta de Sidenor para pedir información sobre la venta de acero para uso militar al … conglomerado israelí (IMSI), uno de los gigantes armamentísticos del país hebreo. La actuación se enmarca dentro de la investigación que instruye la Audiencia Nacional al presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio.
Según ha podido saber este periódico de fuentes judiciales, este requerimiento de información -que no registro- forma parte de una pieza separada y secreta dentro del proceso, al margen de las partes. La iniciativa sale de la propia Policía, que ha solicitado al juez practicar estas diligencias. Esta actuación se está desarrollando con la expresa oposición de la Fiscalía.
Fuentes de la empresa aseguran que Sidendor «ha colaborado con las autoridades que se han personado en las instalaciones de la empresa, a fin de trasladarles con toda diligencia y transparencia cualquier información que precisen».
La causa se inició a raíz de una querella presentada en la Audiencia Nacional el pasado 28 de junio por la asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa de Cataluña por los envíos de acero realizados por barco de Cataluña. El magistrado Francisco de Jorge se decidió a investigar tras considerar que no se informó de estas entregas de acero a la junta interministerial reguladora de comercio exterior (JIMDDU) del Gobierno central, como debe hacerse con el material de doble uso, civil y material. En el expediente apunta el delito de contrabando y de ahí, además, abrió la posibilidad de que, dada la guerra en Gaza, pudiera haberse cometido también una colaboración con delitos de lesa humanidad o genocidio.
El juez se apoyó precisamente en un oficio de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. De acuerdo con su investigación, no se habí solicitado la autorización correspondiente al acero que se usa tanto para destino civil como militar.
Jainaga y los directivos de Sidenor declararon el pasado noviembre ante el juez Francisco de Jorge. Defendieron que no habían cometido ninguna ilegalidad porque el acero que enviaron a Israel no estuvo nunca catalogado como de doble uso (civil y militar), con lo que no había obligación de pedir ninguna autorización.
Los directivos recordaron también que no había ninguna limitación al comercio con Israel en el momento de las entregas y que, ya antes de que el Gobierno central declarase el embargo, el 1 de julio se cancelaron todos los contratos con empresas de ese país, que es una pequeñísima parte de su negocio, apenas un 0,4% de la facturación, con 8 millones de euros.
Los responsables de Sidenor se comprometieron en esa comparecencia a enviar a la Audiencia Nacional un informe pericial, elaborado por una firma independiente, para documentar la trazabilidad y verificación de archivos digitales de la empresa sobre los pedidos de la compañía israelí de armamento. El peritaje establece, señala Sidenor, «que ninguno de los aceros producidos y vendidos se encontraban dentro del catálogo de productos sometidos a control especial y recogidos en el Anexo I de los mencionados reglamentos.