El encarecimiento del coste de la vida se ha convertido en el monotema social en España y lo cierto es que no es para menos, pues es una de las grandes preocupaciones de los hogares de nuestro país. La subida de los alimentos, el alquiler y la energía han reducido el margen de muchas familias y, por tanto, la pérdida de poder adquisitivo es una realidad que condiciona el día a día de la gran mayoría.
El Gobierno limitará las subidas de precios de productos y servicios para frenar prácticas abusivas
En este contexto de presión económica constante, cualquier incremento repentino en productos básicos puede generar grandes complicaciones económicas. Y más aún cuando esas subidas se producen en situaciones excepcionales, como catástrofes naturales, accidentes o crisis que alteran la oferta y la demanda.
Es por ello que el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y que permitirá al Gobierno fijar precios máximos en situaciones de emergencia declaradas oficialmente. La medida se activará únicamente por Acuerdo del Consejo de Ministros y deberá establecer un plazo concreto de aplicación.
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El límite general será claro: el precio de un producto o servicio no podrá superar el precio máximo que haya tenido en los 30 días naturales anteriores al inicio de la emergencia. De este modo, se pretende evitar incrementos exponenciales aprovechando un pico de demanda puntual.
Además, la norma incorpora un segundo filtro. Si ese precio máximo registrado en los 30 días previos supera en más de un 50% el precio medio del mismo periodo, el tope aplicable será el precio medio más un 50%. Es decir, se impide que un valor excepcionalmente alto marque la referencia.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y diputados socialistas aplauden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su intervención en el pleno del Congreso.
Mariscal / EFE
De cualquier modo, los consumidores que paguen un importe superior al permitido tendrán derecho al reembolso de la diferencia, sin perjuicio de las posibles sanciones que puedan imponerse a las empresas por incremento ilícito de precios. De esta manera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez impedirá que determinadas compañías ‘hagan caja’ en situaciones de especial vulnerabilidad para la ciudadanía, reforzando la protección del consumidor en momentos críticos.
La limitación podrá activarse no solo en emergencias de protección civil, sino también en accidentes, fuerza mayor u otras circunstancias sobrevenidas que el Consejo de Ministros considere excepcionales. El acuerdo deberá fijar fecha de inicio y fin, así como los productos afectados, y podrá obligar a las empresas a informar sobre el precio medio y máximo ofertado en los 30 días previos.