El Congreso ha aprobado este jueves la proposición de ley de Junts per Catalunya contra la multirreincidencia en hurtos. La norma persigue aumentar las penas de quienes los cometan de forma reiterada, para combatir una lacra que ha cobrado especial importancia en Cataluña en … los últimos años. Pero más allá de su objetivo, la votación está cargada de un trasfondo político que supera esta iniciativa. El PSOE, para intentar recuperar el favor de los siete diputados del prófugo Carles Puigdemont, imprescindibles si quiere aprobar los presupuestos, dio un volantazo en diciembre al desbloquear y respaldar una propuesta que su socio de coalición, Sumar, tacha de «populismo punitivo».

El Pleno de la Cámara Baja ha dado luz verde a la ley, que al ser orgánica requería de mayoría absoluta, con una amplísima entente de partidos conformada por PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN. Es decir, los socialistas y toda la derecha, salvo Coalición Canaria, que se ha abstenido. ERC, con críticas a la iniciativa, se ha sumado a los canarios porque cerró un acuerdo con el Gobierno para aumentar la dotación de jueces en Cataluña: 91 nuevas plazas en 2026 y alrededor de esa cifra en 2027. A nadie se le escapa la pujanza en su comunidad autónoma de Aliança Catalana, partido independentista de extrema derecha, que ha obligado a ERC y Junts a moverse en este terreno.

Los posconvergentes registraron una proposición de ley para combatir la multirreincidencia en 2024 y el Pleno la tomó en consideración aquel septiembre. El PP también llevó a la Cámara Baja su propia iniciativa al respecto, pero el PSOE y Sumar, con su mayoría en la Mesa del Congreso, bloquearon ambas durante meses con la ampliación del plazo para registrar enmiendas. En febrero del año pasado, cuando Junts exigía a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza, los socialistas dejaron de frenar la ley de los separatistas. Pero no fue hasta noviembre, tras el divorcio unilateral anunciado por Puigdemont, cuando convocaron la ponencia para discutir la norma. El 4 de diciembre se cerró un acuerdo auspiciado por el PSOE, con el resto de la izquierda en contra, y tras completarse el trámite, el Pleno la ha enviado este jueves al Senado, donde podrá ser enmendada o aprobarse definitivamente tal y como llega.

En el debate de la ley, celebrado esta mañana, el PSOE se ha convertido en el centro de la diana con críticas a su oportunismo político. La derecha lo acusa de haber mantenido la norma «secuestrada» hasta que ha necesitado reconducir su relación con Junts y la izquierda de traicionar sus ideales y «alimentar a la ultraderecha» para amarrar el apoyo de los de Puigdemont. En la tribuna de oradores escuchaban alcaldes catalanes invitados a seguir la sesión plenaria. La sonrisa de Míriam Nogueras y sus compañeros al llegar al hemiciclo lo decía todo: se sabían ganadores del día.

Francisco Aranda, del PSC, ha defendido la necesidad de este texto por el problema de seguridad que especialmente hay en Cataluña y ha aprovechado para pedir a Junts que respalde la ley de Félix Bolaños para ampliar el acceso a la carrera judicial, ahora mismo bloqueada por falta de apoyos. Pero, sorprendentemente, también ha dado la bienvenida al PP a una iniciativa que los populares siempre han secundado y de la que el PSOE renegaba hasta que necesitó ocultar sus derrotas parlamentarias.

«¿A cuántos multirreincidentes se va a dar papeles con su regularización masiva?», pregunta el PP al PSOE

La popular Cuca Gamarra tenía en bandeja la réplica. Con ironía, ha deslizado que quizá no ha salido antes la norma porque la única multirreincidencia que preocupaba en Ferraz era la de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, investigados por corrupción, y la de los etarras a los que el Gobierno quería «en libertad» a cambio de «los votos» de Bildu. «¿A cuántos multirreincidentes se va a dar papeles con su regularización masiva?», ha añadido. Eso, la regularización, es otro guiño indirecto a Junts porque busca que Podemos desbloquee la prometida delegación de competencias de inmigración a Cataluña. Más mimos a Puigdemont.

Desde Vox, Juanjo Aizcorbe ha aseverado que la norma se acerca «tímidamente» a lo que su partido ha dicho durante años, pero que ignora que la problemática de la multirreincidencia en hurtos tiene «causas conocidas», que, según él, no son otras que «la inmigración descontrolada». «Mientras no se haga un control efectivo de las fronteras, la multirreincidencia seguirá existiendo. España no puede convertirse en el paraíso del delincuente habitual», ha sentenciado. Pero los discursos de la derecha, este jueves, no han sido los más dañinos para el PSOE, sino el que ha pronunciado el portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia, Enrique Santiago. Muy duro, se ha preguntado si lo sucedido hoy es «un experimento de gran coalición» entre PP, PSOE y Junts.

«Populismo punitivo»

«¿Por qué el acceso a la vivienda no genera un consenso como esta ley para meter en la cárcel a roba gallinas?», ha clamado, en una intervención muy aplaudida por su grupo, en la que, además, ha señalado a los socialistas por cerrar un acuerdo con quienes «abren la puerta al negacionismo de Vox», en alusión al PP, y con quienes «tumban el escudo social», en alusión a Junts por su rechazo a prohibir los desahucios a personas sin alternativa habitacional. «Los demócratas, en este caso socialistas, ni se mueven de sus escaños y recogen el rédito electoral, como hemos visto en Extremadura y Aragón. Si no hay acuerdo para derogar la ley ‘mordaza’, no debería haberlo para hacer populismo punitivo. Solo sirve para alimentar a la ultraderecha», ha advertido Santiago a la bancada socialista.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Bildu Jon Iñarritu, quien ha comenzado con una cita a un estudio del italiano Luigi Ferrajoli —«El aumento de penas es el recurso típico del populismo penal cuando el Estado fracasa en la prevención»— y se ha dirigido a la derecha separatista en catalán para avisar: «Amigos de Junts, esta ley no servirá ni para detener los hurtos ni para detener a Aliança Catalana».

Con la excepción del PSOE, los parlamentarios de izquierdas abogaban por políticas de inclusión y formación profesional frente a una derecha que sí apuesta por endurecer el Código Penal para impedir que los delincuentes hagan del hurto su forma de vida. «Entran por una puerta de la comisaría y salen por otra», han repetido varios diputados. Marta Madrenas, de Junts, estaba exultante: «Es una ley que pone orden y mejorará la seguridad y el bienestar de la gente». Pilar Vallugera, de ERC, lo duda, pero ha defendido la abstención, mientras Mikel Legarda, del PNV, la ha aplaudido porque la multirreincidencia, ha dicho, «sigue creciendo». Junts no ha tenido suficiente con el debate y Nogueras, rodeada de regidores de su partido, ha cantado victoria en el patio del Congreso: «Con esta ley, entrarán por una puerta, pero después no saldrán».

Aunque no superen los 400 euros

Hasta ahora, la acumulación de tres delitos leves de hurtos se penaba con seis a dieciocho meses de cárcel si el montante superaba los 400 euros. Ya no es necesario rebasar esa cuantía.

Móviles con datos personales

El hurto de dispositivos móviles se considerará grave, con penas de uno a tres años de cárcel, si contienen datos personales. No afectará, por tanto, a los sustraídos en tiendas o a los que aún estén sin estrenar.

También los delitos de estafa

Gracias a enmiendas pactadas con el PP en la fase de ponencia, los delitos de estafa se endurecen en un sentido idéntico a los de hurto. Un cambio legal que se hace pensando, sobre todo, en las personas mayores.

Persecución del ‘petaqueo’

La ley recoge por primera vez la persecución legal del ‘petaqueo’; la práctica que consiste en almacenar o transportar combustible para las lanchas que se dedican al narcotráfico.

La norma modifica el Código Penal para endurecer las penas en los delitos de hurtos. Hasta ahora, si se acumulaban tres delitos leves —inferiores a 400 euros—, se imponía pena de seis a dieciocho meses de cárcel siempre que el montante superase esa cantidad económica. Esta ley plantea que se castigue así aunque los tres hurtos leves no rebasen los 400 euros. Además, en el artículo 235, que contempla penas agravadas de uno a tres años de prisión, se modifica el apartado siete para que entren en esa categoría los culpables de tres delitos «menos graves o graves» y se añade un décimo para el robo de dispositivos móviles que contengan datos personales. También hay un endurecimiento idéntico para delitos de estafa y se persigue el denominado ‘petaqueo’; la práctica de almacenar o transportar combustible para lanchas dedicadas al narcotráfico. «No podemos olvidar a David y a Miguel Ángel», ha apuntado Gamarra a este último respecto, en recuerdo de los dos guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una narcolancha. Lo único que ha despertado consenso.