La reacción contra la plataforma Filmin tras el estreno del documental ‘Ícaro: la semana en llamas’ va mucho más allá de una simple polémica cultural. Es un síntoma preocupante de la deriva que se produce cuando la realidad resulta incómoda para algunos y se intenta … silenciar en lugar de debatir. Atacar una obra audiovisual no solo supone un golpe a la libertad de expresión, sino también un intento de borrar del relato público a quienes estuvieron en primera línea defendiendo el orden constitucional en algunos de los días más difíciles vividos en Cataluña.
Lo que estamos viendo no es una discusión legítima sobre el contenido de un documental, sino una estrategia de intimidación. Los actos de presión y vandalismo contra una plataforma cultural por difundir una obra revelan una voluntad clara de sustituir el debate por la coacción. Señalar a quien emite una historia incómoda y tratar de forzar su retirada es una forma de censura que no encaja en una sociedad democrática. Una actitud, la de la Plataforma Nosaltres Sols, que señalaron y vandalizaron la sede de Filmin, más similar a la noche de los cristales rotos del régimen nazi que auna sociedad moderna y democrática. Aquí no se cuestiona el derecho a discrepar o a criticar, que forma parte esencial del pluralismo. El problema aparece cuando se pretende que un contenido desaparezca por la presión organizada de quienes creen tener la potestad de decidir qué puede ver la ciudadanía. Esa actitud refleja una profunda intolerancia hacia cualquier relato que no encaje con determinadas narrativas políticas o ideológicas.
Durante la semana de disturbios posteriores a la sentencia del procés, miles de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) fueron desplegados en condiciones extremas.
Se enfrentaron a violencia organizada, emboscadas, lanzamiento de objetos contundentes y artefactos incendiarios, todo ello en un clima de fuerte hostilidad social. Actuaron cumpliendo órdenes judiciales, protegiendo infraestructuras críticas y garantizando derechos fundamentales, también de quienes les insultaban o agredían.
El documental pone imágenes y testimonios a una realidad que durante años algunos han intentado minimizar: la violencia callejera fue grave y sostenida, y tuvo como objetivo directo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Que esa parte de la historia incomode no justifica campañas de boicot o acoso contra una plataforma por emitir una obra que muestra hechos contrastables.
La cultura no puede convertirse en un espacio sometido al veto ideológico. Defender que una obra pueda verse, analizarse y discutirse es defender una sociedad madura.
Pretender que desaparezca lo que no gusta es propio de dinámicas autoritarias que temen la pluralidad de miradas. Sin embargo, también es necesario señalar que ningún documental afronta por completo la realidad. Desde JUPOL no podemos dejar de mencionar una ausencia que pesa sobre muchos agentes: la sensación de abandono institucional tras aquellos días.
El documental, autorizado por la Jefatura de la UIP, se ciñe a unos márgenes concretos y deja fuera una parte dolorosa de la experiencia de muchos policías. Mientras en las calles ardían contenedores y volaban adoquines, los agentes cumplían con su deber. Pero al regresar a sus destinos, no pocos se encontraron con expedientes, con escaso respaldo jurídico, con atención psicológica insuficiente y con un silencio institucional que contrastaba con la rapidez con la que se asumían otros relatos. Algunos fueron señalados públicamente y soportaron una fuerte presión mediática sin una defensa firme por parte de sus responsables.
Esa es otra dimensión que también merece ser conocida: la de quienes no solo afrontaron la violencia en la calle, sino también la soledad después. La de agentes que arrastran secuelas físicas y emocionales mientras observan cómo los hechos se simplifican o se reescriben. La de familias que vivieron con angustia cada noche de disturbios y que luego percibieron un reconocimiento institucional insuficiente.
Más allá de la polémica concreta, este episodio debería servir para abrir un debate más honesto sobre tres cuestiones fundamentales: el derecho de la sociedad a conocer lo que realmente ocurrió, la defensa de la libertad de creación y la deuda que el Estado mantiene con quienes garantizan el orden democrático en situaciones críticas.
Porque mientras algunos se escandalizan por la existencia de un documental, hay agentes y familias que siguen conviviendo con las consecuencias reales de aquellos días. Varios policías resultaron gravemente heridos, hasta el punto de tener que abandonar su carrera profesional. Son historias personales marcadas para siempre, una dimensión humana que a menudo queda fuera del foco público.
Defender que este documental pueda verse no es imponer un relato único, sino proteger la libertad de que existan distintos relatos. La sociedad tiene derecho a escuchar también la voz de quienes vistieron el uniforme y actuaron conforme a la ley.
Lo verdaderamente peligroso para la democracia no es una película, sino la idea de que la fuerza o la intimidación pueden decidir qué verdades pueden contarse. España necesita memoria completa, no selectiva. Necesita instituciones que respalden sin ambigüedades a sus policías cuando actúan dentro de la legalidad. Y necesita una ciudadanía que entienda que la violencia nunca se justifica, pero la censura tampoco.
Callar lo que ocurrió no lo hará desaparecer. Solo debilita nuestra democracia.
SOBRE EL AUTOR
Aarón Rivero