Miles de familiares de presos políticos en Venezuela viven con incertidumbre mientras se debate en la Asamblea Nacional una ley de amnistía que, según sectores del oficialismo, abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, pero que activistas y ONG ven con preocupación ante un texto que, por el momento, excluye a decenas de reos y obliga a los beneficiarios a reconocer hechos que niegan haber cometido.
Los diputados han aprobado esta semana por unanimidad y en segunda lectura hasta seis artículos de la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, si bien se estancaron en el séptimo debido a fuertes discrepancias entre el oficialismo y la oposición ante la posibilidad de que los beneficiarios se tengan que poner «a derecho», es decir, a disposición de las autoridades pertinentes.
Esto implica, a efectos prácticos, que aquellas personas que se exiliaron por la persecución deban volver al país y se personen ante la Justicia para reconocer estos presuntos delitos. Se espera que la discusión de la ley avance en el Parlamento el próximo martes 17 de febrero, si bien para las ONG este artículo representa una desvirtuación del significado mismo de amnistía.